Los tribunales dicen la última palabra

En correspondencia con el plan del Gobierno cubano de enfrentamiento a coleros, acaparadores, revendedores y traficantes de divisas, 17 procesos penales se han radicado en Sancti Spíritus desde agosto

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La disciplina ciudadana debe regir en las colas para acceder a los establecimientos comerciales. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

Vivían a la sombra de la impunidad y de la tolerancia. Nadie sabe a cuántos ardides apelaban para adueñarse de las colas. Algunos lo hacían a rajatabla; otros, no tanto.

A inicios de agosto, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez anunció oficialmente el plan del Gobierno de enfrentamiento a la cadena de coleros, acaparadores, revendedores y traficantes de divisas. “Estamos actuando a pedido, por denuncia e insatisfacción del pueblo”, explicitó el mandatario en esa oportunidad.

La función de impartir justicia dimana del pueblo —lo reconoce el artículo 147 de la Constitución de la República de Cuba— y es ejercida a nombre de este por el sistema de Tribunales, el cual ha radicado 17 procesos penales relacionados con dicho fenómeno en Sancti Spíritus desde agosto, como apuntó el presidente del Tribunal Provincial Popular (TPP), Amaro Cabrera Calero, en reciente comparecencia en Centrovisión.

De esa cifra, solo quedaba pendiente uno de los procesos judiciales, concentrados en el municipio cabecera. Dos apelaciones se establecieron contra las sentencias dictadas, que fueron confirmadas luego por la institución correspondiente.

Cabrera Calero señaló que las penas de encierro constituyen el 25 por ciento, y los jueces han tomado en el 75 por ciento sanciones subsidiarias (trabajo correccional sin internamiento), combinadas con la multa. “Era un grupo de personas, en su mayoría mujeres, que no se encontraba laborando”, argumentó.

En casi todos los casos, las condenas accesorias han incluido el decomiso de los bienes ocupados, agregó el presidente del TPP, quien remarcó que los asuntos judiciales se tramitaron con apego a la observancia del debido proceso, o sea, a los derechos y garantías de las partes.

Los jueces resolvieron cada caso teniendo en cuenta la responsabilidad individual del encausado ante el delito imputado. Los tribunales juzgaron y actuaron consecuentemente, con severidad y rigor, a partir del daño social de los hechos, enmarcados en las circunstancias especiales por la que atraviesa el país (crisis sanitaria generada por la COVID-19, recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba), y el rechazo que encuentran en la población.

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