Escambray Periódico de Sancti Spíritus
La tarde caía sobre el bulevar cuando un hombre de unos 60 años, apoyado en el marco de la puerta de uno de los puntos de venta privados, contaba billetes arrugados con manos temblorosas. “Esto es lo único que me queda después de hacer dos colas”, dijo sin levantar la vista. Detrás del mostrador, la dependienta negaba con la cabeza: no aceptaba tarjetas.
El hombre pagó, guardó su compra y se perdió entre el gentío. Minutos después, la misma dependienta confesaba a este periodista: “Si yo aceptara transferencias, no podría reponer la mercancía. Mi proveedor me pide dólares, y los dólares se compran en la calle, con efectivo”.
Esta escena, vivida en primera persona en un recorrido por Sancti Spíritus, condensa una contradicción que desborda los límites de lo económico para instalarse en el centro de la vida cotidiana de los espirituanos.
El proceso de bancarización, presentado como una herramienta de modernización y control, se ha convertido en un laberinto del que pocos encuentran la salida. Y en ese laberinto, los más vulnerables —ancianos, amas de casa, pequeños emprendedores— quedan atrapados entre la norma que obliga y la realidad que estrangula.
Para constatar la realidad tuvimos la oportunidad de visitar otros bancos de la ciudad al día siguiente.
La fila comienza a formarse mucho antes de que el sol despunte sobre la ciudad de Sancti Spíritus. Mirta, una jubilada de 74 años, sostiene su bastón con una mano y un manojo de documentos en la otra. Lleva dos horas esperando frente al cajero automático en Bandec, cerca del centro de la ciudad.
Cuando por fin le llega el turno, la trabajadora de la sucursal —una muchacha muy amable— le devuelve un mensaje implacable: “Solo puede sacar hoy 1 000 pesos”. Detrás de ella, un joven le ofrece un “servicio”: por 1 000 pesos adicionales, él le guarda el lugar en la cola o le adelanta el turno. Mirta se niega y vuelve a casa, resignada, con la misma cantidad de dinero con la que salió.
Esta es solo la punta del iceberg de una paradoja que no encuentra su salida en la economía local y contradice el propósito de la bancarización. En Sancti Spíritus, el intento de modernizar las transacciones choca de frente con una realidad de escasez, informalidad y, sobre todo, de una desconfianza que se ha vuelto estructural.
En teoría, la normativa cubana es clara y ha sido reforzada en los últimos meses: las transacciones entre personas jurídicas (empresas privadas y estatales) y la población (como persona natural) deben realizarse, preferentemente, mediante transferencias bancarias o pagos con tarjeta. El objetivo declarado es reducir la circulación de efectivo, facilitar el control fiscal y avanzar hacia la digitalización.
Sin embargo, la realidad en el terreno impone sus propias reglas. Al preguntar en cualquier pequeño comercio o punto de venta de alimentos, la respuesta suele ser la misma: “Solo efectivo”. ¿La razón? No se trata de una resistencia tecnológica ni de un capricho. Es la consecuencia de una cadena perversa que los propios emprendedores explican con crudeza.
A ello se suman otras excusas: la tarjeta ya está bloqueada, la mitad en efectivo y la otra por transferencia, un porciento extra si es por transferencia…
Para que un negocio privado pueda adquirir sus productos en el mayorista, necesita hacerlo, en gran medida, en divisas (dólares estadounidenses o euros). El problema es que esas divisas no se obtienen en las ventanillas bancarias al cambio oficial, sino en el mercado informal, donde el tipo de cambio se dispara día a día.
Para comprar esos dólares o euros en la calle, el emprendedor necesita una gran cantidad de efectivo en pesos cubanos. Y aquí surge el primer cuello de botella: el banco no expide suficiente efectivo. En los cajeros automáticos tienen establecido un límite máximo de extracción con representantes de las sucursales de 1 000 pesos (a veces más, otras menos), una cantidad irrisoria ante los altos precios de las mercancías que impactan directamente sobre la economía.
Atrapado entre la espada y la pared, el cuentapropista se ve obligado a exigir el pago en efectivo a sus clientes. Necesita el billete físico para poder operar en la economía sumergida que, aunque ilegal, es la única que garantiza el acceso a las materias primas.
Aquí entra en juego otro tema: la exigencia en específico de billetes, en el mejor de los casos, a partir de los 50 pesos. En otros lugares, la cifra comienza en 100 e, incluso, en billetes de 200 pesos
El sistema, diseñado para fomentar la bancarización, termina ahogando al emprendedor y empujándolo a la informalidad.
Y mientras los espirituanos hacen malabares para conseguir efectivo, los precios de los alimentos se disparan sin freno. La inflación, alimentada por la escasez de oferta y la elevada masa monetaria en circulación, convierte cada visita al mercado en un suplicio.
Un paquete de pasta que ayer costaba 150 pesos, hoy puede valer 350. La leche, el pan, la carne… todo aumenta, y el salario o la pensión, anclados en cifras que no se actualizan al ritmo del dólar informal, pierden valor minuto a minuto.
En este contexto, la figura del “turnero” en los cajeros automáticos emerge como una carga más para el bolsillo y se convierte un negocio privado al margen de la ley.
Es el reflejo de una economía donde la necesidad de efectivo es tan extrema que la gente está dispuesta a pagar por el simple derecho a esperar para sacar su propio dinero.
Lo más preocupante del fenómeno no es solo su existencia, sino la falta de soluciones. En otras oportunidades, este periódico y otros medios locales han alertado sobre la contradicción entre la política de bancarización y la realidad del terreno. Se han señalado los problemas de liquidez, la escasez de efectivo y el florecimiento del mercado informal de divisas.
Sin embargo, las acciones por parte de las entidades encargadas de regular y controlar el fenómeno no son notables. No se perciben medidas contundentes para aumentar la liquidez en los cajeros, para perseguir a los oportunistas que lucran con la desesperación, o para fiscalizar a aquellos negocios que, obligados por la necesidad, operan al margen de la ley.
Es cierto que se han llevado a cabo acciones puntuales para frenar este tipo de situación, pero los encargados del control parecen observadores pasivos —según el criterio de las propias personas que viven el fenómeno día a día— de un circuito que se retroalimenta: a menos efectivo en bancos, más mercado informal; a más mercado informal, menos control; a menos control, más inflación.
Hay un segmento poblacional donde es aún mayor el impacto. Personas mayores que no manejan billeteras móviles, que no confían en las tarjetas o que simplemente no tienen a quién pedir ayuda, deambulan de cajero en cajero. “Yo no entiendo de transferencias ni de aplicaciones”, confesaba un anciano en el centro de la ciudad. “Yo lo que necesito es mi dinero en la mano para poder comprar el pan. Pero el banco no me lo da”.
La paradoja de Sancti Spíritus es un espejo de la macroeconomía cubana. Se legisla una obligación (el pago por transferencia), pero la realidad material (la falta de efectivo y la dolarización implícita de la oferta) impone una necesidad que contradice la norma.
La paradoja de Sancti Spíritus nos obliga a preguntarnos: ¿es la bancarización un fin en sí mismo o un medio para mejorar la vida de los ciudadanos? Si el proceso termina excluyendo a los más vulnerables, alimentando la informalidad y profundizando las desigualdades, algo está fallando en su implementación.
No se trata de demonizar la tecnología ni de oponerse al control fiscal, sino de reconocer que, en contextos de escasez y desequilibrios profundos, las soluciones técnicas no pueden ignorar las realidades humanas.
Mientras los emprendedores sigan teniendo que comprar divisas en el mercado informal para reponer sus mercancías, y mientras los bancos no puedan proveer el efectivo necesario para ello, el círculo vicioso seguirá intacto.
La norma dirá que se debe pagar con tarjeta, pero la necesidad obligará a pagar en efectivo. Y en esa brecha entre lo legal y lo posible, la economía local se desangra, la inflación galopa y ciudadanos como Mirta siguen esperando, con su bastón y su paciencia, un turno que quizás nunca llegue para obtener lo que, por derecho, es suyo.
Escambray / ISSN 9664-1277
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