Escambray Periódico de Sancti Spíritus
El gobierno cubano ha anunciado este jueves una modificación sustancial de su política de tenencia y asignación de tierras, con el objetivo de dinamizar la producción agrícola nacional y reducir los altos índices de ociosidad en el sector. La medida, confirmada por el vice primer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca, introduce cambios estructurales en el marco normativo que regula la entrega de tierras en usufructo, eliminando restricciones históricas y agilizando los procedimientos burocráticos.
Una de las modificaciones centrales radica en la derogación de los límites máximos de hectáreas y plazos fijos que regían hasta ahora la concesión de tierras. La nueva regulación establece que la superficie asignada será determinada en función del proyecto productivo presentado por el solicitante y su alineación con los programas priorizados por el Estado, eliminando el anterior «corsé» de extensiones predefinidas. No obstante, las autoridades han sido enfáticas en que no se autorizarán nuevas adjudicaciones a aquellos titulares que mantengan parcelas previamente asignadas sin explotar productivamente.
El proceso administrativo, tradicionalmente caracterizado por su lentitud y complejidad, ha sido comprimido de manera significativa. Las empresas del Sistema de la Agricultura, en coordinación con las cooperativas, están facultadas para llevar a cabo la entrega directa de las parcelas, con un tiempo estimado de resolución que no excederá los 15 a 20 días hábiles, en contraste con los meses o años que demandaba el trámite anteriormente.
La normativa diversifica el perfil de los actores económicos habilitados para acceder a la tierra. Quedan incluidos en el nuevo espectro:
- Trabajadores por cuenta propia y Mipymes.
- Empresas mixtas y capital inversionista extranjero.
- Ciudadanos cubanos residentes en el exterior, siempre que mantengan su ciudadanía efectiva.
La administración subraya que la convocatoria está abierta a todos los agentes económicos, sin distinción de sectores, siempre que el fin sea la producción de alimentos o la exportación.
Con el fin de otorgar seguridad jurídica a los productores, el nuevo paquete legislativo contempla la heredabilidad de las tierras entregadas en usufructo, extensiva a los emigrados. Asimismo, se amplía el porcentaje de superficie destinada a «bienhechurías» (mejoras e infraestructuras fijas) hasta un 5% del total de la parcela. En un movimiento clave para fomentar el arraigo, se establece que, tras un período mínimo de cinco años con resultados productivos positivos, la vivienda construida por el productor pasará a ser de su propiedad plena.
En materia de controversias, el Ministerio de la Agricultura ha dispuesto su desvinculación de los conflictos sucesorios o legales. Estas disputas serán dirimidas exclusivamente en las direcciones municipales y provinciales de Justicia y ante los tribunales ordinarios, con el objetivo de garantizar transparencia y apego a la legalidad.
En el caso de las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA), que ostentan propiedad privada, la decisión sobre la asignación y posible extinción del usufructo recae en la asamblea de socios. Pablo Palermo, presidente de una Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS), valoró positivamente la reforma: «La cooperativa conoce a su mejor productor y quién es apto para la tierra. Nuestra participación tanto en la concesión como en la posible extinción por indisciplina es el avance más significativo; es una lucha que hemos librado durante años».
En su intervención, Tapia Fonseca realizó un diagnóstico severo de la situación actual, calificando la tierra ociosa como el principal lastre para el desarrollo agropecuario. “Si no incrementamos la producción y no logramos una mayor presencia de mano de obra en el campo, no habrá avance posible”, sentenció el vice primer ministro.
Con esta batería de medidas, el gobierno cubano aspira a inyectar un nuevo impulso al sector agrícola. La efectividad de la reforma, no obstante, quedará supeditada a la materialización de los proyectos productivos y a la capacidad de los nuevos actores para capitalizar los incentivos jurídicos y operativos dispuestos en la nueva regulación.
Con información de Razones de Cuba
Escambray / ISSN 9664-1277
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