Fiscalía General de la República rinde cuentas ante el Parlamento cubano

La Fiscalía General de la República recibió de 2017 al 2021 unas 103 mil 592 reclamaciones, lo cual supone más de 33 mil que en la etapa precedente, informó hoy la fiscal general Yamila Peña Ojeda, en la rendición de cuentas de ese órgano ante la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento).

Durante la segunda jornada del IX período ordinario de sesiones del Parlamento en su IX Legislatura, precisó que los asuntos relacionados con la materia penal representaron el 36 y el 28 por ciento (%), en las personas atendidas y las quejas, respectivamente.

Resaltó que desde 2019 trabajan bajo la concepción integradora de un sistema de atención a los ciudadanos, para evaluar las quejas y peticiones de las personas sobre intereses diversos, incluyéndose los privados de libertad y sus familiares, mujeres, menores de edad, adultos mayores, personas en situación de vulnerabilidad, entre otros segmentos de la sociedad.

Este proceso se encuentra informatizado hasta el nivel de municipio mediante el Sistema de Gestión Fiscal, y entre 2017 y 2021 se registró un incremento de más de 174 mil 534 personas atendidas, respecto a la etapa anterior, significó.

Precisó que de los que intercambiaron con la Fiscalía, el 76% utilizó, de forma mayoritaria, la atención personal, la línea única, el portal web, el correo electrónico y las redes sociales.

Agregó que los planteamientos en materia laboral, así como relacionados con trámites a cargo de las estructuras de Vivienda y Planificación Física, representaron el 24% de las atenciones y el 27% de las reclamaciones.

Mientras, los relacionados con la protección de menores de edad, los derechos de las mujeres, personas en situación de vulnerabilidad y manifestaciones de violencia, requirieron la intervención multisectorial de los organismos que integran los grupos de prevención social.

Para el restablecimiento de la legalidad los fiscales dictaron 787 resoluciones y, en 12 mil 882 casos, procuraron su solución inmediata, gestionada directamente con los responsables, lo cual significa que en el 16% de las reclamaciones las personas tenían razón en sus planteamientos, reconoció la fiscal general.

Insistió en que ofrecer respuestas a la ciudadanía de forma personal constituyó un objetivo permanente de trabajo en los años previos al inicio de la actual pandemia, ello se logró en más del 95% de los casos y, en la última etapa fue del 89%.

Los fiscales intervinieron en este periodo en más de 25 mil procesos civiles y de familia en los que fueron demandados, el mayor número relacionados con asuntos vinculados a las relaciones paterno filiales, reconocimiento de matrimonios, divorcios y reclamación de alimentos, puntualizó.

Añadió que, conforme a las facultades que les concede la ley en la representación de menores de edad y personas con discapacidad, promovieron más de 800 asuntos de jurisdicción voluntaria y dictaminaron más de cinco mil expedientes de esta naturaleza trasladados por los tribunales; instaron la constitución de dos mil tutelas y firmaron una cifra similar de documentos notariales.

En otro orden, mencionó que se establecieron como funciones obligatorias para los fiscales, entre otras, velar por que la autoridad actuante garantice el derecho a la defensa de todo imputado y a disponer de asistencia letrada desde el inicio del proceso, que se fija a partir de la instructiva de cargos.

Las profundas modificaciones en el ordenamiento jurídico, de impacto en el ejercicio de los derechos y garantías de las personas, implican continuos retos para los fiscales, de allí la importancia de profundizar en las debilidades que aún se aprecian en el tratamiento a la población, en el control de los asuntos que se trasladan a otros órganos y organismos para su tramitación, la calidad de las orientaciones y la solución de los casos, concluyó.