Escambray Periódico de Sancti Spíritus
La Asamblea Nacional del Poder Popular dio luz verde este miércoles a la Ley de Organización de la Administración Central del Estado, una norma que redefine la estructura gubernamental para alinearla con la Constitución de 2019 y responder a las transformaciones económicas y sociales que vive el país.
El secretario del Consejo de Ministros, José Amado Ricardo Guerra, presentó el proyecto ante el pleno, destacando que la iniciativa cumple con el cronograma legislativo 2026-2027 y da respuesta al mandato constitucional establecido en el artículo 146, que exige que la organización de los ministerios y organismos estatales sea regulada mediante ley.
Durante su intervención, Ricardo Guerra subrayó la necesidad de actualizar un entramado institucional que llevaba más de tres décadas funcionando bajo el Decreto-Ley 147 de 1994, aunque reconoció que durante este periodo se habían implementado diversos perfeccionamientos.
De 27 a 21 organismos: una estructura más racionalizada
La transformación más significativa de la nueva legislación es la reducción de organismos de la Administración Central del Estado, que pasará de 27 a 21 entidades, integradas por 20 ministerios y el Banco Central de Cuba.
La norma elimina la categoría administrativa de instituto dentro de la estructura estatal, lo que implica que entidades como el INDER, el Instituto de Información y Comunicación Social y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos se integren en la nueva arquitectura ministerial.
El secretario del Consejo de Ministros enfatizó que esta reestructuración va más allá de una simple fusión de organismos, implicando un rediseño profundo de misiones y funciones que permitirá simplificar la organización administrativa y reducir las cargas burocráticas.
Nuevos ministerios para funciones estratégicas
La ley establece la creación de varios ministerios mediante la integración de organismos con competencias afines:
Ministerio de la Agricultura y Alimentación: Resultado de la fusión de los ministerios de Agricultura y de la Industria Alimentaria, este nuevo organismo permitirá integrar las cadenas de valor desde la producción hasta la comercialización, cerrando el ciclo agroalimentario en consonancia con la Ley de Soberanía Alimentaria.
Ministerio de Economía y Finanzas: Integrará planificación estratégica, presupuesto, política fiscal e inversiones para lograr una conducción más coherente de la economía. Ricardo Guerra aclaró que, aunque no incluye el término «planificación» en su denominación, esta función queda claramente definida en la Constitución y en la misión del nuevo ministerio.
Ministerio de Comercio e Inversión Extranjera: Unificará políticas de comercio interior y exterior para fortalecer cadenas de suministro y adecuar la gestión comercial al nuevo escenario económico.
Ministerio de Industrias y Construcción: Concebido para fortalecer la articulación entre sectores productivos estrechamente vinculados, logrando la integración de ramas industriales heterogéneas.
Ministerio de Educación Superior, Ciencia e Innovación: Articulará la formación de profesionales, la investigación científica y la innovación tecnológica, cerrando el ciclo de formación e investigación aplicada.
Ministerio de Medio Ambiente, Hábitat y Recursos Hidráulicos: Considerada una de las propuestas más acertadas durante el proceso de consulta, esta integración reunirá funciones actualmente distribuidas entre varias instituciones, reduciendo trámites y concentrando la gestión.
Beneficios de la reorganización
Entre los fundamentos de la ley, Ricardo Guerra destacó que la reorganización fortalecerá la institucionalidad del Estado socialista de derecho y justicia social, mejorará la articulación entre organismos y eliminará duplicidades en la gestión pública.
La nueva estructura permitirá una mayor unidad en el diseño, ejecución y control de las políticas públicas, optimizará los procesos administrativos y adecuará la actuación estatal al escenario económico actual, caracterizado por la participación de diversos actores económicos.
Asimismo, contribuirá a disminuir costos administrativos, fortalecer la coordinación con los gobiernos provinciales y municipales, elevar la transparencia y mejorar la calidad de los servicios públicos.
Proceso de consulta y enriquecimiento colectivo
El proyecto fue sometido a un amplio proceso de consulta con organismos estatales, diputados y ciudadanía tras su publicación en el sitio web de la Asamblea Nacional. Como resultado, se recibieron 242 observaciones, de las cuales 139 fueron aceptadas total o parcialmente, mientras 103 no se incorporaron por contradecir disposiciones constitucionales o exceder el alcance de la ley.
Ricardo Guerra aseguró que todas las propuestas fueron atendidas y respondidas, y destacó que las discrepancias durante el proceso generaron mejores decisiones.
Nuevas funciones para servicios comunales
Recientemente, el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros aprobó la política para el funcionamiento y control de los servicios comunales, lo que obligó a incorporar nuevas responsabilidades a varios organismos:
- El Ministerio de Industrias y Construcción asumirá la conducción y control de la política de servicios comunales, así como la gestión integral de desechos sólidos.
- El Ministerio de la Agricultura y Alimentación se encargará del arbolado urbano y la silvicultura urbana.
- El Ministerio de Medio Ambiente, Hábitat y Recursos Hidráulicos será responsable del diseño y conservación de mobiliario urbano, parques y espacios públicos.
- Salud Pública asumirá el manejo de cadáveres y control sanitario de funerarias y cementerios.
- Transporte atenderá el transporte especializado para servicios públicos y el patronato vial.
- Energía y Minas supervisará el funcionamiento del alumbrado público.
El presidente de la República insistió en la necesidad de construir un sistema sostenible que combine la responsabilidad institucional con la participación ciudadana.
La implementación: próxima gran etapa
El secretario del Consejo de Ministros subrayó que la aprobación de la ley marca el inicio de una nueva etapa de trabajo. «Viene una etapa muy fuerte, que es la implementación, lo que lleva un acompañamiento por el Gobierno y, además, el aseguramiento político, sobre todo en aquellos organismos que sufren una mayor transformación», señaló.
Ricardo Guerra calificó la transformación como «audaz y necesaria en el contexto de la peor crisis económica de las últimas décadas», y aseguró que los riesgos potenciales son gestionables con las medidas previstas para el proceso de implementación.
Los 20 ministerios de la nueva estructura
La ley establece los siguientes ministerios:
- Ministerio de la Agricultura y Alimentación
- Ministerio de Comercio e Inversión Extranjera
- Ministerio de Cultura
- Ministerio de Deportes y Recreación
- Ministerio de Economía y Finanzas
- Ministerio de Educación
- Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
- Ministerio de Energía y Minas
- Ministerio de Industrias y Construcción
- Ministerio de Información y Comunicación Social
- Ministerio de Comunicaciones
- Ministerio de Justicia
- Ministerio de Medio Ambiente, Hábitat y Recursos Hidráulicos
- Ministerio de Relaciones Exteriores
- Ministerio de Salud Pública
- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
- Ministerio de Turismo
- Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
- Ministerio del Interior
- Ministerio del Transporte
Amplio debate parlamentario
Tras la presentación del proyecto, los diputados protagonizaron un extenso debate centrado en el rediseño institucional y las funciones de las nuevas estructuras.
La diputada Carmen Mesa Valenciano respaldó la integración de funciones, señalando que durante ejercicios de control parlamentario se identificaron insuficiencias en la articulación territorial de la política científica y ambiental. Defendió que la creación de los nuevos ministerios responde a una lógica de integración más eficiente.
Por su parte, la diputada Ailyn Caridad Justiz Águila reconoció la necesidad de reducir estructuras burocráticas, aunque expresó preocupación por la separación de funciones de ciencia y medio ambiente, señalando que organismos internacionales promueven la integración de estas políticas.
En respuesta, la vice primera ministra Inés María Chapman Waugh explicó que la reorganización estuvo precedida por diagnósticos institucionales, evaluaciones de impacto y análisis de riesgos. Señaló que entre las principales dificultades detectadas figuraban la dispersión de competencias, duplicidad de funciones y la débil articulación territorial.
Chapman Waugh aseguró que la implementación será gradual y comprenderá varias etapas con evaluaciones periódicas.
Otro tema recurrente fue la necesidad de mantener una comunicación transparente con la ciudadanía. La diputada Leidys María Labrador Herrera insistió en que la implementación deberá ir acompañada de una estrategia integral de comunicación para facilitar la integración de los trabajadores y preservar los canales de información con la población.
El presidente de la Asamblea, Esteban Lazo Hernández, coincidió en que la aprobación de la norma constituye solo el inicio del proceso y que su éxito dependerá de la comunicación y participación de trabajadores y ciudadanía.
Corresponde ahora a los órganos involucrados ejecutar el proceso de reorganización y convertir las disposiciones de la norma en una gestión pública más eficiente, articulada y cercana a las necesidades de la población.
Escambray / ISSN 9664-1277
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