Aunque el enfrentamiento a un flagelo tan nocivo como la droga es permanente, a lo largo de todo el calendario, ese justo combate sigue cobrando forma concreta de expresión aquí, en el contexto del tercer ejercicio que desarrolla el país para combatir delitos, ilegalidades, hechos de corrupción y otras manifestaciones incompatibles con la esencia del proyecto social cubano.
Con el apego a la Constitución y a las leyes, que desde enero de 1959 ha distinguido los procesos judiciales en el archipiélago, se realizó un juicio oral y público, con carácter ejemplarizante, a dos ciudadanos acusados del delito relacionado con droga ilícita y sustancias de efectos similares.
A diferencia de la anterior vista oral efectuada, y de algunas celebradas en otras provincias, fundamentalmente acerca del consumo o tráfico de drogas, este juicio estuvo asociado al cultivo de marihuana, en un caso, y al conocimiento del hecho ilícito y no denunciarlo oportunamente a las autoridades, el segundo ciudadano.
Evaluados los pliegos de cargos y descargos, los elementos probatorios, y escuchadas todas las partes, el Tribunal Provincial Popular de Ciego de Ávila decidió sancionar a 20 años de privación de libertad al primer ciudadano y a tres años de privación temporal al otro, además de la privación, para ambos, de derechos públicos y a salir del territorio nacional, así como el comiso de los medios empleados en el acto delictivo.
Tal como corresponde en ley, ambos, al igual que la Fiscalía, tienen ahora la posibilidad de recurrir al recurso de casación.
Además de familiares, ocuparon espacio en sala un grupo de jóvenes estudiantes, con quienes habitualmente el Tribunal avileño sostiene encuentros a puertas abiertas, como parte de la labor preventiva con las nuevas generaciones, y para aumentar el conocimiento y la cultura jurídica en la población.
Los tribunales de Ciego de Ávila, en provincia y municipios, sobresalen por el vínculo permanente y el seguimiento que, de forma minuciosa, les ofrecen a ciudadanos que cumplen sanción en condiciones de libertad condicional, como expresión de la labor que realiza el Juez de Ejecución, para lograr una inserción justa y real a la sociedad.
Como se ha reiterado, el país mantiene una postura de tolerancia cero frente a la droga, por las consecuencias altamente perjudiciales que acarrea para la salud, la moral y el comportamiento de quienes la consumen.
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