Periódico de Sancti Spíritus

Sin peritaje médico no hay arreglo

Relativa a la situación laboral de su madre, operada de un tumor de garganta a comienzos de agosto del 2014, es la misiva que envió a nuestro buzón electrónico la lectora Arasay González Domínguez, vecina de la Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA) El Vaquerito, de Iguará, en el municipio de Yaguajay.

“Mi mamá, Ada Nila Domínguez García, tiene 53 años y es técnica de Veterinaria. Luego de conocerse el resultado positivo de la biopsia y tres meses de recuperación, fue ingresada en el hospital provincial para ponerle sueros por espacio de dos meses. Después debía volver a ingresar para las sesiones de radiación en el hospital de Santa Clara; en todo ese tiempo no se le afectó el salario, pero al cumplirse seis meses del primer certificado médico en su centro de trabajo le informaron que debían pasarla por comisión médica”, escribe Arasay.

Según cuenta la remitente, su doctora le dijo que mientras estuviera ingresada no debían pasarla por la comisión y le extendió un resumen de historia clínica que debía servir como constancia de su hospitalización. “Mi mamá entregó el documento al compañero de Recursos Humanos y este le confirmó que le continuarían pagando su salario. A los 11 meses la compañera que lleva las nóminas le dijo que no llevara más certificados, pues no se los podían pagar y la pasarían por la comisión. Para esta fecha — continúa Arasay— ella no había terminado de darse las radiaciones, debido a reiterados problemas del equipo en el hospital de Santa Clara”.

Lo que vino después desencadenó la actual condición de la enferma, pues ella, atendiendo al pedido, no procuró ningún otro certificado, pero tampoco su entidad concretó el paso determinante, de modo que más de 20 días quedaron sin compensación alguna. Indicaciones de la doctora acerca de las limitantes para asumir funciones laborales no resolvieron el problema, ya que, de acuerdo con lo expuesto por Julio Correa, presidente de la CPA, y por su organizador, Orestes Hernández, también a cargo de los Recursos Humanos, allí no tienen plazas que se ajusten a esos requisitos y la ofrecida, para realizar guardias nocturnas, no fue aceptada por la trabajadora. “La hemos apoyado con lo que está a nuestro alcance y le continuamos pagando incluso ahora por el promedio mensual, ya que nuestra economía es autónoma; pero ella no ha entregado la documentación necesaria para llevarla a la comisión”, acotó este último.

Yamilé Herrera, subdirectora de Empleo de la Dirección Municipal de Trabajo (DMT) en Yaguajay, subrayó que en un proceso de esa índole el trabajador no puede resultar afectado salarialmente, a menos que deje de entregar en tiempo y forma los certificados médicos durante los seis primeros meses, siempre de la especialidad que atiende su dolencia. “Al cabo de los mismos, la única responsable del tratamiento al trabajador para declarar una invalidez parcial es la entidad que lo representa, que se puede apoyar en los burós de Orientación Laboral de las DMT, pero es quien debe presentarlo ante la comisión municipal de peritaje médico para que esta determine la conducta a seguir”, precisó Mayelín Hernández Pérez-Borroto, especialista en Empleo de la Dirección Provincial de Trabajo. Tras alegar que tales procederes están amparados por el Decreto 283 y la Ley 105 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, explicó que el desempeño en un nuevo puesto solo es posible previo dictamen de la mencionada comisión y que vencidos los trámites pendientes Ada Nila estará en su derecho de reclamar ante la junta directiva de su CPA (en otros casos, ante el Órgano de Justicia Laboral de Base) o ante los tribunales.



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