Procedimiento agotado

Raquel Maité Torres Guerra, vecina de Dalias s/n, en Yaguajay, y actualmente desempleada, remitió a nuestro espacio una misiva en la que da cuenta de su inconformidad con la medida disciplinaria que le fue impuesta en la Unidad Empresarial de Base Venegas, perteneciente a la Empresa Porcina Sancti Spíritus. Relata

Raquel Maité Torres Guerra, vecina de Dalias s/n, en Yaguajay, y actualmente desempleada, remitió a nuestro espacio una misiva en la que da cuenta de su inconformidad con la medida disciplinaria que le fue impuesta en la Unidad Empresarial de Base Venegas, perteneciente a la Empresa Porcina Sancti Spíritus. Relata que se desempeñaba en dicha unidad como Especialista en Gestión Económica y el 28 de enero de 2014, al término de de una visita de control interno, fue separada definitivamente de la entidad.

Agrega que presentó recurso de apelación ante la autoridad facultada y al declararse este Sin lugar apeló al procedimiento de revisión ante el Ministerio de la Agricultura, el que fue declarado igualmente Sin lugar. “Acto seguido solicito asesoramiento por un letrado, el que una vez conocidos los hechos observó un quebrantamiento de la legalidad (…), ya que se me sanciona por el Decreto Ley No. 197/99, por considerar la administración que me desempeñaba como funcionario, lo cual era incorrecto, ya que nunca se me notificó tal nombramiento”, refiere.

Según relata la lectora, en enero de 2015 se dirigió a la Fiscalía General de la República, que trasladó el caso para su homóloga provincial. Allí le respondieron que no avizoraban violación de la legalidad. Tras presentar queja ante el Comité Provincial del Partido, en dicha institución le ratifican: “no le corresponde a la Fiscalía realizar nuevo análisis del tema, pues el proceso se agotó y contra ello no cabe recurso alguno”, dictamen que no le complace.

Escambray conversó con Barbarita Pacheco Fonte, fiscal jefa provincial, y con Belkis Monteagudo Muñoz, fiscal provincial del Departamento de Protección a los Derechos Ciudadanos, quienes coincidieron en subrayar que el tipo de medida impuesta a la promovente no es susceptible de reclamación en la vía judicial, al serle aplicada a funcionarios y directivos. Agregaron que, según se pudo comprobar, ella sí fue nombrada en el cargo (Especialista C en Gestión Económica), hecho que está avalado por el correspondiente movimiento de nómina y por el salario que devengaba en sus funciones.

Delia Proenza

Texto de Delia Proenza
Máster en Ciencias de la comunicación. Especializada en temas sociales. Responsable de la sección Cartas de los lectores.

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