Escambray Periódico de Sancti Spíritus
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos arrestó a casi 50 mil personas en julio, la cifra mensual más alta durante el segundo gobierno del presidente Donald Trump.
Los datos muestran que el gobierno sigue impulsando su agenda de deportaciones masivas, pese a un cambio de enfoque a principios de este año: pasó de operativos de alto perfil en grandes ciudades a arrestos más discretos, señaló la agencia de noticias estadounidense Ap.
La cifra de 49 mil 571 arrestos en julio representa un salto de 15 por ciento frente a los 43 mil 21 del mes anterior y un incremento de 70 por ciento respecto de los 29 mil 241 de febrero tras las ofensivas en Minesota, según datos gubernamentales que el ICE proporcionó al Deportation Data Project (Proyecto de Datos de Deportación) de la Universidad de California en Berkeley que fueron analizados por la agencia Ap.
Los arrestos migratorios del mes previo a la juramentación de Trump rondaban por encima de 8 mil, una cifra compuesta en gran medida por inmigrantes trasladados desde cárceles y prisiones municipales o estatales y entregados al ICE para expulsarlos del país.
Durante el primer año de gobierno del republicano en su segundo mandato, las cifras empezaron a subir a medida que el gobierno flexibilizó las normas sobre dónde y a quién podía arrestar el ICE, e inyectó miles de millones de dólares a la agencia.
El número de arrestos saltó a más de 40 mil 177 en diciembre, según los datos que se obtuvieron mediante una demanda amparada en la Ley de Libertad de Información.
Tras las protestas y denuncias por las muertes de manifestantes en Minesota en enero, los arrestos comenzaron a caer hasta casi 30 mil en febrero. Después de mantenerse estancadas durante meses, las cifras subieron en junio a más de 43 mil y luego a poco más de 49 mil 500 en julio.
En este contexto, el Departamento de Justicia estadunidense presentó una demanda contra una nueva norma del tribunal municipal del condado de Franklin, en Columbus, Ohio, que impide a los funcionarios federales arrestar a extranjeros en el juzgado o sus inmediaciones, al acusar a los funcionarios locales de interferir ilegalmente con la aplicación de la ley federal y de obligar a los agentes del ICE a realizar detenciones en entornos potencialmente más riesgosos.
El problema radica en una norma del tribunal municipal del condado de Franklin que prohíbe los arrestos civiles en el juzgado a menos que los agentes cuenten con una orden judicial.
El Departamento de Justicia argumenta que la norma entra en conflicto con la ley federal de inmigración, la cual permite a los agentes del ICE, en ciertas circunstancias, realizar arrestos con órdenes administrativas o sin ninguna instrucción judicial.
La administración Trump suspendió las solicitudes de visa de inmigrante en todo el mundo para facilitar una “capacitación exhaustiva” para los funcionarios consulares, con el fin de descartar a las personas que se considera que probablemente necesiten asistencia estadunidense.
Escambray / ISSN 9664-1277
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