El suelo dejará de ser el potrero de don Pío

En medio de los desafíos de la Cuba de hoy, cuando se dan las primeras brazadas pospandemia y la economía rediseña el camino; en medio de escaseces, limitaciones y precios que asfixian; en medio de tantos apremios, hablar del suelo pareciera desviar la atención hacia un flanco que, aparentemente, no está en la nómina de las prioridades.

Pensar así sería otra manera de no ver la urgencia del problema ambiental más grave del país y se puede añadir que más del 80 por ciento del territorio presenta pérdida de la capa superficial del suelo. De manera que buscar la soberanía alimentaria de cara a un mercado que se encarece por días resulta más que sensato, pero tamaño reto pasará por sostener la agroproductividad de los terrenos hoy y mañana.

Aunque algunos explotan la tierra como si fuera una máquina de imprimir billetes, no puede olvidarse que un perfil de suelo —según estudios oficiales— puede tardar hasta 500 años en formarse; por lo que es también una cuestión de uso y cuidado. El fenómeno de la improductividad y manejo del terreno se expresa, por ejemplo, en la degradación de las tierras de Banao, en la salinización de áreas en Sur del Jíbaro, en fincas de Cabaiguán que hace unos años eran un paraíso para el cultivo de la malanga y hoy, ni usando la mejor de las semillas logran establecer la plantación.

Hablamos de un recurso que no es patrimonio exclusivo de la generación actual; se trata del mismo escenario donde tendrán que extraer los alimentos las generaciones futuras en una isla que, al parecer, seguirá larga, pero por la elevación del nivel del mar como consecuencia del cambio climático, puede ser a la vuelta de varias décadas más estrecha.

Sin desconocer otras amenazas como la desertificación, la sequía, la contaminación o el cambio de uso de suelo que generan las dinámicas aparejadas al desarrollo del país; solo en el 2018 se perdieron por concepto de inversión en Cuba unas 10 000 hectáreas y, según voces autorizadas, no fue un año grande en esa actividad.

Entonces, situar el suelo en el centro de la vida nacional, más que una prioridad, se inscribe entre las acciones estratégicas de que podrían diseñarse en el país para su conservación y en busca de la solvencia agroalimentaria que ahora mismo parece tan inalcanzable como el cerdo de fin de año. Preguntemos al productor de Cabaiguán Gustavo Perdomo Ríos por qué todos los años sus campos de malanga —en terrenos diferentes— parecen una postal del mejor de los cultivos; tal vez recibamos una clase práctica de manejo sostenible de tierra.

No pocas disposiciones legales y manuales de explotación han intentado desde hace años regular y proteger ese patrimonio natural, a sabiendas de que la conservación de tan valioso recurso resulta el camino para sostener hoy y mañana la producción agropecuaria y forestal, así como la biodiversidad. Sin embargo, no bastaba y se requería un cuerpo más abarcador en materia de protección del terreno y empleo de los fertilizantes ajustado al contexto ambiental y climático nacional.

Enhorabuena llega el Decreto-Ley No. 50 sobre la conservación, mejoramiento y manejo sostenible de los suelos y el uso de los fertilizantes, dictado por el Consejo de Estado y que será llevado a la próxima sesión de la Asamblea Nacional para su aprobación, en virtud de que entra en vigor el 22 de enero del 2022.

Es una norma que actualiza el marco regulatorio e incorpora conceptos técnicos actuales previstos en el contexto ambiental internacional, que garanticen la preservación de los suelos para el incremento y la variedad de las producciones de alimentos y de satisfacción de las necesidades de la industria, la explotación minera y de materiales de la construcción, en armonía con el medio ambiente.

Tal vez hemos demorado en introducir un cuerpo legal de tamaña estatura, que hacía tanta falta como sembrar arroz y frijoles; sencillamente, Cuba no puede vivir de espalda a las novedades en este ámbito, y si antes la mejor preparación de tierra era la que pulverizaba el suelo dando cruce, recruce y grada —así se enseñaba en la academia—, sepan que ya eso cambió, tanto que, según aseguran los expertos cubanos, en el mundo ya no se ve una grada sobre los terrenos, sino que se emplean implementos pequeños que no dañan la superficie.

A modo de ilustrar la coherencia de la nueva legalidad, podría decirse que a la par que establece introducir y emplear medios de preparación y alistamiento del suelo que favorezcan el cuidado, así como la bonificación de ese uso, también extiende su alcance hasta la importación de los nuevos equipamientos que se adquieran para la agricultura, de manera que respondan al interés de no dañar.

El Decreto-Ley define, además, la fertilización integrada utilizando producto químico y biológico, en armonía con el medio y ajustado a las capacidades financieras, porque aunque en estos tiempos los cultivos añoran los fertilizantes, se impone utilizar el aprendizaje de la vida y hasta evitar que se repita aquel lujo —despilfarro— ocurrido en décadas pasadas de enfriar la cerveza con urea.

Nadie piense que la fertilización integrada es un invento cubano; Europa está cambiando la matriz de productos que se emplean en el suelo y, más allá de las carencias y peculiaridades que rodean a la agricultura en la isla, es de sabio atemperarnos a las buenas prácticas que se explotan en otras latitudes.

La norma parece hecha para que el suelo deje de ser el potrero de Don Pío y concede particular protección a los clasificados en las categorías I y II —los de mejor potencial agroproductivo—; en otro orden, incorpora novedades en los mecanismos económicos, financieros, crediticios, de bonificación, impositivos y de seguro con vistas a incentivar el mejoramiento del terreno.

Sale a la luz un cuerpo legal que pone la ciencia en el primer plano de la gobernanza, enlaza al ciudadano con la protección del recurso natural y defiende el principio de sembrar y producir alimentos a sabiendas de que actuar sobre el suelo siempre genera erosión por más moderna y compatible que sea la tecnología.

Sin embargo, la clave de las nuevas regulaciones lleva a buscar la neutralidad de las tierras, un concepto que para los entendidos se traduce en que las pérdidas que ocurran en ese proceso estén igual o por debajo de la capacidad natural de formación del suelo.

Si un precepto devela la norma es asegurar el manejo sostenible del recurso para las presentes y las futuras generaciones; a la vez que incorpora el espíritu de la prevención, pues aseguran los especialistas que después que se saliniza, erosiona o contamina se vuelve impagable llevarlo a su estado original; entonces, el mejor negocio y lo más sabio es invertir en protegerlo, porque el suelo es el soporte de la comida y de la soberanía alimentaria.