El cuidado de los mayores se abre al sector no estatal

La Gaceta Oficial número 23, publicada este 26 de febrero, ha oficializado una medida que responde a la necesidad de ampliar y diversificar las opciones de cuidado para sectores vulnerables de la población: el gobierno cubano autoriza a los actores económicos no estatales —emprendedores privados, cooperativas y microempresas— a crear y gestionar residencias para el cuidado de adultos mayores y personas en situación de discapacidad. La disposición, firmada por el primer ministro Manuel Marrero Cruz en noviembre de 2025 y que entrará en vigor en treinta días, constituye un paso en la actualización del modelo de gestión de los servicios sociales en la isla.

UNA NUEVA MODALIDAD DENTRO DEL SISTEMA DE CUIDADOS

El Acuerdo 10249/2025, inserto en el sumario del Consejo de Ministros, establece con claridad las reglas para esta nueva forma de prestación de servicios. Las modalidades previstas son: residencias de cuidados diurnos, residencias de cuidados permanentes, o una combinación de ambas. La autorización para operar será otorgada por el director general de Salud municipal, una vez que se certifique el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Ministerio de Salud Pública (Minsap).

El marco legal descentraliza funciones clave sin perder el control estatal sobre la calidad del servicio. El Minsap mantiene la responsabilidad de establecer los requisitos de las instalaciones, garantizar la atención médica y estomatológica de los beneficiarios, y —aspecto fundamental— supervisar la capacitación y acreditación del personal a través de escuelas para cuidadores. Se configura así un sistema formativo obligatorio que asegura la profesionalización del sector, cuyos costos serán determinados por el Ministerio de Finanzas y Precios.

LA PROTECCIÓN DE LOS MÁS VULNERABLES: UN PRINCIPIO IRRENUNCIABLE

Uno de los aspectos más relevantes del acuerdo es la obligación impuesta a los titulares de estos negocios de reservar, al menos, un 10 por ciento de sus capacidades para “personas de interés social por su condición de vulnerables”. En estos casos, el beneficiario abonará la tarifa establecida para las casas de abuelos y hogares de ancianos estatales. Si se demuestra insolvencia económica, la Asistencia Social cubrirá total o parcialmente el costo.

Esta disposición garantiza que la ampliación de la oferta de servicios no excluya a quienes menos recursos tienen. Serán las direcciones municipales de Trabajo y Seguridad Social las encargadas de evaluar y proponer qué personas ingresan en esa categoría de “interés social”, asegurando que la prioridad sea siempre la necesidad real de los ciudadanos.

RESPALDO INSTITUCIONAL AL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS

Lejos de una desregulación del sector, el acuerdo prevé un papel activo de las administraciones locales en la promoción y supervisión de estos servicios. Los gobernadores e intendentes deberán impulsar estas iniciativas mediante convocatorias públicas, identificación de inmuebles aptos y facilitación de la adquisición de bienes e insumos. Además, se establece una exención de pago del arrendamiento del local estatal por un período de dos años, prorrogable hasta tres, si la situación económica del servicio lo requiere. Vencido ese plazo, se evaluará la pertinencia de cobrar o no el arrendamiento, o incluso la entrega del inmueble en usufructo.

Estos incentivos muestran la voluntad gubernamental de estimular la participación de nuevos actores en un área sensible, como parte de una estrategia integral para atender la creciente demanda derivada del envejecimiento poblacional.

RESPUESTA INSTITUCIONAL A UN DESAFÍO DEMOGRÁFICO

La medida debe entenderse en su contexto. Cuba enfrenta una transición demográfica significativa: las personas adultas mayores representan ya más del 20 por ciento de la población, y las proyecciones indican que esta cifra seguirá en ascenso. Ante esta realidad, el Estado cubano, lejos de desentenderse, diversifica las formas de gestión para garantizar una cobertura más amplia y de calidad.

La autorización al sector no estatal para participar en los servicios de cuidados constituye una ampliación de las capacidades del sistema de protección social, no una sustitución del rol estatal. La “corresponsabilidad social” que menciona el decreto implica sumar esfuerzos de todos los actores económicos y sociales para enfrentar un desafío que compete a la sociedad en su conjunto.

El Minsap conserva íntegramente sus funciones rectoras: el control sanitario, la supervisión de la capacitación y la potestad de otorgar las licencias. Las direcciones municipales de Trabajo y Seguridad Social mantienen la facultad de designar a los beneficiarios de la cuota social. El Estado se fortalece como ente normativo y supervisor, mientras incorpora nuevos actores en la ejecución operativa para ampliar la cobertura.

DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS

Como en todo proceso de implementación de nuevas políticas, existen desafíos que deberán ser atendidos. La efectividad de la cuota social del 10 por ciento dependerá de una adecuada fiscalización y del seguimiento sistemático por parte de las autoridades competentes. La exigencia de capacitación acreditada es un acierto que deberá consolidarse con programas formativos de calidad y accesibles en todo el territorio.

En cuanto al régimen de precios, el texto delega en el ministro de Finanzas y Precios la evaluación de beneficios fiscales e incentivos, lo que permitirá un diseño adecuado a las condiciones económicas del país, garantizando siempre el acceso equitativo a los servicios.

UNA MIRADA AL FUTURO

La autorización a actores no estatales para gestionar residencias de cuidados es una medida que combina la respuesta a la urgencia demográfica con la necesidad de optimizar los recursos disponibles. Se trata de una ampliación del modelo de gestión, siempre bajo la rectoría y supervisión del Estado, que mantiene su compromiso irrenunciable con la protección de todos los ciudadanos, especialmente los más vulnerables.

El éxito de la medida dependerá de la capacidad de todas las instituciones involucradas para garantizar que esta apertura se traduzca en más y mejores servicios para la población, manteniendo los principios de equidad y justicia social que han caracterizado al sistema de salud y asistencia social cubano. Porque, al final, lo que está en juego es el bienestar de los cubanos en una sociedad que, enfrentando nuevos desafíos demográficos, sigue buscando soluciones creativas y solidarias.