Sancti Spíritus: Motorinas en la ruta del delito

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La siguiente historia bien que podría iniciar al estilo de Gabriel García Márquez en Crónica de una muerte anunciada. Está basada en hechos reales ocurridos entre la noche del 14 de junio del 2022 y la madrugada del 15.

El día en que lo iban a matar, Alfredo* regresaba de buscar comida para sus animales cuando tres jóvenes le hicieron señas para que detuviera la moto eléctrica, mientras uno de ellos fingía hablar por el celular con la novia.

Eran las 11:21 p.m. y le ofrecieron un buen dinero si los llevaba hasta el Camino de las Cañas, en la barriada de Colón. Lo suyo no es “tirar pasajes”, pero ante tanta inflación pensó que le vendrían bien unos pesitos de más, así que aceptó y, sin saberlo, casi sellaba su destino.

El viaje era hacia las oscuras calles que bordean la empresa mayorista de la sucursal Cimex en Sancti Spíritus. Una vez allí, el mismo joven que pretendía charlar con la pareja le pidió avanzar por un terreno baldío donde no se veían casas.

“Ella me espera detrás de esos matorrales —le dijo—, apúrate, que está sola y tiene miedo”.

Ahora fue el chofer quien sintió miedo. Tal vez olfateó el peligro o percibió alguna señal en el aire; lo cierto es que aceleró la moto en un intento desesperado por evadir la trampa y eso casi le cuesta la vida.

Todo pasó en cuestión de segundos: como por arte de magia, el joven del celular sacó un cuchillo y cortó el cuello de Alfredo, quien, a punto de ser degollado, saltó de la motorina aún en movimiento.

Ya sin chofer, el motor perdería el control y chocaría contra una cerca, hasta darle unos preciosos momentos de ventaja.

Empapado en sangre, intentó escapar, pero el joven que lo había agredido se le vino encima, cuchillo en mano, con la clara intención de terminar el trabajo.

Forcejaron y Alfredo recibió dos heridas más de arma blanca: una cerca del corazón y la otra casi rozándole un riñón. La sangre brotaba a borbotones; pero sabía que era una pelea de todo o nada, como las de los gladiadores romanos, excepto que él no tenía arma alguna.

“Fue pensar en mi familia lo que me salvó —explica—. Luchaba por mi vida y a la vez pensaba en mi hijo que en diciembre cumple 11 años, en mi esposa, en lo duro que sería para todos si me mataran allí. La adrenalina también hizo lo suyo y no sentía dolor. Solo me defendía como podía, con uñas y dientes. Los otros dos que estaban sacando la motorina del hueco en el que había caído de pronto venían también pa’rriba de mí y creí que ese iba a ser el final”.

Pero no lo fue, porque en un descuido del atacante Alfredo logró huir y corrió como nunca lo había hecho en su vida, tan rápido que ni siquiera tres hombres más jóvenes que él pudieron alcanzarlo. Ya en un lugar seguro llamó a la policía, que en menos de 24 horas recuperó la moto eléctrica y detuvo a los implicados.

Hoy los autores del delito, cuyas edades oscilan entre los 18 y los 22 años, están asegurados con la medida cautelar de prisión provisional y el proceso continúa en investigación. Sin embargo, duele saber que jóvenes formados en los principios éticos y morales que rigen el sistema educacional cubano hayan actuado con tanta frialdad y desprecio por la vida ajena.

RECONSTRUYENDO LOS HECHOS

La actuación eficaz de los órganos de enfrentamiento del Ministerio del Interior (Minint), de conjunto con la población, ha permitido esclarecer de manera rápida en lo que va de año el robo de seis motos eléctricas en la provincia de Sancti Spíritus.

Según el mayor Yéster Reyes Marrero, primer oficial de la jefatura de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en el territorio, se trata de delitos que atentan contra el patrimonio, por lo cual se enfrentan con todos los medios y fuerzas técnicas.

“Este delito tiene incidencia en varios municipios de la provincia, aunque la mayoría se reportan en Sancti Spíritus, seguido de Cabaiguán, Jatibonico y Trinidad. En la ciudad cabecera han ocurrido hechos delictivos en varios consejos populares como el Parque, Los Olivos, Jesús María y Kilo-12”, ejemplifica.

Dentro de los mencionados consejos populares, los órganos de enfrentamiento del Minint han identificado áreas de mayor concentración delictiva, como el Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos y sus inmediaciones, el parque Serafín Sánchez Valdivia, el parque Honorato del Castillo y en zonas periféricas de la ciudad donde la densidad poblacional es relativamente baja.

En el caso del hospital, aclara el mayor Yéster, las personas no hacen uso del parqueo oficial y dejan la motorina en áreas donde la vigilancia es nula, tan solo por no pagar el importe establecido.

Lo mismo ocurre en el centro de la ciudad de Sancti Spíritus, donde existen parqueos muy bien señalizados y, aun así, algunos prefieren hacer caso omiso de advertencias y dejan su moto eléctrica a un costado de la Biblioteca Provincial Rubén Martínez Villena o en calles laterales a la Parroquial Mayor, en las que en cuestión de minutos han ocurridos los robos.

“Sin lugar a duda, es el descuido de los propietarios la principal causa que favorece hoy la sustracción de ciclomotores eléctricos en Sancti Spíritus. La mayoría de sus dueños creen que el sistema de seguridad de los mismos es suficiente para evitar el hurto, pero la realidad ha demostrado que este se vulnera con facilidad”, argumenta.

Los autores de este tipo de hechos fuerzan el timón porque el interior posee tan solo una fina lámina de calamina que, al ser girada en sentido contrario a la posición natural, parte el seguro. Posteriormente introducen la mano por debajo del asiento y apagan el breaker o interruptor del circuito eléctrico del ciclomotor, para inutilizar así el sistema de alarma.

“Son muchas las personas que a altas horas de la noche circulan en motorinas por lugares apartados y esto también favorece el hecho delictivo. A veces el dueño del ciclomotor llega a centros recreativos como paladares y discotecas, lo deja en la entrada y, una vez concluida la gestión, se percata de que ha sido sustraído”, insiste.

“Queremos llamar la atención de padres que permiten a sus hijos menores de edad, con pocas habilidades para el manejo y cuidado de la moto eléctrica, que circulen por lugares a veces poco frecuentados o centros educativos, donde parquean en áreas con escasa seguridad y de esto se aprovecha el delincuente”.

Reitera el mayor Yéster Reyes que, ante la sospecha de personas merodeando cerca de motorinas, se debe llamar al 106, o de igual forma, cuando se detecten personas que caminen por las calles usando casco y sin moto aparente.

Según el oficial del Minint, a través de la reconstrucción de los hechos ha sido demostrado que estos individuos no operan solos, sino en complicidad con varias personas. “Tenemos así un malhechor que sustrae la motorina y uno o dos más que favorecen la huida”, comenta.

Decisivas han resultado entonces las llamadas de la población a esa propia línea telefónica, mediante las cuales se logra esclarecer la mayoría de los casos: “Constantemente estudiamos la situación operativa de la provincia y estamos conscientes de la irritación que hechos de esta naturaleza provocan en el pueblo”.

“Hoy nos enfrascamos en eliminar los factores de riesgo y, como parte del sistema de enfrentamiento nocturno de la PNR, visitamos centros recreativos y zonas aledañas a parqueos y cuando nos percatamos de un ciclomotor eléctrico desprotegido, buscamos al dueño y lo alertamos”, apunta.

En estos momentos se agiliza el esclarecimiento de los casos pendientes.

UN DELITO SIN IMPUNIDAD

Los hechos asociados al robo y hurto de motorinas se sancionan dentro del título 13 de la Ley No. 62 del Código Penal vigente (aún no ha entrado en vigor el aprobado recientemente por el Parlamento cubano), como delitos contra los derechos patrimoniales, o sencillamente contra el patrimonio, informa María Esmeralda Pérez Pérez, fiscal jefa del Departamento de Procesos Penales de la Fiscalía Provincial de Sancti Spíritus.

“En cuanto al robo o sustracción de motorinas, ha habido una cierta incidencia respecto a años anteriores, en los cuales dicho delito no era tan común y, sin embargo, ahora lo vemos con una frecuencia mensual y hasta semanal; aunque la frecuencia es relativa porque a veces las personas demoran en hacer la denuncia y en otros casos ni siquiera la hacen, pues dudan del accionar de los órganos pertinentes. Generalmente sí se denuncia el robo de motorinas por el impacto económico que tiene para las familias afectadas”.

El capítulo 1 de la Ley No. 62 del actual Código Penal no deja margen a dudas en lo referido al hurto cuando explica: “Quien sustraiga una cosa mueble de ajena pertenencia, con ánimo de lucro, incurre en sanción de privación de libertad de uno a tres años, o multa de 300 a 1 000 cuotas o ambas”.

Pero la sanción es de privación de libertad de tres a ocho años si el hecho se comete en vivienda habitada, se hallen presentes o no sus moradores; si se realiza con la participación de menores de 16 años de edad; o si se ejecuta por una o más personas que actúan como miembros de un grupo organizado.

De acuerdo con Esmeralda Pérez, estos delitos se clasifican en correspondencia con la forma de ejecución del hecho y también se clasifica como hurto la sustracción del ciclomotor con la intención de vender en el mercado negro algunas de sus partes y piezas como gomas o espejos para después dejarla abandonada en la vía pública, aunque estos últimos ejemplos no son mayoritarios en Sancti Spíritus.

“Aquí predomina el hurto de las motorinas para desarmarlas y vender todas sus piezas, partes y accesorios de manera ilegal, con lo cual evitan así la posterior identificación por parte del dueño. Asociado a esto tenemos también el delito de receptación, que se refiere a quien compre entonces una de estas piezas o accesorios fruto del delito”, argumenta.

Refiere la fiscal que, en una vivienda ubicada en La Rotonda, los autores del hecho rompieron las persianas de una ventana para acceder al interior de la casa y sustraer así la motorina. En esos casos, el delito se tipifica como robo con fuerza y la sanción de privación de libertad puede ser de ocho a 20 años cuando ocurre en la vivienda habitada, pero vacía.

Sin embargo, la sanción es de privación de libertad de 20 a 30 años o de privación perpetua de libertad si este acto se comete en vivienda habitada, con sus moradores dentro.

*El nombre del entrevistado fue cambiado para proteger su identidad.