Rechaza ALBA-TCP medidas de EE.UU. contra funcionarios nicaragüenses

Estas medidas coercitivas unilaterales evidencian el carácter criminal de un Estado que no respeta el derecho internacional, asegura el documento

La Alianza repudia la promoción de este tipo de acciones, que violan los preceptos fundamentales de la Carta de la ONU.
La Alianza repudia la promoción de este tipo de acciones, que violan los preceptos fundamentales de la Carta de la ONU.

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) rechazó el anuncio de medidas coercitivas por parte de Estado Unidos contra dos altos funcionarios nicaragüenses.

En un comunicado oficial del ente, emitido este domingo, se señala que las acciones contra la fiscal general, Ana Julia Guido de Romero, el secretario de la presidencia, Paul Herbert Oquist y la Institución Financiera Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Rural Nacional RL (Caruna RL) son unilaterales y violatorias del derecho internacional.

‘La Alianza repudia la promoción de este tipo de acciones, que violan los preceptos fundamentales de la Carta de Naciones Unidas. Estas medidas coercitivas unilaterales evidencian el carácter criminal de un Estado que no respeta el derecho internacional y pretende imponer su voluntad por la vía de los hechos y no del derecho’ señala el texto.

Ratifica además las solidaridad de sus países miembros al Gobierno y pueblo nicaragüense, así mismo destaca el compromiso de esa nación con la paz y el desarrollo de políticas de unidad nacional a través del diálogo.

‘El ALBA-TCP hace un llamado a la comunidad internacional y, en particular, a los pueblos del mundo a rechazar este tipo de intimidaciones y a salir en defensa de los principios del respeto a la soberanía, la libre determinación e independencia de los Estados’, culmina el comunicado emitido por el ente regional.

El pasado viernes el Departamento del Tesoro norteamericano emitió un anuncio sobre nuevas medidas contra los funcionarios y la institución por supuesta violación de derechos humanos en el país centroamericano.

Las sanciones contra empresas, ejecutivos y altos funcionarios de gobiernos no afines con su política, como Nicaragua, Venezuela, Irán, Cuba y otros se ha convertido en una práctica cotidiana de Washington en los últimos años, la cual se intensificó bajo la administración de Donald Trump.

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