Para no disparar tiros al aire

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Ilustración: Osval

Si no se actúa sobre las condicionantes que generan los actos corruptos, el enfrentamiento no dejará ser discurso retórico

La corrupción administrativa parece un lobo al acecho que, al menor descuido, se lleva su tajada, no a la boca; sino al bolsillo de determinados directivos y funcionarios.

No vivimos en otras latitudes donde el desfalco está a la orden del día; sin embargo, los 11 casos registrados por la Contraloría Provincial el pasado año en Sancti Spíritus dicen y redicen que este fenómeno es un cáncer difícil de extirpar.

¿En qué organismos ocurrieron hechos de corrupción? En la lista aparecen entidades subordinadas al Consejo de la Administración Provincial, la Agricultura, Comercio Interior, Industria Alimentaria, Comunicaciones, Empresa Azucarera, Recursos Hidráulicos, Transporte y Banco Popular de Ahorro.

Entre los casos merece líneas aparte el detectado en la Unidad Empresarial de Base (UEB) Matadero Víctor Ibarra, donde dos compradores autorizados por el director de entonces, al realizar las compras de ganado a privados, adulteraban las clases, categorías y precios de los vacunos para favorecer a terceros y obtener beneficios personales.

A la par de ello, el directivo principal del Matadero se apropió de materiales de la construcción, los cuales estaban destinados para la reparación del centro. Final de la historia: más de 1 524 600 pesos de afectación económica.

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Las afectaciones debido a las manifestaciones de corrupción y los delitos económicos son notorias.

Una evidencia del ascenso gradual del enfrentamiento desde lo interno a las manifestaciones corruptas lo constituye el ejemplo detectado en la UEB Quemaditos, de la Empresa Pecuaria Managuaco, donde se detectaron pagos indebidos ascendentes a 718 227 pesos por supuestas labores de desmonte y fumigación de hectáreas.

Si no se miran con lupa las causas que sirven de abono a estos casos y, más que ello, si no se actúa sobre dichas condicionantes, el enfrentamiento a la corrupción administrativa se vuelve discurso retórico y disparos de tiros al aire.

Con pelos y señales, la Contraloría Provincial ha reiterado de informe a informe los factores esenciales que sirven de caldo de cultivo para las expresiones corruptas en ciertas entidades e instituciones espirituanas.

A la hora del análisis no deben soslayarse el deterioro de valores éticos que genera actuaciones deshonestas en cuadros y funcionarios, la falta de supervisión y control, así como la deshonestidad de los implicados que se escudan en sus funciones para alcanzar beneficios personales a costilla de los recursos del Estado. Las carencias económicas y las necesidades insatisfechas no justifican desfalco alguno.

Pongamos asterisco, igualmente, a la ausencia de conciliación entre los departamentos de las entidades y a las insuficiencias en la definición y separación de tareas y responsabilidades, que afectan la interrelación entre las áreas y niveles de dirección.

No por ser la última causa que esbocemos resulta menos relevante la inexistencia de un verdadero ambiente de control, en menoscabo de la Resolución No. 60, suscrita por la Contraloría General de la República, una especie de abecé para que el control interno devenga muro de contención contra todo lo que huela a ilegalidad, delito y actos corruptos en las empresas, unidades presupuestadas y otras organizaciones.

Más de una vez he escuchado el criterio de que se constatan avances en el control interno en Sancti Spíritus. No lo niego. Sin embargo, un dato manejado en el más reciente análisis del sistema de Auditoría en el territorio nos debiera mantener con los ojos muy abiertos: 24 entidades —durante el 2017— recibieron la evaluación de Deficiente o Mal, cifra equivalente al 20 por ciento de las acciones de control calificadas.

A raíz de ello, en el plano administrativo fueron aplicadas 165 medidas disciplinarias a directivos, ejecutivos y trabajadores. En el orden judicial, se dio curso a los procesos penales en los casos necesarios.

Para que no se recicle la impunidad, las sanciones deben aplicarse con rigor y sin extremismos. No obstante, siempre deberá apostarse por la prevención como la mejor carta para encarar los delitos económicos y la corrupción, que permanecen como lobos al acecho.

2 comentarios

  1. habría que revisar además otras entidades que informan a sus trabajadores que no van a cobrar mes trabajado porque no hay dinero, ¿realmente es dinero lo que falta?, ¿cómo es posible que un obrero al finalizar la quincena no pueda recibir por concepto de salario lo que devengó? esta situación es frecuente y no es nueva, en la UBPC Tuinucú. Deudas que se contraen con otros organismos no se pagan en término y la solución es dejar a los trabajadores sin salario. Sería conveniente que los responsables de resolver estas y otras situaciones se ocupen verdaderamente de lo IMPORTANTE. La administración debería revisarse desde lo autocrítico, escuchar a sus trabajadores y centrarse en sus mecanismos de control y prevención; pues podría estar disparando “tiros al aire”

  2. Manuel Eduardo Polanco Pérez

    11 casos no es nada, esta cifra deja mucho que decir de el trabajo de contraloría. Dediquen un periódo de inspección a los organismos en Trinidad, escójanlo, si se trabaja con profundidad y entrevistan al pueblo me parece que este municipio supera en unas cuantas veces esa cifra.

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