Venezuela presenta a EE.UU. pruebas de intento de magnicidio

Las autoridades venezolanas solicitaron formalmente la colaboración del gobierno estadounidense para la extradición de los implicados en el atentado contra el mandatario

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Jorge Arreaza, canciller de Venezuela, señaló que James Story, expresó su preocupación por los hechos y la voluntad del gobierno estadounidense de cooperar. (Foto: AVI)

El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, y el fiscal general, Tarek William Saab, presentaron este ocho de agosto al encargado de negocios de Estados Unidos, James Story, pruebas del intento de magnicidio perpetrado contra el presidente Nicolás Maduro. 

Durante el encuentro, las autoridades venezolanas solicitaron formalmente la colaboración del gobierno estadounidense para la extradición de los implicados en el atentado contra el mandatario y el alto mando político-militar de la nación sudamericana.

‘Con el objetivo de compartir las pruebas que señalan a los financistas del intento de magnicidio, radicados en el estado de Florida y solicitar su extradición, se entregó un informe preliminar al encargado de negocios estadounidense’, precisó Arreaza, citado en la cuenta en Twitter de la cancillería.

‘Confiamos en que el gobierno de Estados Unidos coopere con Venezuela en la lucha contra el terrorismo’, comentó el jefe de la diplomacia venezolana, según la fuente.

Por su parte, Saab hizo referencia a los hechos ocurridos el pasado 4 de agosto en la avenida Bolívar, de Caracas, con énfasis en el caso de Osman Delgado Tabosky, señalado como financista del grupo terrorista y radicado en territorio norteamericano.

Arreaza señaló que Story expresó su preocupación por los hechos y la voluntad del gobierno estadounidense de cooperar.

Venezuela tiene acuerdos de colaboración vigentes con Washington que amparan la solicitud de extradición de Tabosky, quien desde la ciudad de Miami dirigió la planificación y ejecución del ataque con drones cargados de explosivos contra Maduro, recordó Arreaza.

El canciller venezolano reiteró la demanda del gobierno bolivariano a los países en cuyos territorios se gestó el plan de magnicidio, de cooperar en los casos de las personas involucradas.

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