Desde hace 45 años la Revolución cubana se institucionalizó

El 24 de febrero de 1976 el pueblo cubano aprobó por aplastante mayoría del 97.7 por ciento de los votos de las 5 602 973 personas que acudieron a las urnas, la primera Constitución de la etapa de la construcción socialista, 17 años después del triunfo revolucionario del primero de enero de 1959.

No se trataba de que el país careciera de cuerpo legal, pues al triunfo de la Revolución se puso en vigencia —con algunas modificaciones— la Constitución de 1940, aspiración tan cacareada por la burguesía dominante que la había aprobado ese año, pero que permitió a los gobiernos del Partido Revolucionario Cubano, de Ramón Grau San Martín, (1944-1948) y Carlos Prío Socarrás (1948-1952), pasarla por alto, sobre todo en sus aspectos más progresistas.  

Luego, el 10 de marzo de 1952 el expresidente Fulgencio Batista dio su fatídico golpe de estado y derogó lo que quedaba de aquella Carta Magna considerada progresista para su tiempo, para imponer su régimen de facto mediante los llamados Estatutos Constitucionales. Lo demás es historia sabida, pues el pueblo cubano no aceptó la dictadura, sino que emprendió una guerra que, a un alto costo en sangre y sufrimientos, le trajo la ansiada libertad.

Pero la Revolución no encontró un camino fácil. Lo primero que sus dirigentes, liderados por el joven abogado Fidel Castro, descubrieron, es que la voluntad y poder de decisión acerca de aplicar o no los preceptos favorables al pueblo y recogidos en aquella ley de leyes, no radicaban en Cuba, sino en Estados Unidos, que pese a la eliminación en 1934 de la odiada Enmienda Platt impuesta a la Constitución de 1901, continuaban haciendo y deshaciendo en Cuba.

Para probar esta afirmación baste un solo ejemplo, y es el de la Ley de Reforma Agraria, contemplada en el cuerpo legal del año 40, cuya promulgación por el Gobierno Revolucionario el 17 de mayo de 1959, le atrajo toda la furia del norte revuelto y brutal. Casi desde entonces se entabló el debate acerca de qué hubiese pasado de haber limitado Fidel Castro sus acciones al programa esbozado en el alegato de autodefensa por los sucesos del 26 de julio de 1953 y conocido posteriormente con el nombre de Programa del Moncada.  

Quienes peinan canas en la perla de Las Antillas, saben muy bien cómo fueron aquellos primeros años de la Revolución, atacada por sabotajes, atentados, agresiones de todo tipo, bandas armadas, invasión mercenaria y proyectos desestabilizadores como el Plan Mangosta, que llevaron a la Crisis de los Cohetes o de Octubre de 1962, cuando el mundo estuvo a punto del exterminio nuclear.

Por tales razones, no quedó a la Revolución otra alternativa que resistir e ir profundizando sus medidas, con un cariz que superaban la de la etapa democrático popular, para entrar en las de franco matiz socialista, sin que se les reconociera esa naturaleza hasta el 16 de abril de 1961 en el acto de despedida a las víctimas del ataque a los aeropuertos cubanos, víspera de la invasión mercenaria por Playa Girón, cuando Fidel declaró de manera oficial el carácter socialista del proceso que lideraba.

Sí, en aquel maremágnum de agresiones y situaciones comprometidas sufridas en los primeros años, no quedó más remedio que improvisar sobre la marcha y proceder de manera operativa resolviendo los problemas del día a día, sin saber lo que podía ocurrir la mañana siguiente. Por tanto, existía poco margen para un proceso regular de institucionalización, que siempre estuvo en la mira de sus principales dirigentes.

Fue así que en 1972 se creó la Comisión de Estudios Jurídicos del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, con el fin de definir las bases para acometer la redacción de la que sería la primera Constitución socialista. El trabajo avanzó y el 22 de octubre de 1974, en una reunión conjunta del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros y el Buró Político del Partido Comunista se acodó crear una comisión mixta del Partido y el Gobierno con el objetivo de preparar y redactar el anteproyecto de la nueva Carta Magna.  

Según recoge la historia constitucional cubana, al día siguiente de la citada reunión se creó la comisión redactora, la cual realizó el 28 de octubre su primer encuentro oficial, en el cual se crearon cuatro grupos de trabajo y una comisión de estilo. Trabajando a un ritmo intenso, al cabo de un mes cada grupo entregó sus propuestas, y luego discutieron conjuntamente el texto completo, iniciándose la revisión aspecto por aspecto, labor que concluyó el 24 de febrero de 1975 con la terminación del anteproyecto, el cual fue entregado a Fidel Castro Ruz, primer secretario del Comité Central del Partido. 

Los años 1975 y 1976 fueron, desde el punto de vista jurídico-constitucional, años de particular intensidad, con el desarrollo del proceso de discusión pública del anteproyecto, en el cual participaron más de 6 millones de personas que propusieron 12 883 modificaciones, 2 343 adiciones, así como 84 solicitudes de aclaraciones del texto base.

El 29 de diciembre de 1975 había sido promulgada la Ley de Referendo, para someter a la aprobación popular los proyectos de Constitución y de la Ley de Tránsito Constitucional, que serían sometidos a escrutinio el 15 de febrero de 1976, y aprobados por el pueblo por una mayoría cercana al 98 por ciento de los votos. Se había dado un paso de gigante al dotar al país con su flamante ley de leyes, de 12 capítulos y 141 artículos, la cual fue promulgada de manera oficial el 24 de febrero de 1976, en el habanero teatro Carlos Marx, en acto solemne y público, cuando se cumplían 81 años del inicio de la Guerra Necesaria.

La Constitución de 1976 marcó un hito en la historia de la judicatura en Cuba, pues fue antecedida por cuatro constituciones “mambisas” y dos de la etapa burguesa, preámbulo a su vez de la hoy vigente Carta Magna aprobada en el 2019. Entre sus particularidades figura el que creó los poderes populares como forma de gobierno y dio lugar a una profunda División Político Administrativa que sustituyó las antiguas seis provincias por 14 contentivas de un total de 169 municipios.

Esa Constitución refrendó un grupo de importantes valores jurídicos, como la libertad política, la justicia social, la solidaridad humana, el bienestar individual y colectivo, la democracia, la igualdad, la participación popular, la legalidad, la independencia nacional y la soberanía.