Escambray Periódico de Sancti Spíritus
La expansión de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en Cuba debe ir de la mano con el esfuerzo estatal por impulsar la bancarización de la economía. La Resolución 15/2025 del Ministerio de Comercio Interior establecen con claridad la obligatoriedad del uso de canales electrónicos en múltiples transacciones, incluidas aquellas en las que participan actores no estatales. Sin embargo, en la práctica, muchas de estas empresas insisten en cobrar en efectivo —a veces en billetes de 50 pesos o más—, o aplican recargos cuando el pago se realiza por transferencia. Este comportamiento no responde únicamente a preferencias, sino a una serie de tensiones estructurales que afectan tanto al sector privado como al sistema financiero nacional.
Por un lado, las mipymes enfrentan limitaciones reales para operar con normalidad en un entorno de liquidez restringida. La extracción de efectivo en cajeros automáticos está sujeta a topes variables y, en la mayor parte del país, se ha vuelto una tarea que exige largas colas desde altas horas de la madrugada. Esto complica la capacidad de las empresas para disponer del dinero necesario a la hora de adquirir insumos, especialmente cuando los proveedores exigen pagos en efectivo o en divisas. En ese contexto, el efectivo se convierte en un activo estratégico, no por deseo, sino por necesidad operativa.
Al mismo tiempo, la adquisición de divisas —fundamental para importar o acceder a ciertos bienes— se realiza mayoritariamente en el mercado informal, donde el tipo de cambio supera ampliamente las referencias oficiales. Una mipymes que recibe pagos en pesos cubanos por transferencia puede verse obligada a cambiarlos en el mercado paralelo para cubrir compromisos en dólares, con lo cual asume una pérdida inmediata de valor. De ahí que algunas opten por cobrar una parte en efectivo o exigir un sobreprecio en las transacciones digitales; no se trata solo de evadir la norma, sino de compensar una asimetría cambiaria que el sistema bancario no resuelve.
Por otro lado, el Estado ha avanzado en la regulación con el objetivo de formalizar las transacciones, combatir la informalidad y fortalecer el control sobre los flujos económicos. Las resoluciones 93/2023 del Ministerio de Finanzas y Precios y 15/2025 del Ministerio de Comercio Interior buscan precisamente eso: dotar al comercio de mecanismos de pago modernos y transparentes. Pero la implementación tropieza con una infraestructura financiera que no siempre responde a las demandas del sector privado emergente. La escasez de efectivo en sucursales, la lentitud en los procesos de conversión monetaria y la falta de acceso ágil a divisas generan un desfase entre lo que la norma exige y lo que la realidad permite.
En este escenario, ni las mipymes actúan fuera de toda lógica, ni el Estado impone reglas sin fundamento. Más bien, ambos se encuentran atrapados en una transición incompleta: una economía que avanza hacia la formalización, pero que, aún carece de los mecanismos financieros, logísticos y cambiarios necesarios para sostenerla.
La solución no radica en relajar unilateralmente las normas ni en exigir cumplimiento sin condiciones, sino en ajustar la política económica a las capacidades reales del sistema, de modo que bancarización no signifique parálisis operativa para quienes generan empleo y bienes en el día a día. El efectivo, por muy escaso que sea, seguirá siendo el verdadero lenguaje de la economía real.
Escambray / ISSN 9664-1277
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