El ministro de Transporte de Cuba, Eduardo Rodríguez Dávila, advirtió este miércoles que el sector atraviesa uno de sus momentos más críticos en años, con niveles de transportación “entre los más bajos”, y anunció un nuevo paquete de recortes que entrará en vigor el próximo 17 de junio.
Las medidas, justificadas por el recrudecimiento del bloqueo estadounidense y la consiguiente crisis de abastecimiento de combustible, suponen la mayor contracción de los servicios públicos de pasajeros en la última década.
“Sin combustible no se pudieron organizar los servicios de transportación de los estudiantes de las escuelas especiales. Sin combustible no se pudieran transportar los pacientes de hemodiálisis y otros que tienen que hacer tratamiento periódico para atender sus enfermedades”, ejemplificó el titular durante su intervención en la Mesa Redonda.
Rodríguez Dávila subrayó que el corte en el suministro energético golpea tanto a las empresas estatales como a los operadores privados, generando un impacto directo en la vida cotidiana de la población y en el funcionamiento de la economía.
De la reducción parcial al ajuste severo
El ministro recordó que en febrero ya se había aplicado un primer ajuste: los servicios nacionales de ómnibus se limitaron al 30%, los ferrocarriles redujeron sus operaciones a la mitad y el ferry a la Isla de la Juventud quedó con solo dos salidas semanales.
Sin embargo, la directiva firmada el 1 de mayo por el secretario de Estado estadounidense –que, según el funcionario, “prácticamente pone en manos del secretario de Estado y del secretario del Tesoro cualquier opción contra Cuba”– obligó a un nuevo recorte aún más profundo.
A partir del 17 de junio, las salidas de ómnibus nacionales, que actualmente mantienen una frecuencia diaria desde y hacia cada capital provincial, pasarán a operar solo tres veces por semana. “Eso reduce aún más la capacidad de transportación interprovincial”, admitió.
En el caso de los ferrocarriles, la periodicidad se extiende de ocho a dieciséis días, una medida que el propio ministro calificó como de “impacto fuerte en la oferta de capacidad de transportación estatal”, la única que se ofrece a precios asequibles.
La prioridad absoluta: las cargas y los servicios vitales
Rodríguez Dávila explicó que, ante la escasez extrema, el combustible disponible se concentra en garantizar la transportación de mercancías que arriban a los puertos, principalmente alimentos. “Diariamente se traen más de 300 contenedores al puerto de Mariel. Tenemos mercancías en La Habana, Santiago de Cuba, Nuevitas que son alimentos que hay que transportar hacia la población. La carga de los puertos no puede ser afectada porque los productos se apilan, se echan a perder y se generan sobrestadías”, detalló. Este criterio deja un margen muy estrecho para los viajeros.
En paralelo, se mantienen con “mucho esfuerzo” los servicios esenciales de salud –traslados de pacientes de hemodiálisis, consultas y emergencias–, las escuelas especiales y la transportación escolar.
No obstante, el ministro reconoció que la falta de combustible ha obligado a hospitalizar a algunos pacientes de diálisis ante la imposibilidad de llevarlos de regreso a sus hogares. También se trabaja ya en la organización de las movilizaciones masivas de fin de curso, que cada año implican el retorno de entre 10.000 y 15.000 estudiantes y profesores a sus provincias de origen.
Suspensión de la APK Viajando y riesgo de discrecionalidad
Una de las decisiones que más reacciones ha generado en redes sociales es el cierre, a partir del 17 de junio, de las agencias de reserva y de la aplicación Viajando.
El ministro argumentó que la oferta de pasajes es tan reducida que mantener la plataforma abierta propiciaría el acaparamiento y largas colas sin capacidad real de venta. “Hay personas con necesidades impostergables de viajar –un turno médico, una urgencia familiar– que no podrían hacerlo porque los pocos pasajes disponibles se agotarían de inmediato”, señaló.
Rodríguez Dávila fue consciente de los peligros de esta medida. Reconoció que la asignación discrecional de los billetes conlleva “riesgos de corrupción o discrecionalidad”, y anunció que se trabaja en un procedimiento con todos los gobiernos provinciales para minimizar esos problemas.
“Lo ideal sería que no tuviéramos que vernos obligados a seguir reduciendo frecuencias, porque nadie viaja por gusto, todo el mundo viaja por una necesidad real”, admitió.
Cuatro líneas de trabajo a largo plazo
El ministro aseguró que el Ministerio de Transporte no ha esperado a la coyuntura actual para actuar, sino que desarrolla cuatro líneas estratégicas desde hace meses.
En primer lugar, la sustentabilidad financiera en divisas, mediante el Fondo para el Desarrollo del Transporte Público, que se nutre de impuestos a la comercialización de vehículos y nuevos mecanismos de financiamiento para sostener servicios que no se pagan por sí solos.
En segundo lugar, la sustentabilidad energética, que incluye la transición hacia fuentes renovables y la electromovilidad, aunque admitió que “no es a los mismos precios, ni en los mismos formatos ni volúmenes a los que el país estaba acostumbrado”.
La tercera línea persigue eliminar trabas burocráticas, simplificar trámites y flexibilizar licencias para incorporar a todos los actores, incluidos los no estatales. Como parte de ello, se facilitará aún más el otorgamiento de licencias a los propietarios de triciclos eléctricos, que se han convertido en una alternativa clave de transporte local.
La cuarta línea es la atención diferenciada a los asuntos sociales más sensibles: salud, educación y comunidades de montaña.
Acciones concretas y obstáculos
Rodríguez Dávila detalló algunas acciones ya en marcha. El Fondo de Desarrollo financia el servicio TRANSMED para médicos, con vehículos eléctricos y estaciones de carga solares, y el servicio funerario en La Habana, energéticamente autónomo.
Se adquirieron 200 carros eléctricos destinados a la hemodiálisis, que están a punto de distribuirse por las provincias, y 20 ómnibus nacionales nuevos.
En Sancti Spíritus se fabrican 40 ecomóviles, y otros 10 se iniciarán en Holguín. Además, se construyen cuatro estaciones de carga en la Autopista Nacional y se financian camiones para la recogida de desechos y pipas para recursos hidráulicos.
Sin embargo, el ministro puso cifras a las dificultades de la transición: “Un ómnibus eléctrico cuesta más de 250.000 dólares”. Pese a ello, ratificó la voluntad de continuar impulsando esos proyectos.
En el plano organizativo, próximamente comenzará un censo para legalizar vehículos armados por piezas y otorgarles matrícula; las oficinas de registro están instalando paneles solares para que los cortes eléctricos no paralicen el trámite.
Quejas y llamamiento a la solidaridad
El ministro se refirió también a las quejas que afloran en redes sociales. Sobre la APK Viajando, indicó que se está revisando su funcionamiento porque, pese a la escasez oficial de pasajes, se observa una abundante oferta de boletos vendidos a través de esa vía, lo que sugiere irregularidades.
Ante las denuncias de que los vehículos estatales no recogen pasajeros en medio de la crisis, hizo “un llamado a todos los conductores a detenerse, apoyar y ser solidarios”, y advirtió que se promoverán “medidas severas” contra quienes incumplan. También se atienden quejas de corrupción y maltrato en determinados servicios.
“Esa es la realidad. Es palpable cuando transitamos por las calles, la ausencia de transporte público, la disminución sensible del transporte privado y las afectaciones que eso tiene en la vida cotidiana de los cubanos”, sentenció Rodríguez Dávila, quien prometió reforzar la comunicación con la población para atender, en la medida de las posibilidades, los señalamientos que llegan a diario.
Escambray Periódico de Sancti Spíritus












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