Escambray Periódico de Sancti Spíritus
Docentes, estudiantes y autoridades de distintas facultades ultiman este martes los detalles para la realización este miércoles de una clase pública masiva frente al Palacio de Tribunales en defensa del sistema universitario nacional.
La exigencia principal es que el gobierno de Javier Milei cumpla con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso el pasado año y que el ejecutivo se ha negado a implementar.
Realizarán allí el ejercicio de enseñanza porque la Corte Suprema de Justicia debe fallar sobre el recurso extraordinario que solicitó la administración Milei para detener la aplicación de la normativa que garantiza el funcionamiento de las universidades públicas, actualiza los salarios, financia becas y otorga fondos para estudios científicos.
Esta singular protesta pública de convertir una plaza en gigante aula tiene lugar dos semanas después de la multitudinaria marcha en defensa de la enseñanza superior que se sintió en todo el país.
Profesores universitarios brindarán clases abiertas para visibilizar el ajuste del gobierno nacional «que golpea salarios, becas, investigación y el funcionamiento» tanto de las universidades como de toda la comunidad universitaria: «Reclamamos una respuesta urgente», demanda los gremios y federaciones estudiantiles de la educación superior.
Estarán presentes en la clase abierta la abogada laboralista y docente universitaria, Natalia Salvo; los diputados nacionales por el Partido Justicialista Lucía Cámpora e Itaí Hagman; y el antropólogo, profesor y secretario general del Sindicato de Docentes de la Universidad de Buenos Aires, Pablo Perazzi.
Hasta el momento, Milei se niega a implementar la Ley alegando cumplir con el equilibrio fiscal, bajo el argumento de la norma no especifica la fuente de financiamiento para los gastos operativos y salarios destinados a las universidades públicas.
Para eludir su aplicación que fue aprobada en dos oportunidades distintas (2024 y 2025), y luego de haber atravesado cuatro votaciones satisfactoriamente en el Congreso, el ejecutivo optó por suspender la ley por decreto y apeló fallos judiciales en contra. Uno de estos están en manos del Tribunal Supremo.
Escambray / ISSN 9664-1277
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