Jueza de EEUU ordena cierre de infame centro de detención Alligator Alcatraz

Una jueza federal de Estados Unidos pretende detener de manera drástica las operaciones en el controvertido centro de detención de migrantes conocido como “Alligator Alcatraz”, tras casi dos meses de fuertes críticas por sus condiciones inhumanas y su impacto ambiental en los sensibles Everglades de Florida.

La jueza federal de distrito, Kathleen Williams, emitió una orden preliminar que prohíbe el ingreso de más detenidos y exige el desmantelamiento de la infraestructura del lugar.

El centro, construido con celeridad en los pantanos, alberga a migrantes en jaulas bajo un calor sofocante, con plagas de insectos y alimentos escasos. Miembros del Congreso que visitaron las instalaciones las calificaron de inhumanas y exigieron su cierre inmediato. La orden judicial responde a una demanda presentada por grupos ambientalistas y la Tribu Miccosukee, cuya reserva se encuentra cerca del centro.

La jueza Williams declaró que el proyecto causa daños irreparables, con pérdida de hábitat y aumento de la mortalidad de especies en peligro de extinción. La orden impide la instalación de iluminación industrial adicional, la pavimentación, excavación, cercado o la construcción de más edificios. También obliga a retirar todos los generadores, cercas y contenedores de residuos en un plazo de 60 días, lo que implica el cierre efectivo de las instalaciones.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, calificó la decisión como predecible y la atribuyó a una “jueza activista” nominada por el expresidente Barack Obama. DeSantis afirmó que no se dejarán disuadir y que responderán en consecuencia. El fiscal general del estado, James Uthmeier, anunció que Florida ya presentó una apelación y reiteró su compromiso con la misión de detener y deportar migrantes.

Por su parte, la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, celebró el fallo como una victoria para la libertad, las comunidades locales y el medio ambiente. Destacó las penurias que han enfrentado las familias detenidas en condiciones que, afirmó, traicionan los “valores de Estados Unidos”. Aproximadamente 400 personas permanecen aún en el centro, aunque se desconoce la cifra exacta porque las autoridades no han permitido el acceso a inspectores externos.

El fallo judicial se basa en el incumplimiento de la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA). La jueza Williams determinó que los demandados construyeron la instalación sin realizar primero la evaluación ambiental requerida o una declaración de impacto ambiental. El tribunal revisó pruebas que muestran cómo el escurrimiento y las aguas residuales del centro amenazan el suministro de agua de la Reserva Miccosukee, ubicada río abajo.

Además, la pavimentación de grandes extensiones de terreno y la instalación de potente iluminación industrial ahuyentan a la fauna local, incluida la pantera de Florida en peligro de extinción, y reducen su hábitat en 800 hectáreas. La luz artificial también interrumpe las tradiciones de caza, pesca y recolección de la tribu Miccosukee.

A pesar de la orden, el futuro de “Alligator Alcatraz” es incierto y depende del resultado de la apelación estatal. El experto legal Michael Romano explicó que una orden preliminar no es el final del proceso legal y que el caso podría prolongarse. La administración de DeSantis podría optar por resistir la orden, lo que podría llevar a acusaciones de desacato al tribunal.

Mientras tanto, el centro se ha convertido en un “modelo” para otros estados. DeSantis anunció un nuevo centro de detención, el “Deportation Depot”, con capacidad para 2 000 personas en una prisión estatal temporalmente cerrada. Indiana y Nebraska también planean instalaciones similares, apodadas “Speedway Slammer” y “Cornhusker Clink”, respectivamente.

El jefe de la Tribu Miccosukee, Talbert Cypress, reafirmó su compromiso de defender sus tierras, su cultura y los Everglades.