Grupo hotelero español opera legítimamente en Cuba

La cadena hotelera española Meliá defendió sus operaciones en Cuba, al deplorar el endurecimiento de las sanciones económicas de Estados Unidos contra la nación caribeñas, destacó este 18 de abril la prensa de este país europeo.

En un comunicado difundido por diversos medios periodísticos, el conocido grupo turístico aludió a la decisión adoptada la víspera por el gobierno de Donald Trump de activar el Título III de la Ley Helms-Burton, a partir del próximo 2 de mayo.

Aprobada en 1996, esa normativa codifica el bloqueo económico, financiero y comercial que Washington mantiene contra La Habana desde hace casi seis décadas, cerco condenado de forma abrumadora por la comunidad internacional.

Su apartado III, suspendido hasta ahora, establece mecanismos para que los ciudadanos estadounidenses puedan demandar a empresas que supuestamente se beneficiaron de propiedades nacionalizadas tras el triunfo de la Revolución cubana en 1959.

Tras lamentar la ‘incertidumbre e inseguridad jurídica creadas por el anuncio de levantamiento de la suspensión’, Meliá Hotels International aseguró que la medida no supone ‘ninguna alteración sustancial’ de su actividad.

Subrayó que ‘opera legítimamente en Cuba y en otros 44 países, habiendo realizado una gestión impecable, profesional y responsable desde hace 30 años’ en la nación antillana, un destino excepcional que -enfatizó- debe seguir abierto al turismo internacional.

La cadena ibérica agradeció ‘el firme apoyo y la reacción promovida por el Gobierno de España y la Comisión Europea a las empresas extranjeras afectadas por una ley que se considera extraterritorial’.

Una legislación que nos pondría en el objetivo por el simple hecho de ser un actor económico dedicado al turismo, enfatizó la firma.

Meliá manifestó ‘su voluntad de seguir trabajando por el desarrollo de la industria turística más sostenible en Cuba’, concluyó el texto.

A través de un comunicado, el ejecutivo socialdemócrata de Pedro Sánchez expresó la víspera su ‘tajante rechazo’ a la cuestionada decisión de la administración norteamericana.

‘La aplicación extraterritorial de la legislación es contraria al Derecho Internacional’, denunció el gubernamental Palacio de la Moncloa.

Advirtió que la medida dará lugar a una espiral de demandas y contra-demandas que enturbiarán la relación económica transatlántica, sin que de ello se desprenda ventaja o avance alguno, ni para los demandantes estadounidenses ni para la población cubana en su conjunto.

Madrid anticipó que trabaja activamente junto con los países miembros de la Unión Europea y otros socios internacionales en la adopción de todas las medidas oportunas en foros multilaterales, que permitan defender sus intereses y el futuro de las empresas españolas en Cuba.