Fiscalía: medio siglo en la defensa de los derechos del pueblo

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A lo largo de todo el año, por su aniversario 50, la Fiscalía General de la República en Sancti Spíritus ha desarrollado un programa de actividades de conjunto con los organismos e instituciones del territorio, no solamente en el ámbito político, sino también en el perfeccionamiento de su labor, que lleva implícito el acompañamiento como representante del Estado y en el ejercicio de la defensa de los derechos del pueblo, a través de la línea de atención a la ciudadanía.

Así lo expresó a Escambray Amparo Pereira Rosa, fiscal jefa provincial, quien puntualizó que a inicios de este año se produjo un incremento del delito, sobre todo en los hechos contra el patrimonio y contra el ganado mayor; sin embargo —dijo— la labor de enfrentamiento, conjuntamente con los órganos operativos del Ministerio del Interior, permitirán cerrar el año 2023 de manera favorable.

“Los delitos de mayor envergadura son el robo con fuerza y el hurto en viviendas, que afectan mucho a la población, por los bienes que le sustraen, y los robos con violencia en las personas, que también han tenido una gran connotación; por supuesto, también los hechos contra el ganado mayor, que se han logrado contener en los últimos meses por la cantidad de autores detenidos por el Minint que hemos sometido a procesos penales, pero que han tenido una alta repercusión”.

¿En qué medida la Fiscalía en Sancti Spíritus está en condiciones de atender con eficacia el enfrentamiento a los delitos penales?

A la Fiscalía le corresponde por mandato constitucional ejercer el control de la investigación penal  y la acción penal pública,  como la principal misión de nuestra institución, así como llevar a cabo el control de la legalidad en los organismos del Estado, las instituciones y los ciudadanos. Debemos decir que afrontamos dificultades en el completamiento de las plantillas con personal especializado, pero la esfera penal siempre se prioriza y hemos dado cumplimiento a la tramitación de todos los expedientes ante los tribunales, como está establecido.

Con respecto a la fuerza técnica, tenemos convenio y vínculos permanentes con la Universidad, donde se forman los estudiantes en la especialidad de Derecho del curso regular y en la próxima graduación debemos recibir 13 egresados que pondrán a la provincia en mejores condiciones para cubrir el espectro completo de atención a los procesos en las diferentes materias, que incluye la tramitación de asuntos civiles, administrativos, laborales, económicos y otros. También tenemos trabajadores de la propia Fiscalía que se encuentran en los cursos por encuentro para titularse como licenciados en Derecho, que deben ocupar plazas de fiscales una vez que se gradúen.

¿Cómo valora la labor del Departamento de Verificaciones Fiscales en el presente año?

Existe un departamento en la provincia y un fiscal en cada municipio, auxiliados por cinco asistentes comprobadores, auditores de la Fiscalía, que se dedican al control de la legalidad con respecto al cumplimiento de las leyes y demás disposiciones por las entidades del Estado. La línea de trabajo establecida por la Fiscalía General de la República hoy es realizar verificaciones fiscales sectorializadas a nivel de todo el país; es decir, que el país prioriza temas como  alimentos, medicamentos, combustibles y de este modo se valora el comportamiento de esas actividades en determinados sectores que abarcan toda la nación. Es la manera que tienen la Fiscalía y la Contraloría de ilustrar al Gobierno y al Partido sobre cómo se comporta la legalidad nacionalmente.

Hay temas que son complementarios, como nosotros les llamamos, pero que son obligatorios también, como la asistencia social. Actualmente estamos revisando además cómo las entidades que tienen sancionados trabajando cumplen con sus derechos, es algo novedoso que se ha incorporado a la Fiscalía. Igualmente, tenemos las verificaciones fiscales por interés local del Partido y del Gobierno. Asimismo, están las investigaciones fiscales, que reducen el término a 20 días, en estos casos, por ejemplo, vamos a revisar salario, porque hay una información previa de que existen problemas en un centro determinado, por una queja o un anónimo, y se va allí a investigar ese asunto nada más, proceso que concluye con la aplicación de medidas concretas para restablecer la legalidad.

¿Cómo se define el feminicidio desde la ley y qué tratamiento le ofrece la Fiscalía en Sancti Spíritus?

Este es un fenómeno que ha proliferado en los últimos tiempos, relacionado sobre todo con la violencia de género contra las mujeres y las niñas, en este caso con lesiones y asesinatos, y también en alguna medida la tentativa cuando no se llega a causar la muerte. En este caso está definida una política muy severa a partir de que es un hecho de gravedad y por la connotación, además, que ha mostrado en los últimos tiempos y a partir de todo lo que el Estado ha trazado para cumplir los protocolos que tenemos establecidos para lograr la protección de la mujer. En la provincia hemos tenido un grupo de procesos en los que, reitero, la política penal es de severidad; se han registrado nueve asesinatos y una tentativa de asesinato. Todos los imputados están en prisión provisional, ya tenemos un proceso en que se le solicitó al imputado la privación perpetua de libertad, sanción que fue aplicada por el Tribunal.

Estos son hechos muy repudiados por la población. Estamos haciendo una evaluación de todos los procesos, a ver en cuáles de ellos han estado presentes los hijos, evaluamos las circunstancias de cada hecho en específico para determinar la política penal, que en Sancti Spíritus, al igual que en el resto del país, reitero, es de severidad y, por supuesto, a la hora de impartir justicia, el Tribunal tendrá en cuenta esta política de severidad.

¿Qué labor preventiva realiza la Fiscalía dirigida a la educación jurídica de la población?

 Precisamente, a partir de las funciones que tiene la Fiscalía de garantizar el cumplimiento de la legalidad, no solo por las entidades en la esfera de las verificaciones fiscales, sino también por los ciudadanos que sientan protección y que también cumplan lo que está establecido, la institución lleva a cabo un trabajo preventivo con un grupo de acciones que están diseñadas para ese fin. Fiscales nuestros participan en los programas radiales de la emisora provincial y de las que existen en varios municipios, en el telecentro, y también en conversatorios en los barrios, donde se abordan las normas legales vigentes; este trabajo está dirigido al conocimiento de las leyes por el pueblo.

Es una labor que continuamos permanentemente, en correspondencia con la aprobación de nuevas leyes por la Asamblea Nacional. La Fiscalía tuvo una participación activa en la discusión del proyecto de ley del Código de las Familias, que ya se aprobó y está vigente. No solamente estudiamos y discutimos con la población los proyectos de nuevas leyes, sino también damos a conocer el contenido de las que están vigentes, como parte de la educación jurídica de nuestro pueblo.

Pero hoy la atención a la ciudadanía constituye un sistema, porque no solo está el departamento de atención a los ciudadanos, al cual las personas pueden acudir de manera presencial, plantear cualquier inquietud y recibir respuesta; está también el buzón en cada oficina de la Fiscalía en la provincia y los municipios, donde las personas pueden plantear por escrito sus problemas. Además, tenemos la Línea Única, que es un número que se ha ido divulgando y al que las personas pueden llamar a cualquier hora, incluso de noche, se recepcionan esas llamadas, se tramitan los planteamientos, y se les da respuesta.

Igualmente, existen el portal web de la Fiscalía y el correo electrónico, incluso hay fiscales que atienden también y velan por el cumplimiento de los derechos de los reclusos en las prisiones, y si reciben quejas de estos o de sus familiares se tramitan y se les da respuesta.

Por eso decimos que la atención a la ciudadanía por la Fiscalía es un sistema y una prioridad de nuestra institución; porque las personas no solo vienen y plantean cualquier petición que tengan sobre cualquier materia, sino que nosotros tenemos la obligación de investigar, dar respuesta y restablecer la legalidad si se comprueba que existen violaciones de la legalidad.

Se ha establecido desde hace algún tiempo, y ahora quedó oficializado con la Ley de la Fiscalía, que se vincule el Departamento de Protección a la Familia y Asuntos Jurisdiccionales, que, además de ventilar los procesos civiles en los tribunales, atiende también a los menores y a los sectores vulnerables, tales como mujeres con niños pequeños, menores de edad, ancianos…. La ciudadanía viene a la Fiscalía y es atendida por el Departamento de Atención a los Derechos Ciudadanos, pero si están presentes  personas de ese sector vulnerable, internamente se le da conocimiento también al Departamento de Protección a la Familia y se ventila el problema de forma conjunta.

Se vincula también a la atención a la población el Departamento de Control a la Legalidad en los Establecimientos Penitenciarios, que hace las inspecciones directamente en las celdas y exige por que se garanticen los derechos de los ciudadanos que se encuentran recluidos allí, y durante esas visitas los fiscales atienden quejas que tengan los reclusos o sus familiares.

Finalmente, ¿en qué medida la participación del abogado desde el momento en que es detenida la persona a la que se le imputa su presunta participación en un hecho delictivo favorece o entorpece el proceso penal en la actualidad?

La nueva Ley del Proceso Penal le da la posibilidad al letrado de entrar desde el inicio de la detención del ciudadano y esto ha favorecido el proceso penal, es una garantía para el acusado. El policía o el instructor penal están obligados a preguntarle al detenido si quiere que el abogado esté presente en su interrogatorio, y si dice que sí hay que facilitarle que contrate el letrado que él desee y eso es una garantía para todo el proceso. Hay determinados imputados que llevan abogados de oficio y si no lo quieren hay que nombrarlos de todos modos. Ese es el caso de los menores de 18 años; la edad penal es de 16, pero, por supuesto, entre 16 y 18 años hay garantías también, y a esos jóvenes cuando no piden abogado se les nombra de oficio, porque la ley los protege, y también se exige la presencia de los padres para que ellos declaren y se les brindan todas las facilidades durante todo el proceso para que presenten las pruebas que deseen aportar. Si están bajo la medida cautelar de prisión provisional, su abogado puede tramitar en cualquier momento la solicitud de modificación de dicha medida o solicitar la nulidad de determinada acción durante el proceso penal porque considere que no se hizo en correspondencia con las normas legales.

Todo eso nos da una garantía para que ese proceso penal, que se inicia en el Minint, transita por la parte que la Fiscalía tiene que controlar y culmina con una sentencia del Tribunal, tenga todas las garantías legales. Incluso, el letrado puede solicitar antes del juicio la modificación de la medida cautelar de prisión provisional y si el fiscal se la deniega, solicitar un control judicial ante el Tribunal.

Por último, recordamos a la población que puede acudir a la Fiscalía por las siguientes vías: Línea Única las 24 horas a través del número 80212345, por el correo electrónico atencionciudadano@fgr.gob.cu y el portal web https://www.fgr.gob.cu, además de las otras vías mencionadas.