Gobierno chileno insiste en medidas represivas contra manifestantes

Partidos políticos, movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos denunciaron el empleo de armamento letal y el uso desproporcionado de la fuerza por parte de policías y militares

Las políticas económicas del  presidente Sebastián Piñera provocaron el  estallido social desatado en Chile. (Foto: TeleSUR)
Las políticas económicas del presidente Sebastián Piñera provocaron el estallido social desatado en Chile. (Foto: TeleSUR)

El Gobierno de Chile decretó el llamado de carácter obligatorio al servicio del personal de reserva del Ejército, para apoyar el desempeño de los efectivos desplegados en el control de las manifestaciones.

Como parte del estado de emergencia y toque de queda decretado en varias regiones del país, el Ejecutivo justificó la medida con el ‘desgaste y cansancio’ de los militares en activo que intervienen en las labores de contención del estallido social desatado contra las políticas económicas del presidente Sebastián Piñera.

La decisión de movilizar a los reservistas fue confirmada por el ministro del Interior, Andrés Chadwick, al precisar que responde, no solo a reforzar a los uniformados, sino para otorgarles ‘un debido descanso’ a las ‘largas y duras jornadas’ de los últimos días.

El decreto firmado por el subsecretario para las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli, estableció además que el gasto ocasionado por el llamado al servicio del personal de reserva se cargará al presupuesto en moneda nacional del Ejército.

Galli indicó que ‘el Ejército, la Armada, tiene que seguir funcionando; se ha tomado la decisión de permitir el llamado de la reserva para apoyo logístico y apoyo administrativo en cada una de las instituciones’, señaló.

El Gobierno ratificó además este miércoles el toque de queda para la Región Metropolitana y varias comunas (demarcaciones) de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Maule, Biobío, Los Ríos y Los Lagos.

Partidos políticos, movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos denunciaron el empleo de armamento letal y el uso desproporcionado de la fuerza por parte de policías y militares durante la represión de las protestas, con saldo de al menos 18 personas fallecidas, decenas de heridos, y más de dos mil detenidos.

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