Cerco al combustible

En lo que va del 2014 la OPURE reporta más de 40 acciones de inspección a entidades, servicentros y operación de tarjetas.Los niveles de compra en efectivo  de combustible en los servicentros son muy discretos y no respaldan la diaria movilidad de los transportadores particulares.

Lograr que cada partida de combustible se use adecuadamente y acorde al nivel de actividad planificado constituye uno de los reclamos más apremiantes en la economía nacional y, a la vez, deviene un empeño que exigirá llevar el control a la máxima expresión de eficacia técnica, metodológica y humana.

Si bien alrededor del asunto acontece una especie de revolución en materia de ordenamiento y exigencia estatal, el escenario donde se define la efectividad de cuantas medidas y procedimientos se introduzcan es a escala de empresa, organismo y centro laboral, pero, sobre todo, al pie de cada depósito, equipo o transporte que utiliza el recurso.

En recientes evaluaciones efectuadas en el territorio se han puesto los ojos sobre el combustible, convertido desde hace rato en codiciada mercancía del mercado negro, e incluso se ha admitido su desvío del sector estatal hacia el particular.

Al cierre del 2013 Sancti Spíritus tenía cerca de 900 carros, entre camiones, camionetas y autos ligeros, dedicados legalmente a la transportación de pasajeros, los que en mayoría utilizan diésel y algunos cubren rutas nada cortas como la de Jatibonico-Santa Clara.

La voz autorizada de Abel Matos Trimiño, director de Fiscalización de la Oficina Provincial para el control del Uso Racional de la Energía (OPURE), suscribe que los niveles de compra en efectivo  de combustible en los servicentros son muy discretos y no respaldan esa diaria movilidad de los porteadores particulares.

“Nos siguen desviando y robando combustible”, sostiene Abel Matos. Detrás de esa realidad prevalecen las fisuras y el descontrol, dos puertas que no acaban de encontrar en todos los lugares los candados humanos que impidan tales escapes.

Sería incorrecto enfocar la mirada solo hacia el área de los choferes particulares, pues guste o no, es una actividad autorizada en Cuba, que tiene un rol —amén de los altos precios— nada despreciable en la transportación de pasajeros.

Tampoco sería descabellado que, como parte de la implementación del nuevo modelo de gestión, se conciba un día alguna fórmula de asignación oficial de combustible a esos medios, porque la vida enseña con creces que no son los servicentros los puntos de abasto y, sin embargo, se mueven.

Ante tal panorama el país ha arreciado un cerco alrededor del uso y control del combustible y la provincia, en particular, activa no pocos resortes y medidas en esa dirección.

En lo que va del 2014 la OPURE reporta más de 40 acciones de inspección a entidades, servicentros y operación de tarjetas, de donde se derivan problemas y debilidades que desacreditan el llamado control.

Entre esas anomalías salen mal paradas la veracidad de la prueba de normación del índice de consumo, el elemento guía para asignar la partida de hidrocarburo, y también la justificación de los niveles reales de actividad a partir del llenado de la hoja de ruta y el reporte, los documentos establecidos para verificar el nivel de trabajo.

Otra irregularidad detectada por las auditorías apunta a la violación de serviciar con una tarjeta magnética varios equipos, cuando se establece el uso individual de la misma.

El desvío de combustible desde el sector estatal encuentra una brecha en lo que debiera ser la principal contrapartida técnica para ejercer el control: cerca del 80 por ciento del parque automotor del territorio dedicado a funciones administrativas y de servicios no dispone de un odómetro (cuentakilómetros), situación muy parecida al resto de la isla.

Ante la objetiva vulnerabilidad, la nación da pasos para la compra de los aditamentos con el interés de, una vez acometido el proceso de instalación, condicionar la entrega de combustible al carro a la existencia del odómetro.

Especial énfasis se pone actualmente en la inspección a las ocho entidades espirituanas más consumidoras del recurso —a nivel nacional se revisan 200 empresas— en aras de conocer por dentro todo lo relacionado al empleo y control del hidrocarburo.

La primera revisión de este tipo ya concluida —al Lácteo Río Zaza— arroja, por ejemplo, deterioro en los índices de consumo, comprobación indicada a actualizarse al menos una vez al año y que al decir del representante de OPURE, no en todos los carros se hace y cuando se realiza carece muchas veces de veracidad y objetividad.

Medidas como la instalación del Sistema de Posicionamiento Global —GPS por sus siglas en inglés— en 18 pipas excepcionales destinadas a llevar el combustible a equipos tecnológicos que no se desplazan a los servicentros y que permite registrar la distribución del líquido, comienzan a mostrar efectividad y por ese concepto hay una disminución del consumo en esos equipos.

Desde el perfil técnico y de introducción de nuevas normas y mecanismos queda mucho trabajo a fin de respaldar la efectividad de los controles; pero la cura del desvío de combustible de las partidas estatales hacia un destino ajeno al concebido acorde a las funciones y actividades dependerá en elevadas dosis de los hombres, díganse entidades, consejos de dirección, energéticos, colectivos laborales, núcleos del Partido, Secciones Sindicales…

El hecho de que las deficiencias asociadas a este fenómeno se detectan en su inmensa mayoría a través de una acción de control estatal ilustra cuánta carretera hay por delante en este frente de la rama energética, porque la verdadera eficacia y el mejor chequeo es el que se establezca y sostenga a nivel del centro, de entidad.

La aspiración nacional de contrarrestar la problemática para nada es inalcanzable y según el representante de OPURE las entidades del ministerio de la Informática y las Comunicaciones en la provincia demuestran cómo lograr efectividad en el control del combustible.

Más allá de los riesgos identificados en los planes de prevención que debe tener cada centro estatal, se impone también cambiar los métodos y análisis a la hora de chequear y evaluar este asunto, porque hasta ahora no arrojan los resultados esperados y Sancti Spíritus está lejos de alcanzar lo que en materia de control de combustible se debe ejercer para corresponder a las orientaciones, normativas y lineamientos que definen el empleo racional del costoso recurso.

One comment

  1. Dice textualmente y cito:“Nos siguen desviando y robando combustible”, sostiene Abel Matos. Debió decir “Nos siguirán desviando y robando combustible”.Lógica pura.¿Qué precio tiene el combustible? , peor la pregunta mñas interesante ¿De dónde sale el combustible que “se roban”¿De qué tarjetas,entidades y organismos?De nuevo el círculo vicioso.Si los 900 particulares que se dedican a la actividad del transporte en la provincia adquieren el combustible a ese precio, entonces,¿qué precio tendrían los pasajes? De por sí hoy son elevado en cualquier ruta y si a ello le agregamos que el transporte estatal no cubbre las necesidades.No se trata de respaldar el robo o apoyarlo sencillamente de responder estas preguntas.

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