Interpol rechaza pedido de difusión roja para Rafael Correa

La jueza nacional Daniella Camacho dictaminó la medida cautelar de prisión preventiva para el expresidente de Ecuador, tras vincularlo al caso de presunto secuestro de Fernando Balda, ocurrido en Colombia en 2012, mientras permanecía prófugo de la justicia

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Correa ha denunciado que la investigación en su contra es una trama, parte de la judicialización de la política instaurada en Ecuador.

La Policía Internacional (Interpol) rechazó el pedido del Gobierno de Ecuador de difusión roja para buscar y capturar al expresidente Rafael Correa, investigado por el presunto delito de plagio, informó este cinco de diciembre la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

El dictamen de la instancia fue notificado a la CNJ, tras haber examinado detenidamente todos los elementos concernientes a la situación jurídica del solicitante.

‘La información disponible a la Comisión reveló que la retención de los datos en el sistema de información de Interpol no era compatible con la obligación de Interpol de asegurar la efectiva cooperación entre autoridades policiales dentro del marco del respeto a la Declaración Universal de los Derechos humanos’, indicó la misiva.

De su lado, la CNJ consideró que la decisión del ente internacional no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 38 del Estatuto de la Comisión de Ficheros de Interpol.

En un Comunicado difundido en las redes sociales, advirtió asimismo que está sujeta a revisión, conforme lo señala el Artículo 42 del mismo estatuto.

Finalmente, la CNJ aclaró que difusión roja y extradición son mecanismos diferentes.

Según explicó, la notificación roja consta de documentos internacionales habilitantes utilizados para solicitar la localización y detención de una persona buscada por las autoridades judiciales de un país determinado o por un tribunal internacional con miras a su extradición.

El fundamento jurídico de las notificaciones es la orden de detención o la sentencia expedida por las autoridades judiciales del país interesado, concluyó.

El pasado mes de julio, la jueza nacional Daniella Camacho dictaminó la medida cautelar de prisión preventiva para el expresidente de Ecuador, tras vincularlo al caso de presunto secuestro de Fernando Balda, ocurrido en Colombia en 2012, mientras permanecía prófugo de la justicia.

Durante esa diligencia, la fiscalía solicitó difusión de alerta roja para Correa, quien reside desde julio de 2017 en Bélgica junto a su familia, para localizarlo y extraditarlo a Ecuador.

En numerosas ocasiones el exmandatario ecuatoriano ha denunciado que la investigación en su contra es una trama, parte de la judicialización de la política instaurada en esta nación andina, de la cual también es víctima el exvicemandatario Jorge Glas, condenado a seis años de cárcel con un código penal derogado y por un delito que no se ha podido probar.

Su defensa también ha indicado irregularidades en el proceso en su contra, iniciado seis años después de la presunta ocurrencia del hecho.

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