Escambray Periódico de Sancti Spíritus
En tiempos donde muchas familias cubanas sufren el descalabro de la economía, los interminables apagones, las carencias de insumos, medicinas y solvencia para los precios actuales, resulta un dolor de cabeza definir quién es una persona vulnerable o no, aun cuando las trazas de fragilidad se notan en demasiados rostros
Según el Acuerdo 9152/2021 del Consejo de Ministros, la vulnerabilidad social se define como situación que “limita o dificulta la capacidad de una persona, familia, grupo, comunidad, en interés de anticipar, lidiar, resistir, recuperarse del efecto de una amenaza natural, social, económica o de salud, así como aprovechar las oportunidades disponibles en cada territorio, en distintos ámbitos socioeconómicos y en redes de relaciones para garantizar su subsistencia, calidad de vida, bienestar o impedir su deterioro”.
No por casualidad en Cuba, según datos del Ministerio de Finanzas y Precios, el 62 por ciento de los gastos, que representan en valores 245 493 millones de pesos, son destinados a los sectores sociales, con lo que se respaldan los servicios básicos a la población en sectores como la Salud Pública, la Educación, la asistencia y la seguridad social.
De ese total, una parte se dirige a la asistencia social que abarca servicios a madres e hijos con discapacidad severa, la atención a domicilio de personas contratadas como asistentes sociales, el cuidado de adultos en hogares de ancianos y casas de abuelos, el pago del servicio de transportación de pacientes que requieren atención médica especializada, así como de la alimentación del Sistema de Atención a la Familia, y la entrega de recursos para elevar la calidad de vida de personas que viven en situación de vulnerabilidad social.
En Sancti Spíritus se protegen con la asistencia social alrededor de 4 500 núcleos familiares y se benefician más de 7 000 individuos. Según Sara María Álvarez Perdomo, subdirectora de Prevención y Asistencia Social en la Dirección Provincial de Trabajo, cada año se destina una cantidad considerable de financiamiento para estos fines. “Para el año en curso se aprobó un presupuesto de 143 millones 810 000 pesos, de los cuales se han ejecutado unos 97 millones, es decir, el 67,5 por ciento. La mayor parte de ese financiamiento se ha dirigido a las prestaciones monetarias temporales (alrededor de 60 millones de pesos) que incluyen, entre otros, los servicios de hogares de ancianos, casas de abuelo y consumo de electricidad”, detalló la directiva.
Como parte de esas acciones, se otorgaron también protecciones especiales a madres de hijos con discapacidad severa, se garantizó el acceso a los beneficios del servicio de asistencia social a domicilio como las cuidadoras, se concedieron subsidios parciales o totales para servicios sociales comunitarios, así como recursos tales como colchones, camas, ropa, toallas, sábanas, calzado y enseres de cocina.
Siempre, cuando se trata de personas que no tienen mucho, puede haber algo que ofrecer, sobre todo si hay dinero, y aun así, algunos modos de actuar no pasan inadvertidos, cuando no se ejecutan los montos aprobados; aunque según el criterio de los directivos de la asistencia social en Sancti Spíritus, a pesar de que en estos momentos algunos municipios tienen bajos niveles de ejecución del presupuesto aprobado, se pretende cerrar el año con todo el financiamiento liquidado en bienes y servicios.
De acuerdo con sus datos el municipio que más bajo tiene el presupuesto es Yaguajay que pasó de las prestaciones monetarias a la entrega de recursos y hoy está al 42 por ciento, y en similar situación están Fomento y La Sierpe.
Valdría la pena preguntarse ¿Cómo es posible que, en medio de una crisis económica tan aguda, existan recursos sin ejecutar mientras crece la necesidad de las personas? ¿Qué está mal en los mecanismos de cada localidad y municipio? ¿Por qué algunos territorios logran ejecutar sus partidas y otros no?
Para concretar la ejecución de un presupuesto, sobre todo este, que protege a personas vulnerables, hay que analizar, chequear y controlar. ¿Qué fue lo que se aprobó en el plan? ¿Qué se ha ejecutado? Porque de la efectividad del uso del presupuesto de gasto depende una pequeña mejoría en la calidad de vida de estas personas.
Por otra parte, se podría pensar que lo que se eroga por esas prestaciones es una suma ínfima, teniendo en cuenta el desmedido incremento de los precios en los sectores estatal y privado, algo que es innegable, pero lo peor que puede pasar es no emplear el dinero disponible, eso es tan criticable como dilapidarlo, como sucede con los más de 133 millones de pesos que destina la provincia a los subsidios de materiales para la construcción (un presupuesto asignado también para apoyar a los sectores más vulnerables) que ni siquiera se había tocado al cierre de septiembre.
Las causas por las que eso sucede van desde la identificación deficiente de las personas en situación de vulnerabilidad, trabas administrativas, descontrol y falta de iniciativa de las entidades responsables, incluidos los Gobiernos locales, entre otras.
Habría que estar en el cuerpo y la mente de quienes realmente necesitan prestaciones, que en estos momentos no son pocos, y ponerse en la piel de quienes lo perdieron todo debido al paso del huracán Melissa, para saber cuánto facilita la vida el uso correcto del presupuesto, cuánto alivia la certeza de que no están solos y que sobra sensibilidad en el trato institucional, porque de eso depende el uso justo y comedido de ese dinero.
Escambray / ISSN 9664-1277
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