Nuevas normas buscan perfeccionar trabajo por cuenta propia en Cuba

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Bajo la nueva regulación, las personas naturales pueden ser autorizadas a ejercer más de una actividad. (Foto: Vicente Brito/Ecambray)

A partir de análisis realizados, en los que se tuvieron en cuenta los criterios de los trabajadores y la población, el Consejo de Ministros decidió adecuar las normas jurídicas que regulan el trabajo por cuenta propia, las cuales entran en vigor este 7 de diciembre

En los últimos ocho años el ejercicio del trabajo por cuenta propia en Cuba ha mantenido un comportamiento ascendente, avalado en cifras que van desde algo más de 157 000 en el año 2010, a 589 000 en el 2018, cifra esta última que representa el 13 % de los ocupados actualmente en el país.

La ministra de Trabajo y Seguridad Social, Margarita González Fernández, en declaraciones a Granma, comentó que esta forma de trabajo no estatal –reconocida en la actualización del modelo económico y social cubano–, ha generado empleo, ha ampliado las ofertas a la población y ha permitido descargar al Estado de actividades no esenciales.

Sin embargo, acotó, con su desarrollo han surgido hechos violatorios de la legalidad, que incluyen, por ejemplo, subdeclaraciones en el pago de los impuestos y compra de materias primas y productos de procedencia ilícita.

Esas desviaciones motivaron, hace alrededor de un año, la revisión de lo regulado para rectificar lo que resultara necesario y crear las condiciones para que el trabajo por cuenta propia continuara su desarrollo, con orden y disciplina.

De ello devino el perfeccionamiento de la Política para el Trabajo por Cuenta Propia que, luego de ser aprobada, fue implementada en 20 normas jurídicas que se publicaron el pasado 10 de julio en la Gaceta Oficial. Esas regulaciones entran en vigor el próximo 7 de diciembre, luego de un amplio programa de capacitación a los funcionarios implicados y de intercambios con los trabajadores por cuenta propia.

Al respecto, la titular apuntó que a partir de análisis realizados por el Gobierno, que incluyeron las opiniones de los trabajadores y las preocupaciones planteadas por la población a través de espacios como las redes sociales, forodebates, seminarios y cartas, el Consejo de Ministros decidió adecuar varios de los aspectos que se habían establecido en dichas normas jurídicas.

En consecuencia, informó, se elimina la limitación de otorgar una sola autorización para el ejercicio del trabajo por cuenta propia. A partir de lo anterior, se podrá ejercer más de una actividad, siempre que se cumpla con lo estipulado al respecto.

Igualmente, desde este 7 de diciembre se comienzan a otorgar nuevas autorizaciones en  26 de las 27 actividades que estaban suspendidas. Solo quedaría pendiente la limitación para el programador de equipos de cómputos, hasta tanto se concluyan las normativas correspondientes.

Además, se suprime el límite de 50 capacidades en las actividades de venta de alimentos. La limitación
estará determinada por el tamaño del local donde se brinde el servicio.

Sobre la cuenta bancaria fiscal que están obligados a habilitar los titulares de seis actividades (servicios gastronómicos, en paladares y cafeterías; servicio de bar y recreación; arrendador de viviendas, habitaciones y espacios; servicio de construcción, reparación y mantenimiento; y servicio de transporte de pasajeros en la capital), se reducirá el saldo mínimo de operaciones de tres cuotas mensuales del contribuyente a dos.

Por último, se flexibilizará hasta el 35 % el monto del ingreso no obligado a depositar en dicha cuenta bancaria fiscal.

González Fernández destacó que estas adecuaciones demuestran la voluntad manifiesta del Gobierno de reconocer el papel de las formas de gestión no estatal en el proceso de actualización de nuestro modelo económico como complemento de la economía cubana y de tomar en cuenta las opiniones de los trabajadores y la población, bajo el principio de que el trabajo por cuenta propia se desarrolle siempre en un clima de orden y de legalidad.

Los medios de prensa estarán ofreciendo toda la información a la población sobre estos ajustes y se aclararán las dudas que han generado determinadas interpretaciones de lo legislado en las normas jurídicas.

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