Reforma judicial en Cuba busca reforzar los derechos de las personas

La aprobación reciente de leyes que transforman el sistema judicial y procesal en Cuba permitirá reforzar los mecanismos para hacer valer los derechos de las personas, afirmó este lunes Rubén Remigio, presidente del Tribunal Supremo Popular.

En conferencia de prensa, el jurista significó que las nuevas normativas están relacionadas con el amplio desarrollo de las garantías ciudadanas recogidas en la Carta Magna, y colocan a la nación caribeña dentro de los países con legislaciones más avanzadas.

Se trata de la Ley de Tribunales de Justicia, la de Proceso Penal, una de Proceso Administrativo – novedad en la plataforma de regulaciones de la isla- y el Código de Procesos, aprobados en la pasada sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Remigio destacó que para Cuba están vigentes 44 tratados internacionales y otro sinnúmero de instrumentos sobre derechos humanos en materia judicial.

A juicio del profesor Yuri Pérez, miembros de la Sociedad Cubana de Derecho Constitucional y Administrativo de la Unión Nacional de Juristas (UNJ) es alto el contenido axiológico de la Constitución de la República en la mayor de las Antillas, de la cual resaltó el artículo 40 “pues establece a la dignidad como fundamento y soporte de todas las garantías de los ciudadanos”.

Mayda Goite, presidenta de la Sociedad Cubana de Ciencias Penales de la UNJ, hizo énfasis por su parte en los elementos novedosos dentro de la transformación penal, en vigor a partir del 1ro de enero del próximo año.

Entre ellos, reconoció la protección no solo a las personas acusadas, si no a todas aquellas enroladas en un proceso penal; el importante papel otorgado a las víctimas, y el amparo a los individuos en algún grado de vulnerabilidad.

Se ha incluido lo que denominamos medida cautelar, la cual permite el alejamiento del agresor mientras discurre el proceso, afirmó la también profesora titular.

La nueva normativa brinda la posibilidad desde el inicio de un caso de tener un abogado y también reconoce un tratamiento especial para los jóvenes entre 16 y 18 años, quienes en todo momento podrán acompañarse de sus padres y un representante legal, a la vez que existirán instituciones para brindarle tratamiento informativo a estos individuos.

El derecho penal -dijo la especialista- si bien tiene la responsabilidad de impartir justicia ante un delito, en Cuba debe cumplir con un grupo de parámetros, y las penas no pueden ser crueles o inhumanas, ni podemos someter a nadie a amenazas, coacción o desapariciones forzadas.

Para el profesor Juan Mendoza, presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Procesal de la UNJC y Premio Nacional de Derecho, la reforma judicial en la nación caribeña constituye un “tsunami” en materia de protección de los ciudadanos, pues “no hay un solo segmento de la vida de las personas que no tenga un respaldo ante los tribunales”.

Mendoza reconoció la importancia de la Ley de Proceso Administrativo, la cual responde a un viejo anhelo de los ciudadanos y es el respaldo por los tribunales ante cualquier decisión de ese carácter que pueda afectarlos.

Con los beneficios de las nuevas legislaciones al ámbito familiar, mercantil y laboral se completa el catálogo general de derechos humanos en nuestro país, admitió el especialista.