Escambray Periódico de Sancti Spíritus
Han pasado varios días y todavía Nora, con una discapacidad visual que no le permite tener un trabajo bien remunerado, no entiende por qué ella no clasifica como una persona vulnerable a pesar de su precaria situación económica, mientras su vecina, cuyos hijos en el extranjero la ayudan con “combos” de comida y hasta paneles solares y un Ecoflow, sí pudo acceder a las 8 libras de arroz que se distribuyeron en las bodegas para las personas en situación de vulnerabilidad.
Como Nora, no pocos espirituanos se preguntan qué requisitos debe cumplir una persona o un núcleo familiar para recibir productos subsidiados por el país, una realidad que se implementa por estos días como parte de las 176 Transformaciones Económicas y Sociales aprobadas por el Gobierno cubano.
Dos de los 23 ejes temáticos que abordan las nuevas transformaciones sociales apuntan a enderezar el entorno social de la isla, agravado por el recrudecimiento del bloqueo y la política de asfixia económica impulsada por la administración de Donald Trump contra Cuba.
En el amplio documento que agrupa las llamadas transformaciones, se plantea modificar el actual esquema hacia un modelo centrado en las personas y no en los productos, con la eliminación de subsidios generalizados a bienes y redirigirlos directamente hacia los individuos en situación de vulnerabilidad, junto a la creación de un Fondo de Protección Social, destinado a fortalecer la atención a esas personas y garantizar una mayor efectividad en la cobertura de las políticas sociales.
Pero, ¿se sabe a ciencia cierta quiénes son vulnerables? Algunos estudiosos definen la vulnerabilidad como aquella que limita o dificulta la capacidad de una persona, familia, hogar, grupo, comunidad, en interés de anticipar, lidiar, resistir, recuperarse del efecto de una amenaza natural, social, económica o de salud, aunque.
Aterrizándolo en nuestro país, se trata, en principio, de las personas en condiciones de pobreza, de los deambulantes que se observan en las calles, de enfermos que necesitan de manera urgente cualquier tipo de medicinas que no existen en el país, de los adultos mayores que viven solos y olvidados.
En cada barrio los hay y cada día suman más en una sociedad envejecida y económicamente depauperada, donde las limitaciones alcanzan hasta a quienes tienen un salario por encima de la media, pero son más agudas en los ancianos que viven solos y familias en desventaja social.
En torno al asunto los cuestionamientos van y vienen: algunos responden al hecho de que una persona que pueda trabajar y no lo está haciendo, no es vulnerable; si por tener tres o más hijos una madre se puede quedar en casa dependiendo de la asistencia social, cuando lo lógico sería ofertarle empleo, soluciones para el cuidado de los niños y exigir la responsabilidad paterna, entre otros.
De ahí la importancia de transparentar la gestión de las ayudas mediante el empleo de la plataforma Soberanía, como una nueva vía para la actualización en tiempo real del registro de las personas y familias en situaciones de vulnerabilidad, de manera que se sistematicen las diferentes formas de atención, su trazabilidad y control gubernamental y público.
Ya se dan algunos pasos relacionados con el resto de los cambios que se necesitan para aliviar las condiciones actuales, como es el hecho de apoyar el pago a pensionados mediante convenios con los bancos y que los actores económicos, como parte de su responsabilidad, contribuyan al sostenimiento de políticas sociales, también con el respaldo a comedores comunitarios y la atención a hogares de niños sin amparo parental y de ancianos.
De lograrse, otras acciones apaciguarían en alguna medida las urgencias del día a día, entre las que destacan el apoyo al transporte social y sanitario, a instituciones de Salud y Educación, así como a la higiene comunal y la distribución de módulos básicos mensuales para personas vulnerables.
Podría hacerse mucho más y así está plasmado: establecer precios diferenciados, descuentos, gratuidades o cupos solidarios, crear módulos básicos mensuales, ofrecer empleo, capacitación o aprendizaje a personas en esa condición y apoyar servicios funerarios para familias sin recursos, así como impulsar ferias y ventas populares en comunidades complejas.
Las líneas de acción para los meses por venir están trazadas, como lo ha reiterado el primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz, quien ha insistido en la prioridad de hacer valer un conjunto de acciones orientadas a fortalecer la protección social, modernizar la gestión de las ayudas y ampliar la participación de los actores económicos en el sistema de bienestar como mecanismos de protección que concentran los recursos en quienes más los necesitan, sin debilitar el acceso de todos a servicios esenciales de alcance general.
Escambray / ISSN 9664-1277
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