Ecuador llegó este jueves al décimo octavo día de protestas contra el Gobierno de Daniel Noboa con manifestaciones en diversos puntos del país.
A pesar del feriado nacional decretado por el mandatario, varias comunidades mantienen la resistencia.
En la provincia de Pichincha, habitantes de la comunidad de San Miguel del Común, en el norte de Quito, salieron a las calles para expresar su descontento con las medidas económicas del Ejecutivo, en particular la eliminación del subsidio al diésel.
Impulsados por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), decenas de vehículos y motocicletas recorrieron este jueves carreteras de las afueras de la capital como muestra de respaldo a las movilizaciones.
También en el parque El Arbolito, en el centro norte de Quito, artistas, estudiantes y trabajadores se sumaron a las protestas contra las políticas económicas y también contra la represión por parte de la fuerza pública.
El grupo avanzó hasta los exteriores de la Fiscalía General del Estado para denunciar los abusos cometidos durante las jornadas de movilización nacional.
“Somos pueblos, no somos terroristas”, afirmaron los asistentes que criticaron el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas.
De ahí marcharon hacia la Corte Constitucional para expresar el repudio al proceso de consulta popular promovido por el mandatario para proponer una nueva Constitución.
Las movilizaciones, que llegan hoy al día 18, se han concentrado en localidades de la sierra ecuatoriana en medio de un estado de excepción vigente en 12 provincias.
En la capital del país se espera el domingo 12 de octubre una marcha de diversos sectores sociales desde Villaflora, en el sur de la urbe, hasta el parque El Arbolito, en el centro.
En entrevista con un medio internacional, el presidente de la Conaie, Marlon Vargas, aseguró que la lucha de su gremio “va más allá del subsidio al diésel” y, además, reclaman atención a problemas en los sectores de educación, agua y salud.
Mencionó la exigencia de rebajar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), cuyo aumento debía servir para seguridad, pero- según dijo- ha servido para “violaciones a los derechos humanos”.
El Ejecutivo, por su parte, afirma que las medidas económicas son necesarias y que los manifestantes buscan desestabilizar el país.
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