El síndrome de los puntos cerrados

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Transcurría el 5 de agosto de 2026. En plena Avenida de los Mártires de la ciudad espirituana, el punto de venta Los Broders permanecía cerrado a cal y canto.

Lo dispusieron especialistas de la dirección estatal de Comercio por el hecho de no aceptar cobro por pasarelas electrónicas de pago. Escambray, que asistió fortuitamente a merendar, presenció un acto que, más que cierre, devino encendida polémica sobre la medida.

No fue un caso aislado, tal como informó una de las inspectoras, pero sí un botón de muestra de que el síndrome de los puntos de venta cerrados ha resurgido en Sancti Spíritus. El fenómeno ha ocurrido cada vez que el control estatal ha intentado llamar al orden y enfrentar violaciones de diferente naturaleza, casi siempre por infracciones de precios.

Días después de la anécdota de marras, el cierre se ha hecho masivo aquí a raíz de los ejercicios integrales a los actores económicos en torno a tres asuntos: precios, control fiscal  y pagos electrónicos.

Unos se han cerrado a instancias de los organismos estatales vinculados con el control económico que participan en el ejercicio, liderado por el Gobierno y el Partido. Pero esos son los menos, aunque cifras preliminares hablan de decenas de lugares cerrados por distintas irregularidades e ilegalidades. La mayoría de los puntos se han autocerrado para evitar las medidas que incluyen multas de miles de pesos cuando se comprueba in situ una violación, aun cuando el objetivo es, esencialmente, dialogar, según se anunció al comienzo del mismo.

No soy un experimento social, ahora me paso 15 días cerrado y después abro», comentó un dueño de negocio. «¿Y al Banco quién lo cierra cuando voy a buscar el dinero trancado en mi tarjeta, que necesito para reabastecer el punto, y no lo tiene?», lanza la pregunta al aire.

Como este, otros muchos puntos han aplicado la misma estrategia, según dijeron a esta reportera sus dueños, a la espera de que pase esta fiebre o racha de control o porque de los propios participantes en el ejercicio se ha filtrado por qué zona pasan cada día en una suerte de contubernio o corrupción, para decirlo con la palabra que lleva.

Lo expuso con todas sus letras una vendedora: «Igual que los inspectores. Prepárale una jaba a cada uno para que tú veas que no te pegan multa ninguna. Después vienen y te dicen a cara dura: ‘Me hace falta esto, esto, esto’, porque eso lo viví yo», dice y apunta hacia refrescos, yogures, galletas…

A metros de separación, Ivis Carreras Calderón, con 20 años de trabajo en la Dirección Integral de Supervisión, no deja que las palabras su reputación: «Si esa acusación está, lo que te puedo decir es que la hagan en la Policía y que digan el inspector que es porque aquí hay muchos inspectores, pero todos no entramos en eso».  Y en su aclaración final, deja un resquicio a todas las interpretaciones.

Repito. No es la primera vez que se cierran puntos en Sancti Spiritus. El fenómeno se hizo recurrente el pasado año, al calor de los ejercicios nacionales de prevención y enfrentamiento al delito y otras manifestaciones irregulares, entronizados en el programa para  corregir distorsiones. Justo hace poco más de un año, publicamos un comentario bajo la tesis de que se trataba de una especie de ruleta o el cuento del gato y el ratón. Entonces, si tan poco tiempo después la práctica se generaliza en Sancti Spiritus, es porque aquellas aguas trajeron lodos hasta hoy. En otras palabras, en este lapso, los que cerraron volvieron a abrir casi detrás de que se produjeran las inspecciones y el síndrome del no pasa nada y la impunidad se apoderó de los estantes de venta en una olímpica burla a la autoridad del Estado.

Como dije entonces, los ratones, que serían los dueños de esos puntos particulares, se esconden bajo cualquier pretexto para cerrar su puesto de venta hasta que el gato de las inspecciones y el control cesen. Reportes de la nueva Dirección Provincial de Inspección reconocen que de aquí hacia atrás el impacto de las medidas es casi imperceptible, lo cual habla de inacción de los gobiernos locales. 

Lo que pasa ahora es que el cierre ocurre en un contexto de más escasez y desabastecimiento estatal y en un punto neurálgico en el que confluyen parte de las nuevas medidas anunciadas, sobre todo las relacionadas con liberar los precios bajo la ley del mercado de la oferta y la demanda y la que intenta concretar la obligatoriedad del cobro y el pago por pasarelas digitales.

Pero sobre estos fenómenos volveremos después tras los signos de estas interrogantes: ¿Cómo autorizar la liberación de los precios en un país de tanta escasez y donde siempre estos se han concretado al libre albedrío de cada cual, pese a las restricciones estatales? ¿Cómo delimitar lo abusivo y especulativo de una tarifa si por ley cada quien puede vender a cuanto le parezca?

Volvamos al momento donde se le complica la existencia a los consumidores. Sabedores de que son quienes sostienen en muy buena parte las cocinas, los dueños de puntos, aunque los cierran a la luz del control, los abren bajo el manto del mercado negro en sus casas o expuestos en las redes sociales hasta donde, al parecer, no llega el ejercicio integral.

 Y ahí es donde los consumidores tienen que pagar, parece,  hasta la peligrosidad de vender bajo riesgo. Eso y otros factores económicos hacen que en horas un huevo haya subido de 100 pesos a 150 y más y un pomo de aceite ronde los 4 000 y hasta 5 000 pesos. Y aquí, como imperan la ley de la selva, el desespero y la necesidad, los consumidores tienen que pagar en efectivo.

Por este sendero entramos, otra vez, a uno de los asuntos más caóticos. Ni los ejercicios integrales han logrado que se cumpla lo dispuesto sobre el pago en línea y, aunque algunos puntos se han cerrado por esa razón, muchos de los que han logrado mantenerse en pie siguen la misma negativa a aceptarlo o hacerlo por un alto por ciento de recargo.

Para algunos afectados la ley no es pareja. «Quien la hizo al parecer quiere poner a cubanos contra cubanos», dice sin tapujos Yadisleidis Venegas Hernández, titular de Los Broders. «Tú tienes que comprar por transferencia y recibir transferencia sin límite», le aclara el inspector. «No negué la transferencia, le dije hasta un límite», se defiende la vendedora. «¿Usted sabe por qué? Porque ese es mi dinero, con el que yo abrí ese punto. No es el dinero del Estado», riposta.

Antes de cerrarse las ventanillas, otras causas aparecen en medio de una polémica a la que se suman nuevos actores en plena avenida. «Los que aceptan transferencia y al 40 por ciento es porque le pagan a un colero para que les saque el dinero del Banco. Es un negocio». «La tienen cogida con los puntos chiquitos. ¿Por qué no van a los mayoristas? Ahí es donde se va a trabar el paraguas. Con esos nadie se mete Que vayan a la Plaza Cultural. Ese tipo es intocable».

Escambray quiso confrontar fuentes. Inspectores encuestados muestran la resultante de una visita a Landservi, la mayor mipyme de la provincia. «Cuando fuimos nos dijeron que ese día decidieron no trabajar, estaban cerrando y, al ver un carrito recogiendo mercancía, la dependienta justificó que era pendiente del día anterior. Se le pidieron os estados de cuenta, se revisaron los ingresos diarios”, expone Riselda Cardoso inspectora del Mincin.

«Le pedimos su recaudación. Mira esta foto con los billetes que vimos, casi todos eran de 100, de 200, de 5 000. De a 20 tenían un bultico. Ellos sí depositan, lo que, según la compañera del Banco que está en la comisión, cuando lo hacen no suelen llevar los billetes grandes” muestra a Escambray Ivis Carreras Calderón.

 «Nosotros no decidimos el cierre», sentencia Riselda. «Para eso están otros organismos».

Daysel García Bello, directora de Desarrollo Territorial del Gobierno Provincial, aclara. «No está en la norma que tengamos facultades para cerrar una mipyme porque no la creamos, es propiedad privada, capital privado”.

Informaciones bancarias dan cuenta de que por estos días y bajo la presión del control algunos actores han acudido a reactivar sus cuentas fiscales o a abrirlas, pero aún son los menos, si tenemos en cuenta que los trabajadores por cuenta propia pasan los 20 000 en la provincia y las mipymes rondan las 400, para no hablar de las vendutas ilegales y virtuales que deben duplicar esas cifras.

Lo cierto es que el síndrome de  los puntos cerrados ha echado raíces. Por el desgaste que significa y porque no hay un inspector por cada uno las 24 horas, abrirlos a base de control no parece tampoco lo más efectivo, sobre todo porque el Estado no tiene con qué hacerles contrapeso a las ofertas que estos venden.

No todos están cerrados, aunque la voz popular absolutice. Escambray caminó por algunos, para «comprar» razones: «Estamos abiertos bajo las balas», comenta uno en la barriada de Colón. Mas pegado al centro histórico, otro alega: «Estamos abiertos, pero desabastecidos», y es fácil advertir la ausencia de cárnicos, que era habitual en tablillas y neveras. A un costado de la calle Independencia, la vendedora dice aceptar transferencias, «pero limitadas porque tengo que comprar en efectivo y espero que los inspectores lo entiendan, ¿qué tú crees?». Otro cercano al bulevar, con los ingresos menguados, sentencia: «Estamos abiertos creo que porque Dios nos está protegiendo».

El ejercicio integral desanda aún por los municipios espirituanos. ¿Cuántos punyos quedarán así clausurados en serio? ¿Qué pasará con los que se autocerraron en esta especie de huelga no tan callada? A punto de mediodía, a boca de un ecomóvil, de los pocos servicios que nos quedan con precios socialistas, una pasajera abre el dilema del momento: «Tienen que abrir porque ellos viven de nosotros y es su trabajo. Tienen que quitarles la patente, pero si cierran los puntos, ¿qué comemos, periodista?».

Consumidos los 10 pesos del trayecto, Escambray se baja. Prefiere, a  diferencia de los puntos, dejar las preguntas abiertas… por ahora.