¡Nos están matando!, el grito de Colombia

Cali, la tercera ciudad más importante de Colombia, después de Medellín y Bogotá, es el foco de atención de los medios en los últimos días por las impactantes imágenes de violencia, represión policial y desmanes. Sin embargo, tal escenario no es privativo de las últimas jornadas. Cali arde desde mucho antes.

La reforma tributaria del gobierno de Iván Duque, lanzada y retirada durante la pandemia, solo lo hizo explotar. La capital del Valle de Cauca, ubicada entre las regiones Andina y Pacífico, es considerada como “la ciudad de los desplazados”.

En esa etiqueta se evidencia el saldo más doloroso de la violencia armada, que persiste a pesar de haberse firmado la paz con la guerrilla más antigua de la región, y que se traduce en un conflicto latente de desigualdad económica y estigmatización social, agravada por la herencia del narcotráfico.

De ahí que en ese contexto se han desarrollado las protestas de la última semana. Hasta el momento, las autoridades han confirmado al menos 19 muertos, cientos de heridos y más de 80 desaparecidos, mientas Cali se mantiene militarizada.

Las imágenes de violencia, ampliamente difundidas en redes sociales, dan cuenta del uso de armas de fuego por parte de las autoridades y de civiles, así como el bloqueo a vías de acceso a la ciudad, el desabasto en comercios, la destrucción de mobiliario público, vandalismo y una indignación que empieza a rebasar la coyuntura para poner el dedo en una herida más profunda.

¿POR QUÉ CALI?

La nueva ola de protestas se inició en toda Colombia desde el 28 de abril. Sin embargo, un tuit del expresidente Álvaro Uribe llamando a respaldar el uso de armas de fuego contra los manifestantes levantó la indignación a tal punto que Twitter tuvo que eliminarlo.

Para Uribe, jefe político del presidente Iván Duque, los policías y soldados debían usar su armamento para “defender a la población” de la “acción criminal del terrorismo vandálico”, en un discurso que además se volcó a criminalizar las protestas.

Un día después, el propio ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que detrás de las manifestaciones estaban factores del narcotráfico, así como las disidencias de las FARC y el ELN, una versión que fue respaldada este miércoles por la fiscalía.

Aunque el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa Delgado, prometió investigar “todas las agresiones” perpetradas por la fuerza pública contra los manifestantes, insistió en que también se pondría la lupa en las acciones contra la policía y los militares, destacando que el derecho legítimo a la protesta tiene “un límite” y no será “permeado por la delincuencia organizada”.

Del lado de los manifestantes, sin embargo, la situación es otra. Con llamados de “paren esta masacre” y “nos están matando”, las personas que han tomado las calles para expresar su repudio a la gestión de Duque y que han padecido la represión, no cesan de mostrar en redes sociales la acción desproporcionada de agentes que disparan armas de fuego contra multitudes, detienen arbitrariamente a la población, y arremeten contra las poblaciones más desfavorecidas de Cali, como Siloé y La Luna.

Según el reporte más reciente del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), unas 6,3 millones de personas se sumaron a las filas de la pobreza en Colombia durante 2020. En el conteo de las ciudades, Cali está en el segundo puesto, después de Bogotá, con mayor número de pobres.

Esos datos, que reflejan el impacto de la pandemia en el país, tienen especial significado en Cali, donde buena parte de la población de los estratos populares vive del trabajo informal, se ha visto más afectada por las cuarentenas, reclama atención del Estado y rechaza un proyecto tributario, como el de Duque, que pretendía imponer mayores tributos al consumo.

Por su parte, la identificación de la capital del Valle de Cauca como una ciudad que recibe a desplazados de las zonas de conflicto, agrega una carga mayor a la situación, pues estas personas no solo son víctimas económicas de la pandemia, sino también de la violencia en sus territorios, del narcotráfico y la precariedad.

La ubicación geográfica de Cali entre zonas como el Chocó, el Cauca y el Valle de Cauca, donde el narcotráfico, el paramilitarismo y los grupos armados tienen el control ante la ausencia del Estado— desde mucho antes de las protestas—, la hacen especialmente vulnerable a flagelos como el tráfico de armas, un asunto que varios analistas han apuntado como la razón de que la situación haya escalado con mayor violencia y, hasta el momento, parezca difícil de controlar.

(Con información de Russia Today)