Impugnarán proceso electoral en Honduras

El presidente del Parlamento de Honduras, Luis Redondo, reiteró este jueves que hubo un golpe electoral en el que está implicado el Consejo Nacional Electoral (CNE), que declaró un presidente sin revisar todas las actas, y afirmó que el Poder Legislativo está listo “para proceder conforme a la Constitución de la República a realizar todo lo necesario para efectuar el escrutinio y posterior declaratoria”.

“Nosotros sí vamos a revisar las 19 167 juntas receptoras de votos y contar voto por voto en el proceso de escrutinio, para que verdaderamente se respete la voluntad popular. El pueblo tiene el derecho a conocer qué metieron en cada una de esas juntas receptoras de votos”, enfatizó el presidente del Parlamento hondureño. Anteriormente, el CNE descartó realizar un conteo voto por voto, alegando que las normas no lo permiten.

De los tres miembros que integran el pleno del CNE, dos afirmaron que el derechista Nasry Asfura, del Partido Nacional, es el ganador del evento, pero el tercero, Marlon David Ochoa, consejero secretario, se opuso, y aseguró que “aquí se consumará un golpe de Estado electoral” porque, adujo, se busca declarar a un ganador sin que termine el escrutinio especial, al que le faltan por revisar 335 de las casi 2800 actas con inconsistencias.

“No puedo ni debo participar en la comisión de un acto que viola las leyes de la República y el debido proceso y, por tanto, constituye delito. Hacerlo me convertiría en cómplice por acción u omisión. Aquí se consumará un golpe de Estado electoral que lesiona y ofende gravemente la integridad del sufragio, la soberanía popular como base del orden democrático”, aseguró Ochoa.

El consejero secretario del CNE indicó que presentará una denuncia ante el Ministerio Público para solicitar de “manera urgente la investigación integral y el aseguramiento de las evidencias de lo que evidentemente es resultado de asociación ilícita en perjuicio del pueblo hondureño”.

En sintonía con las declaraciones de Ochoa y Redondo, Manuel Zelaya, expresidente de Honduras y coordinador general del gobernante Partido Libertad y Refundación, también calificó la propuesta de declaratoria del CNE como un paso hacia un “golpe de Estado electoral”.

“Se está violentando de manera flagrante la Constitución, la ley electoral y el principio democrático. El CNE pretende dar por aprobado de facto un informe administrativo de la Secretaría General para cancelar el escrutinio especial presidencial, sepultando la verdad electoral y usurpando funciones que no le corresponden”, dijo Zelaya.

Por su parte, Salvador Nasralla, del también derechista Partido Liberal, quien de manera reiterada se ha posicionado a favor de un conteo voto por voto, pidió que “cuenten los votos” y que extiendan el periodo para dar a conocer la declaratoria hasta el 10 de enero.

“Si no lo puede decidir el CNE, algún diputado honesto debe pedirlo en el Congreso”, añadió el candidato presidencial del Partido Liberal.

Aseguró que faltan por revisar “más de dos millones de votos”. Pese a la ventaja mínima de Asfura sobre Nasralla, el CNE, sin acabar el conteo de votos, se precipitó al proclamarlo  presidente, no obstante reconocer que al menos 14.5% de las actas presentan inconsistencias y tendrían que haberse revisado antes del anuncio oficial, previsto para el 30 de diciembre.

Según los datos de la página web del CNE, Asfura obtuvo el 40,26% de los votos y se impuso a Salvador Nasralla, del también conservador Partido Liberal con el 39,54%.

De acuerdo con la resolución del CNE, Asfura sumó 1 479 822 votos, Nasralla 1 452 796 y la aspirante del gobernante partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, 705 428 sufragios (19,19%).

APOYO DE LA REACCIÓN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con tomar represalias si le restaban votos e impedían la victoria de su candidato Asfura, todo enmarcado en un sainete reaccionario con el indulto trumpista al expresidente Juan Orlando Hernández quien cumplía una condena de 45 años de prisión por narcotraficante, además de amenazar con cortar las remesas que deben recibir los hondureños a partir de este mes.

Por ello, tras la proclamación de Asfura, más conocido por “Tito” o “Papi, a la orden”, la primera felicitación fue la de Estados Unidos, mediante su canciller, Marco Rubio.

A ello siguieron la declaración conjunta de apoyo de ocho gobiernos latinoamericanos de derecha: Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá y Costa Rica.

Además, el proceso fue santificado por nada confiables consejeros de la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea. 

LO QUE RESTA

El legislativo hondureño se enfrenta a trabas interpuestas por la derecha y elementos adscriptos a la judicatura que aseguran la imposibilidad de que se produzca el conteo voto por voto.

El reclamo actual de “voto por voto” no surge en el vacío. Responde a una combinación de factores: fallas técnicas, retrasos en la transmisión de resultados, desconfianza acumulada en el órgano electoral y una percepción generalizada de opacidad.
          
Sin embargo, constitucionalistas consultados advierten que la legalidad no siempre coincide con la legitimidad percibida. La ley permite impugnaciones, revisiones administrativas y judiciales, e incluso anulaciones en casos extremos, pero no habilita automáticamente un conteo físico generalizado sin reformas o decisiones extraordinarias de alto nivel institucional.

“La gran tensión es esta: el sistema fue diseñado para tiempos normales, no para crisis de confianza estructural”, señala un analista electoral independiente. “Cuando la desconfianza es masiva, la ley se queda corta frente a la demanda social”.

Desde el punto de vista estrictamente legal, un recuento voto por voto solo sería posible bajo escenarios excepcionales: anulaciones específicas, resoluciones judiciales firmes o reformas al marco normativo. Ninguna de estas opciones es inmediata ni sencilla, y todas implican costos políticos, jurídicos y de gobernabilidad.

No obstante, expertos coinciden en que la discusión no es inútil. Por el contrario, revela una grieta estructural del sistema electoral hondureño: su incapacidad para generar confianza en contextos de alta polarización.

Más allá del reclamo: el debate que Honduras no puede seguir postergando. El debate sobre el voto por voto no se agota en si es posible hoy. La pregunta de fondo es otra: ¿está preparado el sistema electoral hondureño para responder a una ciudadanía que ya no confía solo en actas y comunicados oficiales? 

Cuando una elección termina y la mitad del país sigue dudando, el problema ya no es solo jurídico: es democrático.