—¿Quién es el último de los impedidos físicos?, preguntó un hombre de apenas 50 años, sin cojera alguna ni el menor síntoma de enfermedad o decadencia, ante la cola kilométrica que había nacido desde la noche anterior frente a las puertas desabastecidas de la farmacia.
Con cara de pocos amigos se cruzaron miradas entre quienes esperaban y enseguida nació el murmullo por las dudas: que si los discapacitados no son tales y se inventan esa condición para colarse; que en muchos casos ni portan un carné identificativo, hacen uso indebido de este o presentan alguno falso; que si le compran a medio barrio y algunas familias se aprovechan de su condición para entrar primero cuando otros miembros sanos del hogar pudieran asumir estos mandados; o de dónde salen tantos limitados cuando llegan los medicamentos, el gas, las papas a la placita o los domingos a la Feria.
Durante los últimos tiempos cuando, lamentablemente, la crisis económica anda de la mano de la crisis de valores, no pocas veces escuchamos en cualquiera de las tantas esperas que marcan la rutina de los espirituanos, comentarios airados sobre la prioridad que deben tener o no en esas filas las personas con discapacidad.
Recientemente, el lector Rolando Valdivia González dirigió una carta a la Redacción de Escambray, donde solicitaba abordar este asunto en el cual abunda la tela y algunas dudas por donde cortar, por ejemplo, con relación a ciertos pillos o en realidad confundidos que se aparecen con un carnet de diabético, documento que no valida discapacidad alguna, sino solo identifica a su portador con una enfermedad por si, en algún momento de crisis, requiere determinada asistencia.
Hoy, en la provincia aparecen oficialmente registrados alrededor de 3 000 miembros de la Asociación Cubana de Limitados Físico Motores, aunque el término discapacitado también incluye a los afiliados de las asociaciones de sordos, de ciegos y débiles visuales y de las personas con limitaciones intelectuales.
Según la presidencia de la Aclifim aquí, aunque a muchos de sus miembros se les observa a simple vista la limitación, vale aclarar que —luego de un riguroso proceso—, esa organización solo la integran los niños que nacen con parálisis braquial obstétrica y la enfermedad de Perthes. Además, personas con ataxia, Parkinson, esclerosis múltiple; con amputaciones por diversas causas, artritis reumatoide deformante, entre otros padecimientos invalidantes.
De acuerdo con lo establecido, estos cuentan con un respaldo legal para garantizar su protección como parte de una obligación del Estado, la sociedad y las familias. En consonancia con esta política, en el 2021 se adoptó el Acuerdo 9040 del Consejo de Ministros de Cuba, por el cual se creó la comisión nacional para el seguimiento y monitoreo de la aplicación aquí de las disposiciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Rectorada por la Dirección de Trabajo y el Gobierno en cada territorio, se encuentra integrada, además, por representantes de varios ministerios, organismos y organizaciones, quienes se reúnen periódicamente para evaluar y proponer soluciones a las dificultades que se presenten con este segmento.
Ya con sentido práctico, en materia de esas angustiosas y recurrentes colas que hoy padecemos por doquier, se encuentra establecido que compran tres personas sin alguna de estas limitaciones y un discapacitado, previa presentación de sus carnés de asociado e identidad al vendedor, quien debe verificar la autenticidad de estos documentos.
Pero, sucede que en muchas ocasiones ni los dependientes ni las administraciones de la mayoría de los centros toman cartas en este asunto y, no pocas veces, algunos listos u oportunistas les pasan gato por liebre.
En este tema, vale esclarecer que el carnet de discapacitado se entrega de acuerdo a los requisitos y protocolos de cada Asociación, a través de una comisión que valora las particularidades del solicitante; que la discapacidad debe ser evidente y permanente; y que solo faculta el beneficio para su portador, no para el resto de la familia, amigos o conocidos.
En estos momentos, la Aclifim se ocupa y preocupa por esta problemática, con la visita a algunos de los centros donde se concentran las mayores colas para poner los puntos sobre las íes a esas administraciones en relación, por ejemplo, con que los encamados y ancianos no clasifican en la categoría de discapacitados, sino como vulnerables y en esos casos deben colegiar su estatus y prioridad a través de los trabajadores sociales.
Además, ha recorrido varios puntos para la venta del gas licuado en la ciudad espirituana, donde ya se han establecido algunos ajustes con el fin de establecer días específicos para la compra de este combustible por los miembros de esas asociaciones de discapacitados, con sus particularidades en cada Consejo Popular.
Por otra parte, en el caso de aquellos pocos limitados que no pueden asistir presencialmente a realizar sus compras, la Aclifim emite una carta que reconoce a un familiar para que adquiera, fundamentalmente, los medicamentos, siempre después de las personas con invalidez que lo precedan.
Para ordenar el asunto resulta fundamental la acción de las administraciones de estos lugares de gran demanda para sus producciones y servicios, quienes deben mantener la exigencia de que cada incapacitado presente sus documentos identificativos con vistas a generar organización y disciplina.
Pero tampoco puede pasarse por alto la sensibilidad humana, ya sea con los discapacitados o los vulnerables, en un escenario de envejecimiento poblacional y donde aún falta mucho por ganar en cultura y educación en relación con estos segmentos, quienes por su condición merecen todo el respeto y necesitan, quizás como nadie, que se les brinde una mano, un hombro donde apoyarse.
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