Persecución implacable o la caza del envío de petróleo a Cuba

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Persecución implacable. Distante de la trama de esa película británica, el gobierno de Estados Unidos rueda una nueva versión con una historia real, protagonizada por el mismísimo mandatario Donald Trump, el vicepresidente Mike Pence y el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin.
Este “filme” carece de todo suspenso, y los cubanos conocemos al dedillo el desenlace: como ha sucedido en estos casi 60 años, los “artistas” del norte volverán a quedarse colgados de la brocha en sus intenciones de arrancarle concesiones a la Revolución.

Lo que le obsesiona ahora a la administración estadounidense es cortarle el envío de petróleo a la Mayor de las Antillas, en un acto de piratería económica que ha llegado al extremo: el pronunciamiento del senador Rick Scott a favor de un bloqueo naval a Cuba, por cuanto los castigos impuestos por la Casa Blanca para impedir el flujo de crudo de Venezuela “no están funcionando”, arguyó en un comunicado el exgobernador de Florida.

Scott se refería a las medidas anunciadas en abril, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro incluyó en su lista de sancionados 34 buques, propiedad u operados por la petrolera PDVSA, y dos compañías foráneas, las cuales, según Washington, prestan servicio a Caracas para el traslado de crudo a Cuba.

En particular, se trataba de la dueña del barco Despina Andrianna, la Ballito Bay Shipping Incorporated, con sede en Liberia, y su operador ProPer In Management Incorporated, radicado en la ciudad de El Pireo, Grecia. El argumento esgrimido por Washington para justificar la medida era que el Despina Andrianna había enviado crudo desde Venezuela a Cuba durante febrero y marzo del 2019, a pesar de sus advertencias, equivalentes a que las compañías no se echaran ellas mismas la soga al cuello.

De hecho, desoír al Departamento del Tesoro implica la congelación de los activos de esas entidades en Estados Unidos y la prohibición para recurrir al sistema financiero de ese país o realizar negociaciones con compañías de este. Solo quien se estima Dios en la tierra puede imponer sanciones de tal naturaleza, marcadas por la extraterritorialidad y la injerencia, que entierran hasta el subsuelo el Derecho internacional y la soberanía de las naciones.

Se torna obvio el propósito disuasivo de estas sanciones del Departamento del Tesoro para las empresas de transporte de petróleo, por cuanto en algún momento trasladarían crudo a puertos y refinerías norteamericanas y estarían vetadas.

Pero las sanciones no quedaron ahí, tal como refirió MisiónVerdad.com. El 12 de abril, Estados Unidos castigó a cuatro compañías con sedes en Liberia e Italia y a nueve barcos cargueros de petróleo con banderas de Italia, Malta, Grecia y Panamá. En mayo la OFAC sancionó a otras dos empresas navieras: la Monsoon Navigation Corporation y Serenity Maritime Limited. La primera de esas entidades, radicada en Islas Marshall, es la dueña del buque Ocean Elegance, que entregó crudo desde Venezuela a Cuba desde fines del 2018 hasta marzo de 2019, y la segunda, con sede en Liberia, administra el Leon Dias, también empleado para tales fines.

Como era previsible, el comunicado suscrito por la OFAC no solo informaba la penalización impuesta, sino que advertía con su omnipotencia congénita: “en adelante todos los bienes e intereses propiedad de las empresas sancionadas, y de cualquier otra que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más de las mismas, que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses quedan bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC”.

La persecución tuvo otro capítulo en julio, cuando EE. UU. penalizó a Cubametales, la empresa de la isla de importación y exportación de petróleo, por su apoyo al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, según anunció el Departamento del Tesoro.

Al propio tiempo, la administración estadounidense retiró de la lista negra del Tesoro a la naviera PB Tankers, asentada en Italia, sancionada en abril por operar en el sector petrolero venezolano. Esa decisión no salió de la nada; premiaba a la entidad por rescindir el contrato de su tanquero Silver Point con Cubametales para transportar combustible entre la isla caribeña y la nación sudamericana. Al decir de Steven T. Mnuchin devenía “recordatorio de que los cambios positivos de comportamiento pueden resultar en el levantamiento de las sanciones”. Algo así como si te portas bien, te doy el caramelo.

Insatisfecho aún, el Departamento del Tesoro volvió a la cacería este 24 de septiembre y llevó a la lista negra de los llamados Nacionales Designados Especialmente, de OFAC, cuatro entidades encargadas del transporte de petróleo de Venezuela a Cuba: tres registradas en Panamá y una con sede en Chipre; además, incluyó a cuatro tanqueros de bandera panameña. A los sancionados les leyeron la misma cartilla de prohibiciones y a dos entidades y dos embarcaciones les levantaron las sanciones. O sea, les dieron de nuevo el caramelo.

Como un disco rayado, Mnuchin ha repetido sus parlamentos en uno u otro set: que los benefactores cubanos proporcionan un salvavidas al régimen de Maduro y habilitan su aparato represivo de seguridad e inteligencia; que el crudo de Venezuela no debe usarse como una herramienta de negociación para apuntalar a los dictadores y prolongar la usurpación de la democracia en ese país.

Las autoridades cubanas han denunciado la escalada de acusaciones y calumnias sobre la naturaleza de los vínculos La Habana-Caracas, y han reiterado que no existen tropas de la isla en Venezuela y sí la presencia de miles de colaboradores en varios sectores, legitimada por el Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela, firmado por Fidel Castro y Hugo Chávez en el 2000. A la luz de ese tratado, el país bolivariano brinda garantías a la isla en el suministro de combustible —antes importado por esta desde sitios más alejados—, a cambio de la prestación de servicios en ramas claves para el desarrollo socioeconómico de la hermana nación.

Al amparo de dicho convenio surgió la misión Barrio Adentro en el 2003, que ha salvado la vida de 1 779 015 venezolanos y ha facilitado millones de intervenciones quirúrgicas, de consultas y exámenes médicos a pacientes en la tierra bolivariana.

Sembrar miedo e incertidumbre en los países y compañías que comercian o se relacionan con la República Bolivariana y Cuba es pretensión del gobierno de los EE. UU. y la ultraderecha miamense, liderada por el senador Marco Rubio, quien en julio llegó al colmo de advertir al gobierno de Trinidad y Tobago de que no vendiera gas licuado a Cuba.

¿Cómo calificar la actitud de aquel vocero de la Casa Blanca de publicar el mapa con el movimiento en tiempo real de los tanqueros, acusando a nuestros países de violar sus medidas? Estoy por creer que Trump y su séquito padecen de delirium tremens. Ven tropas cubanas en lugar de médicos. Piensan que Cuba cederá; tampoco ven cómo sobrevivimos en la actual contingencia energética. Alucinan.