Lo de Trump contra Venezuela no tiene nombre

Pese a la gran amenaza de la epidemia de coronavirus y el no menos preocupante peligro de una debacle económica, Washington y Colombia afilan sus dardos contra la patria de Bolívar

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Trump es ahora más peligroso porque se sabe acorralado y busca desesperadamente una salida.

“Lo de Trump contra Venezuela no tiene nombre”, le escuché decir a un vecino en la calle al conocer que el magnate-presidente acaba de acusar al primer mandatario venezolano Nicolás Maduro y a cuatro de sus principales funcionarios de estar envueltos en narcotráfico y ayuda al terrorismo, ofreciendo para colmo 15 millones de dólares como premio a quienes aporten información que pueda contribuir a su captura. 

Llama la atención que tan descabellada imputación se manifieste en medio de un cuadro casi apocalíptico para la superpotencia americana, cuando ha pasado a ser la principal fuente de contagio y enfermedad por coronavirus en el mundo, con más de 83 000 enfermos y más de 1 000 fallecidos, dejando atrás por su potencial pandémico a Italia, España y China, en ese orden.

La opinión pública en Estados Unidos pasa a convencerse de que la negligencia de Trump al enfrentar la pandemia de la COVID-19, a la que minimizó y subestimó en un primer momento, ha sido la causante de que se cumpla en este caso el lema de Trump durante su campaña electoral, de “América primero”, y ello se hace más notorio por el hecho de que, al día de hoy, en lo único que el actual mandatario ha hecho primero a USA es en el desastre sanitario, social y financiero que se les viene encima. 

Llaman la atención también otros hechos concurrentes, como la captura por la policía de tráfico en Colombia, de una camioneta con un verdadero arsenal de armas de guerra que, según las autoridades venezolanas, estaban destinadas a abastecer a un comando integrado por un grupo paramilitar colombiano que se proponía realizar atentados contra Maduro y otros dirigentes de su gobierno.  

En este sentido, el ministro de Información y Comunicación, Jorge Rodríguez, coincidió con acusaciones de Maduro y de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, en el sentido de que existían planes de Iván Duque y de Trump para desatar el 10 de marzo en Venezuela una avalancha de hechos violentos para demoler el país, pero Trump pidió a su homólogo colombiano posponerlo para fines de mes por “falta de condiciones operativas”.

Con anterioridad, Rodríguez develó desde el Palacio de Miraflores —sede del gobierno— la red de terroristas entrenados en Colombia para generar focos de violencia. “Sabemos que en Riohacha —norte colombiano— funcionan tres campamentos donde se entrenan mercenarios para activar planes contra Venezuela”, aseveró.

La evidencia contra el Presidente Iván Duque y el régimen de los Estados Unidos ha sido tan contundente que ello se sitúa como una de las motivaciones del señor Donald Trump para recurrir al peligroso recurso de acusar directamente ante la justicia al primer magistrado de otro país, por iguales cargos a los que, en 1989, llevaron a la invasión de Panamá y la captura del líder populista Manuel Antonio Noriega, aventura ejecutada por George Herbert Walker Bush a un costo de más de 3 000 civiles muertos, bajo el cínico nombre de Operación Causa Justa.  

Aunque no estamos en 1989, el potencial de peligrosidad de las presentes acusaciones contra Maduro y su entorno no escapa a los observadores internacionales ni a políticos que, como el congresista peruano y líder del partido Frente Amplio —izquierda—, Marco Arana, han opinado que es un acto “inaceptable” sobre el cual la ONU y la OEA debían pronunciarse. 

Hoy se abre paso en la opinión pública el sucio proceder del millonario- presidente, que, en lugar de cooperar con otros en medio de la pandemia universal de la COVID-19, insiste en mantener las sanciones contra un grupo de países, entre ellos Venezuela y Cuba, y arrecia sus amenazas contra la patria de Bolívar, en un intento oportunista y artero de aprovecharse de la situación creada para dañar a otros, en lugar de dedicarse a combatir el letal flagelo. 

El incorregible inquilino de la Casa Blanca ha estado haciendo oídos sordos hasta ahora a los llamados de organismos y personalidades internacionales, como Antonio Guterres, en nombre de la ONU, Alicia Bárcenas, de la Cepal, y Alberto Fernández, Presidente de la República Argentina, entre otros, quienes han pedido a Trump que levante las sanciones económicas a Cuba, Venezuela, Irán, China, Rusia, Siria y otras naciones, como una contribución a la lucha contra el también llamado virus SARS-CoV-2.

Sin embargo, al parecer, existen motivaciones muy fuertes que empujan al mandatario norteamericano en la dirección equivocada y es que la COVID-19 se ha constituido en peligro político para él, mucho más formidable de lo que lo fuera el reciente juicio de impeachment en el Congreso. 

Trump está contra las cuerdas y él lo sabe. De ahí la peligrosidad de alguien que, como muchos de sus predecesores en el cargo, está dispuesto a recurrir a cualquier medida extrema, por más ilegítima, irracional e inmoral que resulte, con tal de mantenerse en la Casa Blanca.

El millonario neoyorquino necesita desviar la atención de la actual pandemia a cualquier precio. Él está cabalmente al tanto de que el Presidente Maduro ni ningún alto funcionario de su Gobierno tienen que ver lo más mínimo con el narcotráfico ni con el terrorismo. Antes bien, él estaría en última instancia dispuesto a invadir a Venezuela para lograr sus siniestros objetivos sin medir las gravísimas consecuencias que tan descabellado acto podría acarrearle a su país y a su persona.

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