Rusia exige a EEUU liberar a tripulación de petrolero secuestrado en aguas internacionales

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia exigió este miércoles que Estados Unidos respete los derechos de los ciudadanos rusos a bordo del buque petrolero Marinera y ordenó el regreso inmediato de la tripulación a su país tras el secuestro de la embarcación por fuerzas estadounidenses.

Moscú calificó la acción como una violación del derecho marítimo internacional y un atentado a la libertad de navegación reconocida por la comunidad internacional.

En un comunicado, la Cancillería rusa sostuvo que la confiscación del buque, que navegaba bajo bandera rusa, constituye una clara infracción de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, que establece que en alta mar rige la libertad de tránsito y que ningún Estado puede emplear la fuerza contra embarcaciones inscritas legítimamente en la jurisdicción de otro país.

Denunció que «al buque ruso, por razones incomprensibles para nosotros, los militares de Estados Unidos y la OTAN dedican una atención excesiva y no proporcional a su estatus de navío civil (…) Esperamos que los países occidentales, que declaran su compromiso con la libertad de navegación en altamar, comiencen a centrarse en sí mismos al implementar este principio”.

En ese contexto, el Ministerio de Transporte ruso citó las normas de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, según la cual en aguas internacionales rige el régimen de libertad de navegación y «ningún Estado tiene derecho a emplear la fuerza contra buques debidamente registrados en las jurisdicciones de otros Estados».

Rusia denunció que la acción estadounidense es un acto de “piratería abierta” y subrayó que la situación en la que fuerzas de Estados Unidos abordaron el Marinera en aguas internacionales, fuera de cualquier límite territorial soberano, es contraria al derecho internacional vigente. Asimismo, insistió en que se garantice el trato humano y la pronta repatriación de los ciudadanos rusos afectados.

El buque, anteriormente conocido como Bella 1, había logrado evadir antes un bloqueo naval estadounidense en el Caribe, parte de una campaña de presión de Washington contra Venezuela.

Tras el secuestro, aplaudido por el régimen de Kiev y con apoyo de operativo de Reino Unido, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo este miércoles que la tripulación del petrolero interceptado en el Atlántico Norte podría ser trasladada a Estados Unidos para su enjuiciamiento. Rusia ha enfatizado que el buque navegaba bajo su bandera y que su tripulación está compuesta por ciudadanos de Rusia, Ucrania y Georgia, lo que refuerza el carácter civil del buque, que viajaba vacío.

El reclamo de Moscú se produce en medio de una escalada de tensiones tras una operación militar contra el país sudamericano el 3 de enero, en la que fuerzas estadounidenses secuestraron al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa en Caracas, trasladándolos a Nueva York para enfrentar, sin pruebas, cargos relacionados con el narcotráfico. Esa acción ha sido ampliamente criticada por distintos países y actores internacionales por violar la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y la soberanía de Venezuela.

Las autoridades rusas advirtieron que el uso unilateral de la fuerza con el objetivo de controlar recursos estratégicos —como el petróleo— de otros Estados configura una seria amenaza al orden jurídico internacional.

El martes, la empresa rusa BurevestMarin había denunciado el intento de EE.UU. de interceptar el Marinera en el Atlántico Norte en medio de una tormenta.

«Nuestro buque civil, que no lleva carga a bordo y navega en lastre, está siendo perseguido desde hace tiempo por la Guardia Costera de EE.UU.», comunicó la compañía, agregando que, a pesar de los «repetidos intentos del capitán por comunicar la identidad y el carácter civil del buque con bandera rusa, la persecución continúa con la vigilancia aérea coordinada de aviones de reconocimiento P-8A Poseidon de la Armada estadounidense».

Desde agosto del año pasado, Estados Unidos ha intensificado una amplia campaña de presión política, económica y militar contra Venezuela, con el objetivo de debilitar a la nación y avanzar en el control de sus recursos naturales.

Diversas acciones desplegadas en el Caribe, incluyendo operaciones militares, bloqueos y confiscaciones, forman parte de una estrategia destinada a apropiarse de las riquezas energéticas del país sudamericano, en particular de su petróleo.