Cuatro estados demandan a la administración Trump por recortes en salud

Cuatro estados gobernados por demócratas —California, Colorado, Illinois y Minnesota— demandaron este miércoles a la administración de Donald Trump por bloquear la retirada de fondos federales de salud pública que ya habían sido aprobados y asignados. La acción judicial busca frenar un recorte de aproximadamente 600 millones de dólares anunciado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de Estados Unidos.

La demanda —reportada Apoorva Mandavilli para The New York Times— sostiene que la medida es ilegal, vulnera los procedimientos presupuestarios establecidos por el Congreso y causará un “perjuicio irreparable” a los estados. Los fiscales generales solicitaron además una orden de restricción temporal para impedir que los recortes entren en vigor mientras se resuelve el litigio.

Según informó el HHS al Congreso el lunes, los fondos serían retirados porque “no reflejan las prioridades de la agencia”. La administración ha defendido una reorientación de los recursos federales, alejándolos de iniciativas centradas en diversidad, equidad e inclusión, al considerar que ese enfoque no ha producido mejoras mensurables.

Sin embargo, los estados argumentan que las subvenciones estaban destinadas a funciones esenciales: contratación de personal sanitario, modernización de sistemas de datos epidemiológicos y gestión de brotes infecciosos. La cancelación abrupta —afirman— pone en riesgo la capacidad operativa de los departamentos de salud pública.

Acusaciones de presión política

“El presidente Trump está recurriendo a una estrategia ya conocida”, declaró Rob Bonta, fiscal general de California. “Está utilizando fondos federales para obligar a los estados a seguir su agenda”.

Según Bonta, intentos similares han sido frenados previamente por los tribunales.

La controversia se intensificó tras el anuncio adicional de recortes por 183 millones de dólares en fondos no utilizados, incluidos programas administrados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) destinados a la prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual.

Las subvenciones afectadas financiaban departamentos de salud estatales y municipales, incluyendo grandes ciudades como Los Ángeles y Chicago. Elizabeth Finley, directora interina de la Coalición Nacional de Directores de ETS —dedicados a la prevención de enfermedades de transmisión sexual—, advirtió que estos recursos sostienen “funciones esenciales de salud pública que benefician a cada persona en el estado”.

“Todas las personas se benefician del trabajo de vigilancia que rastrea infecciones y permite comprender riesgos”, afirmó Finley, subrayando que la prevención y la información son pilares básicos de cualquier sistema sanitario moderno.

Un pulso institucional con impacto nacional

En septiembre, la administración revisó las prioridades de los CDC, anunciando que la agencia dejaría de focalizar esfuerzos en comunidades específicas. La decisión marcó un giro estratégico que ahora se traduce en ajustes presupuestarios de gran escala.

Expertos en salud pública advierten que, para ser eficaces, las políticas sanitarias deben concentrarse en los grupos más afectados por determinadas enfermedades. Jeremiah Johnson, director ejecutivo de Prep4All, comparó la estrategia con el marketing empresarial: “Si las compañías segmentan para ser efectivas, la salud pública no es diferente”.

El conflicto legal añade un nuevo capítulo a la confrontación entre la Casa Blanca y los estados gobernados por demócratas. Más allá del debate ideológico, el litigio plantea una cuestión central: hasta qué punto el poder ejecutivo puede reconfigurar fondos ya asignados por el Congreso.