Periódico de Sancti Spíritus

Denunció Lugo persecución por funcionarios a militantes de izquierda

El destituido presidente constitucional de Paraguay, Fernando Lugo, denunció este lunes que los nuevos funcionarios designados en distintos organismos llevan adelante una persecución contra trabajadores opuestos al golpe parlamentario.
En sus declaraciones, Lugo señaló varios ejemplos, entre ellos, el despido de 300 trabajadores de la hidroeléctrica binacional Itaipu bajo la acusación de pertenecer a movimientos de izquierda.
En el organismo de control de las semillas, perteneciente al ministerio de Agricultura, se registraron mas de 100 despidos, también por razones políticas, agregó.
Las mismas cesantías  por razones políticas se repiten en otros ministerios y entidades oficiales, donde acumulan el poder antiguos miembros de la dictadura de Alfredo Stroessner, unidos a dirigentes del Partido Liberal Auténtico, añadió.
Lugo reveló que ni él, ni el senador Carlos Filizzola, recibieron aún el registro grabado de las sesiones del Congreso y de la sentencia del juicio político hecho para desalojarlo del cargo para el cual fue electo.
Continúan las ilegalidades con persecuciones y atentados a la gente que resiste pacíficamente y se busca amedrentar a aquellos dirigentes políticos quienes  no han claudicado en la defensa de la democracia paraguaya, subrayó.
Por otra parte, representantes del aislado gobierno actual presentaron ante el Tribunal Permanente del Mercosur una demanda en la cual solicitan dejar sin efecto la suspensión aplicada por esa instancia como rechazo a la destitución del presidente Lugo.
La demanda busca echar atrás la sanción aplicada por la interrupción del hilo democrático en la nación, condenado internacionalmente como lo demuestra que apenas tres países reconocieron el gobierno de Federico Franco y una gran cantidad de embajadores acreditados aquí, regresó a sus Estados.
Franco y sus seguidores esperan también un fallo favorable al golpe por parte de la Organización de Estados Americanos bajo la presión directa de Estados Unidos y la ambigua posición de su secretario general, José Miguel Insulza.



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