La Helms-Burton puede enfrentar un muro

Las últimas medidas de endurecimiento del bloqueo contra Cuba adoptadas por Washington empiezan a dañar a Cuba y a sus socios comerciales, pero son también proclives a golpear a Estados Unidos y a quienes reclamen posesiones en la isla nacionalizadas hace 60 años

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Ilustración: Osval

De un tiempo a esta fecha casi no pasa un día sin que lleguen noticias de nuevas medidas del gobierno de Donald Trump contra Cuba para arreciar el bloqueo económico a la isla en su afán de provocar un estallido social y un cambio de régimen.

Menos inteligente que su antecesor, Trump ha ido demoliendo paso a paso los puentes tendidos entre los dos países desde el 17 de diciembre del 2014, fecha del anuncio simultáneo por los entonces presidentes Raúl Castro y Barack Obama de la decisión de restablecer relaciones diplomáticas, hasta el 20 de enero del 2017, día de la asunción del cargo por el multimillonario, después de ganar las elecciones del 20 de noviembre del 2016.

Para los analistas internacionales está muy clara la ideología de derecha recalcitrante del actual inquilino de la Casa Blanca y los objetivos que persigue, pues no ha medido sus palabras a la hora de proclamar su intención de acabar con los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua, únicos del continente que, junto a Bolivia, han osado plantarle cara al gigante de las siete leguas y llevar adelante proyectos políticos de corte progresista en beneficio de sus pueblos.

Hay que tener en cuenta que antes del 2 de mayo pasado, cuando entró en vigor el Título III de la injusta, ilegal, abusiva y extraterritorial Ley Helms-Burton, ya Trump y compañía habían adoptado un grupo de medidas de constricción económica y política a la Perla de las Antillas, arreciadas en fecha reciente con el propósito de cortar la ayuda de Cuba a su aliado venezolano para lograr la caída de Nicolás Maduro por cualquier medio, pues dicen que ese apoyo es vital para su permanencia en el poder.

La actual arremetida contra Cuba y Venezuela forma parte de la gran campaña política de Donald Trump para su reelección, lanzada en Miami el pasado 18 de junio, en un escenario cundido de elementos cubano-americanos y de la oposición venezolana, desesperados por lograr el derrocamiento de los gobiernos legítimos de esos países y la recuperación de sus enormes privilegios de clase, a cambio de renunciar a la soberanía.  

La última aberración que comete el imperio en este campo en relación con Cuba tiene que ver con la idea absurda de fabricar “líderes” marionetas que como el morocho Guaidó sirvan a Estados Unidos en sus planes por derrocar a las autoridades isleñas. La información la adelantó el embajador de Cuba en USA, José R. Cabañas, quien divulgó en un mensaje por Internet la iniciativa de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental (WHA) del Departamento de Estado, acerca de un Aviso de Oportunidad de Financiamiento para apoyar a líderes cubanos individuales emergentes dentro de la sociedad civil.

Lo anterior viene a sumarse a la reciente decisión trumpiana de limitar la posibilidad de viajar a la ínsula a quienes venían como parte de los intercambios educativos para cursos, contactos entre universidades e institutos, eventos, etc., una de las 12 categorías permitidas durante el gobierno de Obama.

Según cables de agencias internacionales, los últimos cambios introducidos “suponen la cancelación de las autorizaciones para barcos de recreo y pasajeros, así como los traslados privados en avión”, lo que significa cortar la llegada de vuelos charter y cruceros de importantes compañías estadounidenses y europeas a aeropuertos y puertos cubanos, decisión que puede golpear fuertemente en el ámbito económico, pues Cuba recibió más de 250 000 visitantes estadounidenses en el primer cuatrimestre del 2019, cifra que casi duplica a la del año precedente.  

Ello se añade a la activación del Título III de la Ley Helms-Burton, claramente enfilado a dañar a terceros en su afán de doblegar a la patria de José Martí y Fidel Castro, por la vía de permitir que personas naturales o jurídicas afectadas por las nacionalizaciones de 1959-61, o sus descendientes, puedan reclamar ante tribunales norteamericanos la devolución de las propiedades afectadas y pedir sanciones contra empresas o ciudadanos cubanos y de otros países que “trafiquen con ellas” o con instalaciones edificadas en terrenos que un día fueron suyos.

Afortunadamente, existen recursos legales suficientes en Cuba y a nivel internacional para poner en la picota, rechazar, sancionar y contrarrestar a entidades o particulares que acudan a esas cortes en EE.UU. con sus reclamaciones, o que traten de hacerlas valer en territorio cubano, como la denominada Ley de reafirmación de la dignidad y la soberanía, también llamada Ley 80, aprobada en 1999.

Esta ley antídoto cubana protege las inversiones extranjeras en la isla y a la vez prevé sancionar aquellos hechos dirigidos a apoyar o colaborar con los objetivos de la Helms-Burton, como suministrar información sobre las relaciones comerciales de Cuba con empresas foráneas, conductas que pueden ser sancionadas con condenas de prisión de siete a 15 años.

Asimismo, este instrumento jurídico prevé sanciones a quienes presenten demandas contra individuos o entidades cubanas en Estados Unidos o reclamen la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton.

Por su parte, la Unión Europea, Canadá y México cuentan con sus propias leyes antídoto de protección de los intereses de sus nacionales y empresas, puestas a punto después de la firma en 1996 de la Ley Helms-Burton por el entonces Presidente William Clinton, a raíz del sonado incidente del derribo en aguas cubanas de las avionetas de la organización contrarrevolucionaria Hermanos al Rescate, solo que entonces no se aplicaron porque Clinton y sus sucesores hasta Barack Obama se cuidaron bien de posponer cada seis meses la entrada en vigor del citado Título III.

Pero ahora que Trump y compañía pasaron esa línea roja, la Unión Europea, en las personas de su alta representante para las Relaciones Exteriores, Federica Mogherini, y Cecilia Malmstrom, comisaria de Comercio, advirtieron al Gobierno estadounidense que el organismo comunitario responderá a las medidas que los afecten con todos los recursos a su disposición, entre ellos la activación de las leyes antídoto, reclamaciones ante la Organización Internacional de Comercio y pleitos de “compensación” ante tribunales del Viejo Continente.      

Por lo pronto, altos funcionarios del gobierno español y entidades de ese país con inversiones en la isla han reiterado su voluntad de enfrentar los azotes de la Helms-Burton y mantener su apuesta por Cuba. La constante visita de diplomáticos y hombres de negocio de distintos países y la presencia reciente en La Habana de empresarios y políticos británicos agrupados en la Iniciativa Cuba son claras señales en ese sentido.

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