Hospitalizados tres niños tras ataque del ICE en Minneapolis

La escena ocurrió la noche del 15 de enero, en Minneapolis. No fue una redada selectiva ni una operación quirúrgica.Fue un ataque indiscriminado. Un vehículo familiar, con seis menores dentro, quedó atrapado en una intervención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, el ICE.

El resultado fue inmediato y brutal: tres niños hospitalizados, entre ellos un bebé de 6 meses, después de que agentes federales lanzaran granadas aturdidoras y gas lacrimógeno dentro del coche.

El padre, Shawn Jackson, lo explicó sin rodeos. “Lanzaron flash-bangs y gas lacrimógeno dentro de mi coche. Mi bebé no podía respirar”. Las explosiones fueron lo suficientemente fuertes como para activar los airbags, bloquear las puertas y llenar el habitáculo de gas.

No había barricadas, no había violencia por parte de la familia, no había amenaza alguna. Solo una familia intentando volver a casa. La madre, Destiny Jackson, relató cómo una de las granadas rodó bajo el vehículo y lo levantó del suelo. “Tuvimos que luchar para sacar a las niñas y niños. La gente de la calle nos ayudó”.

Minutos después, el bebé dejó de respirar. Destiny tuvo que realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras pedía auxilio. Tres menores (6 meses, 7 y 11 años) fueron trasladados en ambulancia a un hospital. Nadie del ICE prestó ayuda inmediata.

Según la familia, los agentes ignoraron durante varios minutos la petición de una ambulancia, aun sabiendo que había menores dentro del coche. “Esto demuestra que no les importa”, afirmó el padre. No eran manifestantes habituales. No militaban en ninguna organización. La violencia estatal los convirtió en testigos y víctimas.

El ICE como fuerza de ocupación interior

Lo ocurrido no es un accidente. Es el síntoma de una estrategia. En Minneapolis, como en otras ciudades, el ICE actúa como una fuerza de ocupación interna, con agentes armados, encapuchados y sin identificación clara, desplegados en barrios racializados.

El propio gobernador de Minnesota, Tim Walz, lo denunció públicamente: “Agentes armados y enmascarados van puerta por puerta ordenando a la gente que señale dónde viven sus vecinos de color”.

Las protestas estallaron tras el asesinato de Renee Nicole Good, el 8 de enero de 2026, a manos de un agente del ICE.

Desde entonces, la administración de Donald Trump ha intentado justificar la muerte calificando a la víctima de “terrorista doméstica”.

La criminalización post mortem como coartada. El manual de siempre. Ese mismo 15 de enero, un agente federal disparó a un hombre venezolano indocumentado durante un control de tráfico “selectivo”.

El Departamento de Seguridad Nacional afirmó que el hombre huyó y forcejeó con el agente, que respondió disparándole en la pierna cuando varias personas intentaron auxiliar al detenido.

Una versión oficial que se repite como un reflejo, mientras las imágenes y los testimonios cuentan otra cosa. El patrón es claro. Redadas masivas, controles arbitrarios, uso de munición militar contra población civil y ausencia total de rendición de cuentas.

Minneapolis se ha convertido en un laboratorio de la política migratoria trumpista, donde la frontera ya no está en el desierto, sino en cada semáforo, en cada portal, en cada coche familiar.

Represión, impunidad y la amenaza de militarización

Ante la magnitud de las protestas, Trump fue un paso más allá. El 16 de enero de 2026, amenazó con invocar la Ley de Insurrección, un mecanismo excepcional no utilizado desde 1992, durante el levantamiento de Los Ángeles tras la paliza policial a Rodney King.

La posibilidad de desplegar tropas contra la población civil volvió a ponerse sobre la mesa sin pudor alguno. Mientras tanto, las autoridades estatales y locales de Minnesota pidieron formalmente el fin de la operación federal. No fue escuchado.

La respuesta de la Casa Blanca fue más fuerza, más intimidación y más violencia. La reacción jurídica no se hizo esperar. La ACLU, junto con la ACLU de Minnesota y varios bufetes, presentó una demanda colectiva en nombre de las personas cuyos derechos constitucionales fueron vulnerados por los operativos federales.

El abogado Robert Fram fue claro: “La gente de Minnesota está resistiendo con valentía al régimen de terror desatado por esta administración”. Lo sucedido con la familia Jackson resume la lógica de este modelo. Cuando el Estado lanza granadas contra coches con bebés dentro, ya no estamos ante un fallo operativo, sino ante una doctrina. La doctrina del miedo.

La doctrina de la deshumanización. La doctrina que convierte a la infancia en daño colateral aceptable. Tres niños hospitalizados, un bebé reanimado en la calle y ningún responsable asumiendo consecuencias. Así se gobierna cuando la seguridad sirve de excusa y la vida deja de importar.