Para no arar en el mar

Para llevar contra las cuerdas el delito económico y la corrupción, el control se impone. Si bien la tendencia a la mejoría revela síntomas de mayor orden al interior de las entidades, la existencia de una cantidad no despreciable con balance crítico atestigua las deudas en materia de control aún presentes.

Que un ciudadano, en su entonces condición de administrador de la tienda de materiales de la construcción localizada en las cercanías del Hospital General Universitario Camilo Cienfuegos, desfalcara más de medio millón de pesos en unos cuatro meses y saliera ilegalmente del país para evadir la justicia, puede tener mil y una lecturas y abrir otras mil y una preguntas.

¿Con esos truenos sueltos, alguna economía puede levantar tres cuartas del suelo? ¿Dónde se encontraban quienes debían seguir pies y pisadas de los inventarios, de las operaciones financieras y, en definitiva, de la supuesta pulcritud ético-moral que debía exhibir la dirección administrativa de la mencionada unidad, perteneciente al Grupo Empresarial de Comercio en Sancti Spíritus? La obviedad toca la puerta: “Lo de nosotros era controlar, y no lo hicimos a tiempo”, reconoce Ariel Fernández Martínez, al frente de dicho Grupo.

El ejemplo expuesto no es único; el año anterior se reportaron 15 hechos de corrupción en entidades y organismos subordinados al Consejo de Administración Provincial (CAP), cifra que, si bien disminuyó en relación con similar etapa precedente, no debe interpretarse de modo automático como señal de una reducción del fenómeno que rebrotó con el inicio del llamado Período Especial en Cuba.

La problemática continúa en la agenda del Gobierno en el territorio y del CAP, órganos que en fecha reciente sostuvieron un esclarecedor intercambio con periodistas espirituanos, focalizado en el enfrentamiento a las actitudes corruptas y a los delitos económicos, en general.

Para llevar contra las cuerdas estas manifestaciones, el control se impone. Al cierre del 2014 la provincia computó 220 acciones, entre auditorías, comprobaciones, visitas e inspecciones, de las cuales 165 recibieron evaluación: 10 obtuvieron la calificación de satisfactorio; 112, aceptable; 29, deficiente, y 14, mal.

Puestas sobre el tapete, las estadísticas poseen una retahíla de interpretaciones; los más optimistas alegarían que se eleva el porcentaje de las acciones evaluadas como positivas al compararlas con las del 2013; los pesimistas harían leña del árbol caído si se detienen solo en las valoradas de negativas.

Todo extremo resulta pernicioso. Milito en el bando de los inconformes: si bien la tendencia a la mejoría revela síntomas de mayor orden al interior de las entidades, la existencia de una cantidad no despreciable con balance crítico atestigua las deudas en materia de control aún presentes en los centros laborales.

Releamos los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, específicamente el número 12, para confirmar que la “actuación ética de las entidades y sus jefes, así como fortalecer su sistema de control interno” no constituyen un favor de directivos y de trabajadores.

Para sesgar la impunidad, y como secuela de las acciones de control fueron aplicadas 75 medidas disciplinarias, de estas, 17 a directivos, 25 a ejecutivos y 33 a otras categorías ocupacionales, según fuentes del Consejo de la Administración Provincial.

Particularmente, en los hechos de corrupción se encauzaron los procesos penales correspondientes y se castigaron de modo severo en lo administrativo a los responsables directos y colaterales; por ejemplo, en el caso de la Subordinación Local 17 implicados fueron separados definitivamente de la entidad.

“En la calle hay quienes piensan que cuando se detecta un hecho no sucede nada e, incluso, a la persona involucrada la trasladan de un centro laboral a otro”, expuso una colega para azuzar el diálogo en el citado encuentro con el Gobierno y otros directivos.

En opinión de Ricardo García, al frente de la Dirección Estatal de Comercio, el enfrentamiento al delito ha pasado aquí por etapas. “Es verdad, hace varios años hubo sanciones benévolas, y se sacaba una gente de un lado y se ponía en otro; pero hoy no ocurre”, sostuvo el dirigente, cuyas palabras hicieron evidente el “sociolismo” y la blandenguería que cebaron tiempo atrás lo que la vox pópuli bautizó como “flotar como un corcho”.

La visión de que no pasa nada es desmentida por Teresita Romero, presidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular, quien aclara que ningún hecho de corrupción o delictivo descubierto queda impune, si se ha podido comprobar. A todas luces, los vacíos informativos en el tratamiento periodístico de este tipo de agenda han alimentado la incertidumbre en la opinión pública.

El aumento de la efectividad en la detección de los presuntos hechos de corrupción por los propios sistemas de control de las entidades y la reducción de los saldos de las cuentas por pagar y cobrar vencidas —la Subordinación Local finalizó en cero el año pasado— ayudan a desterrar la filosofía de que “esto no hay quien lo cambie”.

A colación con todo ello, cada ojo y cada oído deberán ponerse en las causas y condiciones que sirven de fertilizante al fenómeno de marras, en torno a las cuales Escambray ha vuelto más de una vez; de lo contrarío, araríamos en el mar en el propósito de disminuir al mínimo las posturas corruptas y los delitos contra la economía, que acechan como fantasmas de noche e, incluso, de día.

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