Un debate imprescindible para el mercado laboral

Por estos días, en muchos colectivos del territorio se desarrolla un debate que no debía ser tomado a la ligera ni por los empleados ni por los empleadores, dadas sus implicaciones personales, económicas y sociales a corto plazo: la consulta sobre el Anteproyecto de ley Código de Trabajo, cuya aprobación definitiva por la Asamblea Nacional se prevé para julio de 2026.

La irrupción de tecnologías, la expansión del trabajo remoto y las nuevas formas de independencia laboral demandan hoy en esta materia una regulación flexible, pero con la capacidad de proteger los derechos de todos y, en este sentido, los planteamientos que surjan en los actuales debates mucho pueden aportar.

Entre los desafíos esenciales para la implementación de este Documento aparece la necesidad de mantener el equilibrio entre productividad, dignidad y justicia social, sin dejar a nadie atrás en la transformación del mundo laboral en la isla.

La futura norma pretende una visión más universal, pues su ámbito de aplicación se extiende a todos los trabajadores, sin importar si laboran en el sector estatal o no estatal, además de que exige a cualquier contratante su obligación de cumplir la ley.

Por otra parte, como eje cardinal propone sustituir como principio rector el concepto de “idoneidad demostrada”, que se aplicó hasta ahora, por el de “capacidad demostrada”.

El alcance práctico de esta transformación consiste en que ofrece un camino para decisiones tan sensibles como la incorporación, la permanencia, la promoción en un puesto de labor, así como la capacitación y la superación.

Ello supone ventajas al favorecer la movilidad laboral basada en méritos reales, reconocer trayectorias no tradicionales y orientar la formación hacia resultados verificables. Pero también encierra riesgos si se aplica sin procedimientos claros y se convierte en un instrumento anárquico en manos de los empleadores.

Por ello, la norma debe interpretarse no como una facultad absoluta de estos, sino como un principio que obliga a diseñar procesos objetivos, transparentes y participativos.

Este documento, que intenta atemperarse a las cambiantes realidades del mercado laboral de la isla en la actualidad, resulta bien ambicioso, busca adaptarse a la realidad económica actual con un amparo extendido al creciente sector no estatal; e incluye algunas novedades diseñadas para resguardar a todos los trabajadores.

Entre estas, la protección explícita contra la discriminación por embarazo y la inclusión de personas con discapacidad; la prohibición de utilizar contratos por tiempo determinado para labores de carácter permanente; y el reconocimiento del teletrabajo como un derecho.     

El Anteproyecto de ley Código de Trabajo, que se mantendrá en consulta popular hasta el próximo 30 de noviembre, también eleva de 17 a 18 años la edad mínima para establecer una relación laboral; preserva los ingresos de los trabajadores ante interrupciones o el cese del contrato; y fortalece el rol sindical a la hora de la toma de las decisiones fundamentales en las entidades.

Pero este documento tampoco se redactó de manera perfecta; algunas de sus propuestas resultan cuestionables y, en este sentido, aún estamos a tiempo de redondearlo en beneficio propio y de las futuras generaciones de trabajadores cubanos.

Además, toda esta interesante y hermosa justicia laboral que propone el futuro Código del Trabajo puede convertirse en letra inerte y abstracta si después no se concreta en la práctica con precisión meridiana, siempre bajo la mirada y el voto de aprobación colectiva, como bien merecen los derechos, tanto de los empleados como de sus empleadores.