Precios del agro: ¿tope de ciencia ficción?

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Malangas a 40 pesos la libra, guayabas a 10 y boniato a 35: no es una película de ciencia ficción; es el panorama de una venta forzosa en un punto de venta de la Agricultura Urbana en la ciudad cabecera, hecha por el grupo de enfrentamiento del municipio espirituano al amparo del acuerdo del Consejo de la Administración Municipal para topar precios del agro. El vendedor terminó en la primera unidad de la PNR, pues, además de intentar violar los precios, ofendió a la delegada de circunscripción que hizo valer los derechos del consumidor. Más allá de lo anecdótico, el suceso ilustra la realidad cotidiana y muestra cómo la especulación, la escasez, la ilegalidad y la inflación se cocinan en un mismo caldo.

Cuando la disposición llegó, el relajo ya tenía alas, mas se aviene con la necesidad de poner coto a los precios desbocados —de los que a veces ni el Estado se excluye—, ya que un día el arroz se cotiza a 150 pesos la libra y al otro se eleva a 180 y 200. De cumplirse el tope de precios, ciertamente, se podría aliviar el estrés cotidiano cuando los menguados ingresos no pueden llenar los platos.

Adoptado al amparo del Decreto No. 35 del 19 de marzo de 2021 del Consejo de Ministros “De la comercialización de productos agropecuarios”, que regula el proceso de comercialización mayorista y minorista de los mismos y faculta a los órganos locales a definir los destinos a contratar y los precios a partir de la propuesta de sus comités de contratación, el acuerdo intenta poner coto, al menos en papeles, a la tarifa de 40 renglones entre viandas, hortalizas, granos y frutas.

Así, por ejemplo, el plátano burro debe venderse a 10 pesos la libra y a 15 el plátano vianda, la malanga colocasia a 30, los frijoles negros a 138 y el resto de los colores a 150, el arroz a 72, la calabaza a 15, el mazo de media libra de cebolla Caribe a 45, el mango a 6…

Como ha sucedido con otros topes, la reacción de muchos vendedores no se hizo esperar: retirada de las mercancías, incluidas varias de la Plaza del Mercado y cierre de algunos puntos al considerar sus dueños que las cuentas no les dan. Mas, esa fue la ficción de la película. En el rodaje real se siguió vendiendo —y se vende— a escondidas para evadir a los inspectores como en el cuento del ratón y el gato. Solo que el “queso” lo pone el consumidor, que al necesitarlos debió —y debe— pagar hasta la “peligrosidad” de vender por la izquierda.

A poco más de un mes, al acuerdo le cuesta “sembrarse”. Lo sabe Carmen Quesada, que en el Camino de La Habana debió pagar 260 pesos por una libra de frijoles, o Erick Plasencia, que dio 30 por un solo plátano vianda en un portal de Jesús María, aun cuando ambos llevaban en sus celulares el listado de precios topados.  

Por estas y otras incongruencias indagué con Guillermo Hernández, viceintendente de Programas y Objetivos de Bienes y Consumo del Gobierno Municipal, si habían derogado el acuerdo. Y me confirmó su vigencia: “El tope es para todo el mundo. En otro momento se aplicaba la multa, pero se volvían a alterar los precios. Lo nuevo es que, además de la multa, se le aplica la venta forzosa en el lugar y se le puede rescindir el contrato. El trabajo es muy fuerte, pero las ilegalidades están a la orden del día. En la Feria Agropecuaria eliminamos la cadena informal que había dentro; aun quedan, pero el 70 por ciento se ha retirado, les demostramos que no traen productos, sino que allí los pasan de un lugar y otro y les aumentan valor. El fin de semana pasado aportamos 170 000 mazorcas de maíz tierno que se vendían a 15 y se pudo comercializar a 8 pesos. O sea, que con un proceso ordenado se pueden resolver cosas”.

El enfrentamiento, aunque tibio, se advierte. Datos aportados por Roylander Rabelo Nápoles, jefe del Grupo de Supervisión, dicen que en los primeros seis meses se aplicaron 594 multas por un valor de 1 958 500 pesos. En los primeros 11 días del mes de julio, las multas sumaban 28, con un monto de 88 500 pesos. Pero, por el tamaño del fenómeno, es muy poco. Baste revelar que en los primeros días del mes se notificaban apenas tres ventas forzosas de ajo y de guayaba. Por otra parte, de acuerdo con lo informado por la Dirección Integral de Supervisión, las medidas administrativas son, además de risibles, cosméticas: solo dos retiros de convenios para los infractores (vendedores), dos retenciones por siete días y una por 15, y nueve amonestaciones. 

Está claro que no es solo con multas que se resolverá el alza de los precios, tal como lo que reconoce Rabelo Nápoles, para quien las acciones deben adoptar más rigor con los reincidentes, quienes a fin de cuentas pagan las multas con las ganancias de las violaciones.

Más que las sanciones, el tope de precios necesita de una inyección productiva, cuando la escasez y los calderos vacíos se la ponen difícil a la ley; inyección que no se manifiesta en el país por la carencia de recursos e insumos de todo tipo y el incremento de las tarifas de estos y de la mano de obra, lo cual incide en el alza de los costos y presupone que ya desde el campo los renglones vengan subidos de tono en cuanto a tarifas.

Por otro lado, en el surco se siembra y se produce menos que ayer, a pesar de que, según Guillermo, el tope toma en cuenta las fichas de costo y la carestía de recursos. Es verdad también que por la letra del Decreto No. 35, que flexibilizó la comercialización, cada cual ha vendido a cuanto le parece y que una cadena de intermediarios eleva de mano en mano los precios.

Para garantizar el pollo de este arroz, al amparo de la Ley de Soberanía Alimentaria, se sueña: “No es un camino rápido, pero es un paso sólido, tanto en lo productivo como en las contravenciones fuertes —sostiene Guillermo—, para que los precios bajen tiene que haber un grupo de acciones que terminen en la producción, por eso tenemos una estrategia de rescate de tierras, definición de productores líderes, con programas de siembra y producción de acuerdo con las demandas de los espirituanos, es comida comprometida que va para las placitas”.

Mientras llegue —si llega— esa reanimación que no está a la vuelta de la esquina, el orden y el control de lo que en realidad aquí se produce parece ser la vara más a mano para que lo topado mitigue las urgencias de la mesa.

Algunas medidas ya aplicadas antes intentan borrar distancias: “Reordenamos el proceso desde el campesino hasta quien comercializa, contamos con 264 trabajadores por cuenta propia, incluidos carretoneros, carretilleros —acota Guillermo—, enfrentamos a todos, pero sobre todo a quienes no justifican de dónde sacan las producciones, que es donde se concentran las violaciones. El programa de la Agricultura Urbana tiene 72 puntos de venta, pero oficialmente le tributan 21, eso también lo ordenamos, porque no todo lo que venden sale de ese movimiento y mientras más intermediarios se eliminen, menos cadena de valor se le aplica al precio”.

Tales confirmaciones evidencian que la inacción pululó mientras los precios subían y ahora hacen más difícil el tope, pero más vale tarde que nunca. Por la cantidad de organismos (casi una veintena) que integran el grupo de enfrentamiento, debían verse más los efectos.

En medio de todo, está la gente, que no siempre tiene en sus manos la información sobre esos precios y se entera en los puntos de venta, en muchos de los cuales no se ha desterrado la práctica de un precio en la pizarra para el inspector y otro en la concreta para el consumidor.

La mayoría no hace lo que Delia Calderón, quien va a comprar boniatos a la Plaza del Mercado con el listado oficial en su celular ante un ofuscado vendedor. La mayoría tiene la mismas pregunta que esta comentarista: ¿no será esta una racha más de operativos y recorridos, tras los cuales vuelven los precios a irse de control?