Escambray Periódico de Sancti Spíritus
El presidente ultraderechista de Chile, José Antonio Kast, ignoró el aniversario 53 del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, cuando el general Augusto Pinochet (1915-2006) derrocó al gobierno constitucional de Salvador Allende (1970-1973), en un hecho que marcó el inicio de una dictadura de 17 años que dejó decenas de miles de víctimas entre ejecutados, detenidos desaparecidos y torturados.
Por primera vez desde el retorno a la democracia en 1990, no se realizó un acto oficial de conmemoración en el Palacio de La Moneda ni en dependencias del Estado para recordar a las víctimas de la dictadura, lo que constituye una ruptura con casi cuatro décadas de política de Estado en materia de memoria histórica y derechos humanos.
Ni el Salón Montt Varas ni el Patio de Los Naranjos de La Moneda fueron escenarios de homenajes, como ocurrió durante los gobiernos de Patricio Aylwin, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, Sebastián Piñera y Gabriel Boric.
Kast, admirador confeso de Pinochet y defensor público del régimen militar, optó por desplazarse a la zona sur del país bajo el argumento de que la no realización de la ceremonia buscaba evitar que las diferencias políticas induzcan “a los extremos del pasado”. Su ausencia contrastó radicalmente con la masiva respuesta de organizaciones de familiares de detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos, universidades, sitios de memoria y fuerzas de centroizquierda, que concretaron decenas de ceremonias en todo el territorio nacional.
La decisión fue duramente cuestionada desde la oposición centroizquierdista. El presidente del Partido por la Democracia (PPD), Raúl Soto, señaló que “guardar silencio en sí mismo ya es un acto de negacionismo”. Por su parte, Gael Yeomans, presidenta del Frente Amplio, manifestó: “No le pedimos al gobierno que piense como nosotros, pero sí que hay hijos, hermanas y nietos que siguen buscando a sus desaparecidos”.
La Red Nacional de Sitios de Memoria advirtió que “esta conmemoración está fuertemente marcada por la lucha de las organizaciones contra los discursos negacionistas que relativizan los crímenes de lesa humanidad y que realizan una apología del terrorismo de Estado y las violaciones a los derechos humanos en nuestro país”.
La sociedad civil chilena realizó una emotiva romería en el Cementerio General, donde se encuentra la tumba de Salvador Allende. Posteriormente, se llevó a cabo un acto y la colocación de ofrendas florales a los pies de la estatua del líder socialista en la Plaza de la Constitución, a pocos pasos del palacio de La Moneda y cerca de la puerta de calle Morandé 80, por donde fue sacado aquel 11 de septiembre de 1973 el cadáver del mandatario sobre una camilla de lona y cubierto con un chamanto, tras honrar su promesa de que “pagaré con mi vida la lealtad del pueblo”.
El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, que recopila testimonios de lo que significaron esos 17 años de dictadura, fue otro de los escenarios de recogimiento. Al caer la tarde y durante la noche, en Santiago y otras ciudades se realizaron las tradicionales romerías a sitios de tortura y exterminio, entre ellos el Estadio Nacional, la Villa Grimaldi, el Estadio Víctor Jara y los cuarteles de los siniestros órganos de persecución política ideados para exterminar a opositores.
La jornada no estuvo exenta de represión. La policía militarizada de Chile intervino una marcha en el centro de la capital, utilizando carros lanzagua y gases lacrimógenos para despejar las vías. Los manifestantes portaban carteles con el mensaje “No a los indultos”, en referencia a la solicitud de sectores de ultraderecha al gobierno para flexibilizar las condenas de ex agentes de la dictadura.
La conmemoración estuvo además precedida por el descabezamiento del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, creado en 1997 para brindar asistencia social, legal y judicial a los familiares de las víctimas de desaparición forzada y ejecución política, lo que se traduce en un abandono de facto de las causas. La diputada Lorena Fries pidió a Kast “tramitar con suma urgencia el Plan Nacional de Búsqueda, que busca establecerse como ley en el Senado”.
A 40 175 asciende la cifra oficialmente reconocida de víctimas de prisión política, tortura, ejecuciones y desaparición forzada durante la dictadura, de las cuales 3 216 corresponden a ejecutados políticos y detenidos desaparecidos.
En materia de desaparición forzada, la cifra oficial es de 1 469 víctimas: 1 092 detenidos desaparecidos y 377 ejecutados políticos cuyos cuerpos no fueron entregados. De acuerdo con el Plan Nacional de Búsqueda, hay 307 cuerpos encontrados, identificados y entregados a sus familiares. Otros 1 162 continúan desaparecidos, mientras sus familiares siguen exigiendo verdad, justicia y memoria en las calles de Chile.
Escambray / ISSN 9664-1277
Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.