Policía en Sancti Spíritus: Nosotros somos el pueblo (+fotos)

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No solo la noche le enfilaba los ojos a aquella mujer, que gesticulaba sin cesar en las cercanías del parque Serafín Sánchez, de Sancti Spíritus. Un agente del orden público le seguía cada paso desde la distancia. El tufo a alcohol se olía a 100 metros a la redonda. El policía volvió a echar un vistazo al reloj: era la una y treinta de la madrugada del 24 de abril; al cierre del día anterior, Cuba había reportado 50 nuevos casos positivos a la COVID-19, seis fallecidos por esa causa y 3 393 pacientes hospitalizados con el SARS-CoV-2.

—¿Qué hace usted en la calle a esta hora?

—¡Hip! Miraaaa, yoooo. ¡Hip!

Esposa a las manos. No le quedaba de otra al agente, que condujo a la infractora, primero, al Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos; luego, a la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR). Durante el trayecto, las calumnias casi despiertan al vecindario: “Ustedes, los policías, son unos borrachos, unos corruptos…”.

La acusada tragaría en seco al conocer la sentencia dictada por el Tribunal Municipal Popular de Sancti Spíritus en la causa 70/2020: un año de privación de libertad por el delito de desacato. Al momento de los hechos, la enjuiciada se encontraba pendiente a cumplir una sanción de dos años de trabajo correccional con internamiento. Este constituiría uno de los 46 procesos penales seguidos en la provincia hasta el cierre de junio —en las estadísticas de la PNR— durante el enfrentamiento al coronavirus.

CAMPAÑA DE DESCRÉDITO EN SU PUNTO

A pocas jornadas de que Cuba registrara los primeros infectados con el SARS-CoV-2 el 11 de marzo pasado (tres turistas italianos alojados en un hostal trinitario), comenzó el reforzamiento de los sistemas de vigilancia en pueblos y ciudades con la interacción de las fuerzas del Ministerio del Interior (Minint) y el de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), por indicaciones de la máxima dirección del país.

Casi a la par, empezó a articularse una campaña de manipulación mediática con el fin de desacreditar la imagen de la PNR; aunque desde antes la menor acción negativa ejecutada por agentes policiales cubanos, captada por celulares, era subida a las redes sociales para convertirla en comidilla, sobre todo entre quienes solo tienen visión para nuestros lunares.

Desde mediados de marzo, Cuba vive un momento inédito: el enfrentamiento a la crisis sanitaria generada por la COVID-19, cuya estrategia comprendió la presencia de las fuerzas del Minint y de las FAR para garantizar el orden y apoyar en la organización de las colas en los establecimientos comerciales y en las calles, en general, para velar por el cumplimiento de las medidas dictadas por el Gobierno como la no circulación de la ciudadanía en determinadas horas del día, el empleo obligatorio del nasobuco, el distanciamiento físico y el distanciamiento social.

Obviamente, contra los violadores de las decisiones aprobadas ha recaído el peso de lo dispuesto y, enseguida, como bola de nieve, en las redes sociales suelen difundirse historias, ficticias o no, en torno a expresiones de abuso de autoridad y multas aplicadas, dirigidas a predisponer al pueblo hacia la PNR y, más que ello, sembrar aversión hacia esta.

A despecho de esas aviesas intenciones, en el período de enfrentamiento a la COVID-19 disminuyeron significativamente las quejas de la ciudadanía acerca del actuar de ese órgano del Minint en Sancti Spíritus, gracias a la preparación para el servicio de las fuerzas y del accionar de los jefes, en opinión del coronel Jorge Luis Tejera Luna, al frente de la PNR en la provincia.

“Nuestro ministerio cuenta con el Órgano de Atención a la Ciudadanía, que tiene un jefe e investigadores —añade Tejera Luna—. Cuando hay un exceso como, por ejemplo, maltrato físico, se da cuenta a la Fiscalía Militar automáticamente, que toma la decisión final. Ningún hecho de este tipo queda impune”, asegura finalmente.

Los policías son seres humanos. Durante el enfrentamiento a la COVID-19 ahí, en plena calle, ¿cuántas veces usted tuvo que contar hasta 10?, preguntaEscambrayal teniente Albin José Bermúdez Clemente, jefe de grupo en la Unidad Provincial de Vigilancia y Patrullaje.

“Sucedió, pero en pocas ocasiones —apunta—. Siempre hay personas que intentan llevarte al límite, y para no caer en ese vacío, vale mucho la experiencia en el trabajo”.

DENUNCIA POPULAR

Día y noche, los espirituanos han marcado el número telefónico 106. Al término de junio, las llamadas a este servicio policial se incrementaron exponencialmente al sumar 1 440, de ellas 580 relacionadas con violaciones del aislamiento social (aglomeración de personas, realización de fiestas, juegos de niños y jóvenes en la vía), alteración del orden público y posibles comisiones de delitos, entre otros asuntos.

En la lista de las denuncias se encuentra la del desvío de carne (se ocuparon 1 027.88 libras), lo cual involucró a más de 30 ciudadanos en la Unidad Empresarial de Base Sacrificio de Cerdos, de la Empresa Cárnica, por los supuestos delitos de malversación, apropiación indebida, hurto, receptación, incumplimiento del deber de preservar los bienes del Estado y actividad económica ilícita.

Gracias a la alerta de la población, fuerzas del Minint desarticularon una fábrica ilegal de ron en el Consejo Popular de Colón, en la ciudad de Sancti Spíritus, y otra dedicada a la elaboración de jamón y chorizo, en Jatibonico, acciones que derivaron en causas judiciales radicadas por el presumible delito de actividad económica ilícita.

Se ha escuchado la voz de quienes no lucran ni parasitan a costa del Estado y confían en la profesionalidad de la PNR; precisamente, la ciudadanía, mediante el 106, contribuyó a identificar la mayoría de los 89 coleros registrados en el territorio.

COLAS EN LA MIRA

El teniente Novis Ruiz Pérez puede recorrer el Consejo Popular de Colón con los ojos vendados. Desde hace unos dos años se desempeña como jefe de sector en esa área, donde las colas para acceder a productos indispensables no amainan en la llamada Fonda de los chinos, en el punto de venta del servicentro de Cimex…

“El trabajo en apoyo a la organización de las colas ha sido fuerte —expone Ruiz Pérez—. Hemos sido exigentes en cuanto a lograr el distanciamiento físico y a mantener la disciplina social y el respeto a la legalidad”.

Con el olfato adiestrado para descubrir todo cuanto se pasa de la raya de lo legal, el teniente Novis Ruiz habla del enfrentamiento a aquellos moradores de viviendas, quienes, aprovechándose de la cercanía de estas a las unidades comerciales y de las necesidades de las personas, cobraban a 50 pesos la estancia por una noche a cada ciudadano, y así este garantizaba la presencia temprana y, por tanto, turno para adquirir las mercancías que se pondrían en venta al día siguiente.

A este hombre de 50 años no le tembló el pulso a la hora de frustrar esas y otras ilegalidades, firmeza heredada del padre, combatiente de la Lucha Contra Bandidos. Pero tamaña empresa no es resultado de la acción individual, como reflexiona Ruiz Pérez, quien resalta el desempeño de los otros jefes de sector de la barriada de Colón, de las fuerzas activadas por las FAR y del propio Minint, incluidos los cadetes espirituanos delInstituto Superior General de Brigada Luis Felipe Denis Díaz, de Villa Clara. 

Para la cadete Jennifer Medina Cepeda, velar por el orden y la disciplina social en torno a las colas ha sido otra escuela por lo que representa el contacto directo con la población. “Hay personas que se nos han acercado y nos han dicho que a las nueve no solo aplauden por los trabajadores de la salud; sino, también, por nosotros”.

Sin embargo, durante su permanencia en el punto comercial localizado en el servicentro de Garaita, en la ciudad cabecera, ha enfrentado más de una vez, junto al resto de los agentes del orden público, la indisciplina social provocada casi siempre por los coleros.

Por similares circunstancias transitó el cadete José Javier Díaz Abal, lo mismo en el servicentro del Chambelón que en el mercado Zona +, y en cada lugar ha apelado, enfatiza, a las herramientas que le aportó el estudio de la Psicología en la carrera. “Para que una persona entre en razón, debemos tratarla con respeto”, puntualiza.

Con ese criterio coincide el también cadete Anibal Quintero Riverón, futuro instructor penal, quien reconoce la importancia de la preparación para el servicio que reciben antes de emprender la misión del día, orientada por la jefatura de la PNR.

Este órgano desarticuló 36 casas/almacenes relacionadas con artículos de primera necesidad (de aseo, aceite y otros alimentos) y veló, asimismo, por la protección de los recursos económicos estatales, entre otras funciones.

AQUÍ, ALLÁ Y ACULLÁ

La cobertura policial de servicios especiales —muestras de PCR en tiempo real enviadas a laboratorios de otras provincias, de viajeros procedentes del exterior hacia los centros de aislamiento—, y la presencia en 21 de estas instalaciones, así como en los puntos de desinfección constituyen también posiciones asumidas por la PNR en el territorio.

Otra de esas misiones resultó velar por el orden social y la seguridad en las áreas declaradas en cuarentena en Taguasco y Cabaiguán; municipio este donde laboró el primer suboficial Norbelys Díaz Mervilles. “Al principio, tuvimos que hacer mucho uso de la multa —recuerda—, porque había personas que no tenían percepción de riesgo en relación con el coronavirus. No empleaban correctamente el nasobuco o no lo llevaban, se encontraban en la calle después de las siete de la noche, violaban el aislamiento social”.

Por estas irregularidades, la Policía a nivel provincial aplicó 25 255 multas, el 51 por ciento de estas al amparo del Decreto-Ley No. 141. En sentido general, se radicaron 760 denuncias; la mayoría de estas por propagación de epidemia (293) y por especulación, acaparamiento, receptación y actividad económica ilícita (214). Las restantes se establecieron por manifestaciones de desobediencia, incremento de precios, apropiación indebida y malversación.

Del total de denuncias, a 534 se les dio tratamiento administrativo  (multas entre 1 000 y 3 000 pesos) y 46 derivaron en procesos penales por los delitos de propagación de epidemia, desobediencia, receptación y actividad económica ilícita; cuyos acusados resultaron sancionados a condenas de privación de libertad y a trabajo correccional con o sin internamiento y multas.

“Posiblemente, esta sea la única Policía en el mundo que esté trabajando junto a Salud Pública como nosotros lo estamos haciendo —comenta el primer suboficial Díaz Mervilles, tripulante de un carro patrullero—. ¿Cuántos contagios hemos evitado con nuestro actuar?, ¿cuántas vidas hemos salvado?”.

En función de ello, en los meses de mayor tensión generada por la COVID-19, Norbelys Díaz se levantaba a las cinco de la mañana para coger botella y, a través de la Autopista Nacional, llegar a tiempo a Cabaiguán, que tuvo tres áreas urbanas en cuarentena.

Hay quienes colocan un abismo entre la Policía y el pueblo.

 “Soy un ciudadano más, que vive en Jatibonico. ¿Qué hace la diferencia? La misión que tengo que cumplir. Nada me impide que me relacione con las personas del barrio, del resto del país. Si hay fiesta, compartimos; si hay juego de dominó, jugamos. Nosotros somos el pueblo, digan lo que digan”.