La filosofía del tómelo o déjelo

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Una habitante del poblado espirituano de Zaza del Medio escribió, alarmada, por lo que considera un maltrato de alguien que en su terruño, no habitual tras el mostrador de un negocio particular, le extendió un dulce con sus manos, sin que mediara instrumento alguno, a la par que manipulaba dinero.

“Pues no lo compre si no lo quiere así”, concluyó la improvisada dependienta luego de escuchar los argumentos de la clienta acerca de los riesgos a que se exponía al ingerir algo tocado con las manos sucias. Letrada al fin, la señora procuró convencer y hasta puso ejemplos, habló de gérmenes diminutos, de enfermedades transmisibles, de higiene y respeto. Pero no hubo marcha atrás, porque quien le vendía (o mejor dicho, no le vendía) no estaba “para perder el tiempo” y tenía “otras personas a las que atender”.

“¿Por qué no se facilita, en el lugar del servicio, el teléfono del dueño a fin de que se le pueda localizar?”, cuestionaba la remitente, sin saber quizás que había puesto el dedo encima de una llaga. Su inquietud toca una de las aristas del trabajo por cuenta propia, práctica que ha ido ganando terreno en Cuba en los últimos años. Soslaya los viejos y archiconocidos lastres de los servicios gastronómicos estatales, motivo de desencanto, en las últimas décadas, para tanto cubano de a pie capaz de privarse de ese servicio en aras de evitarse un mal momento.

“Si quieres saber cómo anda eso ve al Liana, allí junto al parque Serafín Sánchez, y pide un dulce o un refresco. Par de meses atrás vi subírsele los colores a un dependiente cuando dos turistas solicitaron dulces y no tenía un plato a mano. Tampoco tienen muchos vasos y con uno de ellos he visto sacar de una nevera maltrecha el líquido que ofertan”, ilustró un jubilado al saber la temática sobre la cual indagaba. “Visita el Coppelia y fíjate en el modo en que entregan las cucharas. El otro día la joven que me atendió la tomó por la parte que tiene contacto con la boca, ahí se me enfrió el estómago”, sugirió una recepcionista.

Según inspectores de la Dirección Integral de Supervisión (DIS) Provincial, en los negocios particulares suele cuidarse más la higiene que en los centros estatales. Quizás en eso influya el que las cuantías de las multas difieran bastante: por idéntica falta de higiene, lo mismo en la manipulación que en el local, 100 pesos al trabajador estatal y 1 500 al cuentapropista o arrendatario. Y la primera cifra pudiera ser 10 veces menor si se atuvieran al Decreto 155 del Ministerio de Comercio, sostienen dichas fuentes.

“La gente se ríe del importe de las multas en centros comerciales o de Gastronomía. ¿Qué son 75 pesos ante la violación de no divulgar los precios de un renglón específico, cuando se sabe que detrás de ello suele haber algo mucho más grande?, ¿qué son 100 pesos de multa por dar producto de menos o cobrar dinero de más?”, comenta Norma Martín, directora de la propia DIS provincial. Encima de ello, aduce, carecen de pesas con el auxilio de las cuales comprobar las transgresiones que detectan.

En momentos en que la actualización del modelo económico cubano es materia que se imparte ya desde hace años, continúan figurando lagunas como estas en asuntos bien cercanos al bolsillo y a la mesa de la ciudadanía. Difícilmente sin cambios radicales en los mecanismos de control, supervisión y exigencia administrativa logre borrarse del imaginario popular la idea tantas veces reafirmada por la práctica de que la holgura económica —a veces incluso el capital— resulta casi inherente a las personas que ocupan puestos y cargos en los giros comercial y gastronómico.

El irrespeto a lo legislado toca aristas tan sensibles de la sociedad como los Servicios de Atención a la Familia —por cuenta del cual se oferta comida a números considerables de ancianos— y los círculos infantiles, lugares donde, de acuerdo con el inspector de la DIS provincial José Coca Bandomo, se ha detectado adulteración en el gramaje de las raciones y, en el primero de los casos, omisión de algunos platos o de sus precios en las tablillas.

Respecto al desempeño de determinadas funciones por personal no autorizado o no contratado para las mismas, lo cual constituye una flagrante ilegalidad, en las modalidades de trabajo por cuenta propia o arrendamiento la cuantía de las multas asciende a 1 500 pesos, tanto a quien las realiza como al dueño de la patente o arrendatario, y en centros estatales suelen aplicarse medidas lo mismo al personal ajeno que al administrativo, según las fuentes.

Sin embargo, la potestad de los inspectores termina con la notificación de la deficiencia y el dictamen de la medida a tomar para que esta no se repita. Pero ni todo lo indicado se cumple ni los administrativos obran siempre en concordancia con el interés de ser estrictamente responsables y cuidadosos, por lo que la impunidad ha ido instaurándose en cafeterías, bares, bodegas y mercados.

Aunque los cuerpos de inspección aseguran no descuidar el sector estatal en su custodia a múltiples normativas jurídicas, no hay tantos supervisores en la calle como para que todos los trabajadores de los centros subordinados a las instancias gubernamentales sientan sobre sus hombros la vigilancia. ¿Acaso no toca también a los administrativos velar por los bienes bajo su cuidado? Entre los meses de enero a marzo del presente año el número de multas impuestas en toda la provincia por la DIS provincial debido a incumplimientos del Decreto-Ley No. 227 del Ministerio de Finanzas y Precios, relativo a la protección al consumidor, no pasaba de 403 en la Gastronomía, en tanto las impuestas en tiendas de productos industriales era de solo 29 y en las panaderías tradicionales, 22.

Atendiendo a una de las sugerencias, Escambray se personó días atrás en la unidad de alimentos ligeros El Liana, de la cabecera provincial, donde pidió tan solo un pan con queso crema que le fue ofrecido sin plato. “¡Qué pequeño!”, observó a la dependienta, quien adujo a secas: “Todos están así”. Mientras en la tablilla, junto a la oferta, se consignaban 89 gramos, la báscula de una bodega bien cercana a nuestra redacción dijo la última palabra: 32 gramos de menos. ¿Cuántos serían “todos” sus similares en, digamos, un mes?