La verdad desde el surco

anap, anapistas, sancti spiritus, XI congreso de la anap, campesinado cubanoLa asamblea de la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Juan Darias, en Jarahueca, puede haber sido igual, parecida o diferente a las otras realizadas en la provincia como parte del proceso previo al XI Congreso de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (Anap); pero si un mérito no se le puede negar es el de haber protagonizado un debate valiente, afincado en la verdad del surco, en la experiencia de hombres que durante toda la vida no han conocido otro centro laboral que la tierra.

“Estamos heridos por la causa del maíz recogido y no pagado, ¿acaso en la farmacia o en la bodega fían?; ¿por qué han pasado casi cuatro meses y todavía nos lo deben? ”. Las palabras del campesino Roberto González Hernández brotaron de su almanaque de 92 años e hicieron diana en una de las irregularidades que más golpean al sector sobre cuyos hombros descansa el mayor aporte alimentario en Sancti Spíritus.

Tal criterio no es casual, tampoco único; aparece entre los reclamos reiterados en la mayoría de las reuniones anapistas efectuadas en esta última etapa para discutir de trabajo, de los problemas que interfieren en la producción y en la vida interna de la organización.

A nadie sorprende la importancia de este proceso en el escenario productivo, pero lo que sí llama la atención es escuchar tropiezos viejos que se suponían cuando menos aliviados, a partir de la implementación de los Lineamientos del VI Congreso del Partido.

Cómo entender que ese negativo fenómeno del impago ha vuelto a engordar y, por ejemplo, en Yaguajay la deuda alcazaba a mediados de enero —según datos del delegado de la Agricultura en el municipio— los 13.7 millones de pesos en los renglones de leche, maíz, carnes vacuna y porcina.

Podrán aparecer explicaciones, como siempre sucede, pero nada justifica tamaña indisciplina en tiempos en que para el guajiro adquirir un recurso casi tiene que pagar al instante y, sobre todo, después de haberse realizado a mediados del 2014 una recontratación de toda la producción que tenía el sector cooperativo y campesino a raíz del proceso indicado por la máxima dirección del país. Si se eaportó la comida, ¿por qué no pagarle en tiempo al productor?

¿Quién responde por los 9 000 litros de petróleo para maíz que no le entregaron a la Cooperativa? ¿Qué pasaría si la Juan Darias no aporta el frijol para la sustitución de importaciones, que superó el pasado año las 300 toneladas? Las interrogantes de Juan Manuel González, el presidente de la CCS, quedaron sin respuestas entre las paredes del cine de Jarahueca.

Y es que resulta chocante que se congregue más de un centenar de campesinos en lo que bien puede llamarse el Congreso de los frijoles en Sancti Spíritus y la reunión careciera de la presencia de las principales estructuras agrícolas.

Muchos de los criterios vertidos allí son comunes en el sector, tanto que en diversas asambleas se esgrimieron planteamientos como que hoy las cooperativas contratan fertilizantes, pesticidas y otros insumos, pero no el combustible y luego le exigen a la base productiva cumplir un plan sin tener certeza del petróleo que le entregarán.

“Vivimos a expensas de lo que nos quieran dar, bajo esas condiciones en que se trabaja es difícil producir, y para subir el rendimiento del frijol más allá de 1.1 tonelada por hectárea, lo previsto con la aplicación del paquete tecnológico, los productores tienen que acudir a la variedad del “bolsillo” y costear en la calle lo que no se entrega”, subrayó el presidente de la CCS.

La aspiración de que el sector incremente las producciones para buscar mayor satisfacción de la demanda, rebajar las importaciones de alimentos e influir en la disminución de los precios, exige atender muchos de los planteamientos vertidos en la fase más importante de este proceso político de la Anap; además, activar mecanismos para que el combustible se contrate directo por la cooperativa y materializar reclamos como el formulado por el jarahuequense Roberto González Quesada: “Hay que llegar al campesino y preguntarle: ¿qué te hace falta para producir? Y esa verdad no está en una oficina, la tiene el productor”.

Es hora de abolir los nocivos hábitos de planificar y contratar sin un respaldo objetivo, prometer lo que después no llega al surco, porque las producciones agrícolas no pueden salir de asignaciones teóricas sin una garantía real del recurso.

El debate del campesinado espirituano se ha centrado también en la necesidad de que las empresas agropecuarias incluyan en sus planes de presupuestos y gastos servicios inaplazables como la reparación de los camiones y tractores de las cooperativas.

En el abanico de opiniones dejado por las más de 200 asambleas realizadas hasta mediados de enero —en febrero el proceso entra en la fase municipal— ocupa espacio además la comercialización, quizá el escenario más empañado de toda la cadena productiva y donde mucho repercute la galopante subida de los precios, un fenómeno que, para ser justos, no es responsabilidad directa del campesino pues la vida demuestra que los intermediarios, legales o no, venden más caro.

Aun cuando las producciones en diversos renglones tienen detrás al sector privado, mucho le queda por hacer a la membresía anapista  para elevar la eficacia de su trabajo. Sin embargo, el aval que le concede hacer la parte más difícil, producir, le da razón al gremio campesino para emitir señalamientos como ese que se ha reiterado en varias reuniones:

“La contratación es solo para que la cooperativa rinda cuenta si incumple; pero, ¿cuándo la Agricultura va a rendirle cuenta a los productores en una asamblea?

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