La ONU toma cartas en le proceso de los Cinco

La nueva intervención de una instancia de la ONU en el caso de los Cinco significa un apoyo muy importante en los esfuerzos internacionales por lograr la libertad de Gerardo, Antonio, Ramón, Fernando y René.

Sin duda que la nueva intervención de una instancia de la ONU en el caso de los Cinco significa un apoyo más -y sumamente importante- en los esfuerzos internacionales por lograr la libertad de Gerardo, Antonio, Ramón, Fernando y René, presos aún los cuatro primeros y retenido el último en los Estados Unidos por luchar contra el terrorismo.

Gabriela Knaul, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados, presentó a finales de junio un documento a las autoridades estadounidenses, en el cual les expresa la preocupación por anomalías en el proceso seguido a los Cinco cubanos detenidos por el FBI el 12 de septiembre de 1998, acusados de conspiración para cometer espionaje, y que fueran sentenciados a injustas condenas en juicio efectuado en el 2001.

Esta es la cuarta “intervención” del organismo mundial en este asunto, después que el Grupo especial de la ONU sobre detenciones arbitrarias solicitó en el 2005 al Gobierno de los Estados Unidos resolver el caso teniendo en cuenta las muchas irregularidades cometidas desde su comienzo.

Ya la propia relatoría especial de jueces y abogados, que ahora encabeza Knaul, se dirigió a Washington en el 2005 y el 2008 para interesarse por el caso ante denuncias de violaciones de diferente tipo, y obtuvo por respuesta en el 2009 que las autoridades habían entregado “todo el material disponible”.

Por supuesto que tal afirmación es totalmente falsa, empezando porque las autoridades se han negado a entregar las fotos satelitales que demuestran que las avionetas derribadas en febrero de 1996 lo fueron sobre aguas territoriales cubanas, y lo hacen porque saben que, una vez hecha pública la evidencia, el caso seguido contra Gerardo Hernández, quien fuera condenado a dos cadenas perpetuas más 15 años en el 2001, se les vendría abajo cual castillo de naipes.

Como aclara el cable publicado ahora por Cubadebate, “la carta de Knaul se incluye en el apartado de comunicaciones del informe que la Relatora Especial ha presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que celebra en Ginebra su vigésima sesión”.

La funcionaria basa su inquietud en la falta de acceso a todas las pruebas disponibles y a los archivos documentales por parte de los cubanos presos, y por el hecho de que los recursos de hábeas corpus interpuestos por la defensa vayan a ser considerados por Joan Lenard, la misma jueza que dictó contra ellos las exageradas sentencias, lo que conspira contra la imparcialidad del proceso.

Este último llamado no resulta casual porque, precisamente por esos días de junio, los abogados defensores de Gerardo: Tom Goldstein y Martin Garbos, presentaron una nueva acción legal ante la Corte del Distrito Sur de Florida, a través de Richard Klugh, su representante judicial local.

La demanda, expresa un cable de Prensa Latina, “solicita una audiencia oral, así como que la Corte ordene al Gobierno entregar documentos y otros materiales que obran en su poder y que no han sido dados a conocer durante el proceso legal, en un procedimiento conocido como Discovery”.

La exigencia legal está basada en el derecho que tienen el peticionante y sus coacusados de conocer el alcance de la campaña de publicidad negativa contra ellos financiada por el Gobierno con la intención de asegurar que fueran declarados culpables, apunta el texto.

Se trata, por medio del citado Discovery, de establecer la magnitud total del asunto identificando a todos los periodistas y los medios de prensa que recibieron pagos del Gobierno federal y después publicaron “declaraciones falsas, hostiles, incendiarias y perniciosas” acerca de Hernández y sus compañeros.

Para que se tenga una idea de la dimensión del problema, la solicitud incluye a 84 individuos vinculados a la cobertura de prensa tendenciosa relacionada con este caso, siete estaciones de televisión y 13 emisoras de radio, indicó el Comité Internacional por la Libertad de los Cinco.

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