Escambray Periódico de Sancti Spíritus
La Policía Internacional (Interpol) rechazó un segundo pedido de emisión de difusión roja contra el expresidente Rafael Correa, por su presunto vínculo con la investigación del secuestro del político Fernando Balda.
La decisión se tomó a
pesar de que el sistema judicial envió como elementos para revisión de la
solicitud una declaratoria de prófugo y llamado a juicio para el exmandatario,
quien insiste en que el caso es parte de la trama de persecución política en su
contra y que también tiene como blanco a otros exfuncionarios de su Gobierno
(2007-2017).
Según volvió a constatar Interpol, no incluirá al ex jefe de Estado en la lista
de personas a localizar y capturar, con fines de extradición, porque no hay
causa que lo amerite.
Anteriormente, en diciembre pasado, la instancia ya había rechazado una acción
similar, encabezada por la jueza Daniella Camacho.
En su cuenta en Twitter, el abogado Alejandro Vanegas expresó: ‘INTERPOL vuelve
a poner en su sitio a Administracion de Justicia politizada en el Ecuador!!!’
El jurista consideró que Rafael Correa es un perseguido político, y también lo
son los dirigentes del Movimiento Revolución Ciudadana, liderado principalmente
por exmiembros de su gabinete.
Por su parte, Eduardo Franco Loor, representante legal del exvicepresidente
Jorge Glas, quien cumple prisión por presunta asociación ilícita en el caso de
corrupción de la empresa constructora brasileña Odebrecht, también se pronunció
sobre la decisión.
‘A nivel internacional CASO BALDA es visto en su real y auténtica dimensión: es
una vil e inicua persecución política contra @MashiRafael que constituye una
violación flagrante a sus derechos fundamentales. Interpol no interviene en
asuntos políticos. Ese proceso es una FARSA’, aseguró.
Las autoridades judiciales ecuatorianas y el propio Balda insisten en
responsabilizar a Correa como presunto autor intelectual del plagio ocurrido en
Bogotá, Colombia, en 2012, donde permanecía prófugo y pendiente de cumplir
sentencia.
El caso ya fue debidamente investigado y juzgado en el territorio vecino, lo
cual, para muchos, es indicativo de una clara judicialización de la política.
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Escambray / ISSN 9664-1277
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